Revista SEMANA obtuvo cientos de horas de grabación que reposan en la Comisión de Acusaciones del Congreso y que contienen comprometedoras conversaciones que salpican a algunos generales del Ejército y a varios tenientes coroneles y coroneles. En las conversaciones, que se desarrollan en los años 2012
y 2013, se hacen referencias explícitas a la asignación de millonarios contratos de diferentes unidades militares donde se habla de mordidas de hasta el 50 por ciento.
En los audios queda claro que son muchos los contratos amañados y asignados ‘a dedo’. También hay evidencia de que se obtienen mediante el uso de información privilegiada que permitiría conocer de antemano pliegos de licitaciones, como el plan de compras de varias unidades del Ejército. En todos los contratos que aparecen en las grabaciones, el común denominador son millonarias ‘tajadas’ que se reparten en varias manos. Algunos de los beneficiados de esos contratos –que serían avalados por algunos generales– son altos oficiales, condenados y sindicados por los llamados falsos positivos, que están recluidos en el Centro de Reclusión Militar (CRM) de la PM 13.
Uno de los protagonistas a través del cual se empezó a desenredar esta red de corrupción es el coronel Róbinson González del Río, quien se hizo tristemente célebre el año pasado cuando Noticias Uno reveló unas conversaciones que no lo dejaban bien parado, entre él y el destituido magistrado de la Judicatura, Henry Villarraga.
En los audios obtenidos por SEMANA, el coronel González se encarga de cuadrar los contratos con generales y coroneles y organiza los pagos a los subalternos presos por falsos positivos con el fin de mantener su silencio. Las conversaciones demostrarían que parte del dinero de los contratos se queda en manos de algunos altos oficiales, otra va a parar a los bolsillos de coronel González del Río y otros detenidos de diferente rango. No menos sorprendentes resultan algunas conversaciones en donde, desde la prisión militar colombiana, se habla de realizar negocios con generales del Ministerio de Defensa de Ecuador o contratistas venezolanos con fines non sanctos.
La red de corrupción no se limita a los grandes contratos. También les saca grandes comisiones a los dineros que el Ejército les gira a las guarniciones militares para su funcionamiento. Con el aval de los comandantes de unas diez unidades, una gran parte del presupuesto para la gasolina de los vehículos militares se desvía, e incluso se consigna en las cuentas personales de varios oficiales presos. Tiquetes aéreos destinados para el uso del personal militar en varios batallones también son desviados para que sean utilizados por los abogados de los detenidos por falsos positivos. En las grabaciones se muestra cómo hasta los vehículos oficiales del Gaula militar y el alojamiento en casinos e instalaciones militares para los defensores de los detenidos se utilizan de manera irregular.
En 2011 y 2013 SEMANA denunció los privilegios con los que contaban algunos de los detenidos por los llamados falsos positivos en la cárcel de Tolemaida y la PM 13. En las dos oportunidades los militares anunciaron investigaciones, sanciones y correctivos. En estos audios, queda claro que las prebendas siguieron y las irregularidades llegan a niveles escandalosos.
Pese a estar sindicado por el presunto homicidio de dos campesinos que presentó como guerrilleros dados de baja en combate, el coronel González era uno de los ejes del tinglado. Además de ser una de las piezas clave de esta red, contaba con dos soldados activos que estaban a su disposición y la de su familia las 24 horas del día. Contaba también con vehículos oficiales para sus traslados en Bogotá y fuera de la capital a pesar de estar detenido. El tema era tan descarado, que el coronel tenía el visto bueno de los directores del penal, ya que, como consta en los audios, se encontraba permanentemente por fuera de la cárcel. O estaba en su casa, o en diligencias personales, o averiguando un penthouse para comprar, o incluso se dio el lujo de salir de la cárcel en carro oficial con toda su familia a pasar tres semanas de ‘vacaciones’ en diciembre de 2012.
Estar detenido y sindicado de un grave crimen tampoco fue un impedimento para conversar con uno de sus subalternos que le ofrece fusiles para vender o tramitar la compra de pistolas. Lo que no deja de sorprender es que generales, comenzando por el actual comandante general de las Fuerzas Militares, Leonardo Barrero, conversan amistosamente por teléfono con el detenido coronel González del Río. No son pocos los favores que estos y otros altos oficiales le hicieron al sindicado coronel. Incluso el general Barrero en tono afectuoso le recomienda “no dejarse joder de esos hp fiscales (que lo investigan) y armarse como una mafia para denunciarlos (con los demás presos).
Las conversaciones del coronel González tienen implicaciones y alcances insospechados. El coronel menciona como intermediarios y ‘padrinos’ a casi una docena de generales. Si bien algunos podrían argumentar que se trata de un avivato que utiliza el nombre de sus superiores para conseguir contratos o favores, la naturaleza de las conversaciones, los contactos que tiene al más alto nivel, y el hecho de que varios contratos aparentemente sí habrían contado con el aval de generales muestran que este episodio puede ser toda una caja de Pandora. No menos comprometedora es la situación de un numeroso grupo de tenientes coroneles y coroneles que conscientemente se prestan para saquear las arcas de sus batallones y unidades, como queda consignado en las grabaciones.
Lo más inquietante es quizá que lo que hace González, y está documentado en horas de grabaciones, no es un caso aislado. El suyo es la muestra de una práctica mucho más generalizada, que involucraría a otros altos mandos presos detenidos en cárceles militares, principalmente la PM 13, pero que termina con ramificaciones que se extienden a altos oficiales del Ejército. El asunto no es desconocido, pues algunas de las investigaciones por casos de corrupción no han avanzado en la Inspección del Ejército. Otros casos están en expedientes de los organismos de control, como la Contraloría y la Procuraduría.
Estas grabaciones, más allá de la gravedad y el alcance e su contenido, dejan varios temas sobre el tapete. Lo primero es que una cosa son los actos de corrupción de un grupo de personas y otra muy distinta el respeto a la institución militar. Lo que queda claro con la revelación de estos audios es que los primeros damnificados por estos hechos irregulares son los soldados rasos, sus subsidios, sus viáticos, sus equipos de campaña, la gasolina de sus vehículos, los repuestos de los helicópteros –y la seguridad aérea de los mismos–. Así mismo, cientos de miles de soldados y la imagen de un Ejército que ha librado batallas históricas en favor de los colombianos.
Lo segundo es que la mejor manera de fortalecer la credibilidad y legitimidad de la institución del Ejército es castigar drásticamente los abusos y la corrupción. Con el creciente aumento del presupuesto de defensa es esencial que se redoblen los controles y la transparencia en su ejecución. La sociedad necesita de estar tranquila que sus impuestos se están invirtiendo correctamente en modernizar y profesionalizar sus Fuerzas Militares. Por esta razón es esencial que las investigaciones lleguen hasta las últimas consecuencias para determinar quiénes están involucrados en esta sofisticada red de corrupción y qué tan sistémica es en el interior del Ejército.
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