Por María Jimena DuzánVer más artículos de este autor
OPINIÓN. La falta de interés alienta la tesis de quienes sostienen que hay un pacto entre la corte y la clase política para que no se sepa cuáles políticos saquearon la DNE.
Foto: Guillermo Torres
Con
Carlos Albornoz y su combo mafioso tras las rejas, la Fiscalía ha
desmantelado una parte importante de esa mafia que se incrustó en la
Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE). Ahora falta que el país
sepa cuáles son los congresistas que participaron en est
e saqueo para que puedan ser castigados y se les vea
en la cárcel pagando por sus delitos, en lugar de que los colombianos
volvamos a elegirlos en las elecciones del año entrante.
El
problema es que si nos atenemos a la lentitud con que avanzan las
investigaciones en la Corte Suprema de Justicia, la probabilidad de que
los volvamos a ver sentados en el Congreso, y no haciéndole compañía a
Albornoz y su combo en la cárcel, es bastante alta.
La
investigación en la Corte Suprema está estancada desde hace dos años y
medio, cuando Juan Carlos Restrepo, director de estupefacientes,
denunció de manera valiente la existencia de esta mafia ante la
Fiscalía. En esa denuncia se señaló a más de ocho funcionarios de la
DNE, incluyendo a sus dos últimos directores y a 13 congresistas, la
mayoría de ellos perteneciente al Partido Conservador.
El
primer tropiezo grande que sufrió esta investigación fue en la
Fiscalía de Viviane Morales. Bajo su dirección se avanzó muy poco y de
no haber sido por el fiscal Montealegre, quien a su llegada decidió
revivirlo, es bastante probable que el escándalo de la DNE hubiera
seguido ese ritmo agónico que hoy tienen en la Corte Suprema las
indagaciones de los congresistas implicados.
No
hay que olvidar que el padre de la fiscal también fue depositario de un
bien a través de una fundación y que para sacarlo de la propiedad,
cuentan mis fuentes, la DNE tuvo que recurrir a la Policía porque no lo
quería devolver.
Mientras la Fiscalía avanza a
pasos agigantados la Corte no solo no avanza, sino que cuando se mueve
es para absolver, como de hecho sucedió con la preclusión que se hizo
el año pasado en favor del congresista conservador Eduardo Enríquez
Maya. Tampoco resultan ya creíbles las razones que esgrime la Corte para
justificar ese estancamiento de las investigaciones, como el de que no
tenían un cuerpo de investigadores de Policía Judicial idóneo que les
permitiera agilizar las pesquisas.
Para
subsanar esa falta de músculo investigativo, la Fiscalía de Montealegre
fortaleció ese flanco y les envió investigadores de Policía Judicial.
Pero con todo y los refuerzos, las pesquisas tampoco avanzaron. Y peor
aun: no se ve interés en la Corte Suprema para cambiar el ritmo agónico
de las indagaciones: tengo entendido que la Fiscalía les ha hecho saber
que las personas que están colaborando, como es el caso de Camilo Bula,
estarían dispuestas a colaborar con la Corte Suprema de Justicia. Sin
embargo, hasta el momento en que escribo esta columna, (viernes por la
tarde), ninguna de estas personas ha sido requerida por los
magistrados.
A estas alturas ya nadie cree que
la incapacidad de llegar a la verdad judicial por parte de la Corte sea
de carácter técnico. Y esta falta de interés por indagar, imperdonable
en un alto tribunal, alienta la tesis de quienes sostienen que hay un
pacto entre la Corte y la clase política para que el país no sepa la
verdad sobre cuáles fueron los políticos que saqueron a la DNE.
Pregunto:
¿Cuántos de los 13 congresistas que están siendo investigados por el
escándalo de la DNE van a formar parte del nuevo Congreso? Yo me
atrevería a decir que todos. En otro país por simple pudor derivado de
la presión de la opinión pública habrían desistido, pero aquí en
Colombia ese tipo de reflexiones no se dan ni en el interior de los
partidos ni en el seno de la sociedad que vuelve y los elije.
Que
yo sepa, ninguno de los senadores conservadores investigados en el
escándalo de la Dirección Nacional de Estupefacientes ha dicho que se
retira. Ni Hernán Andrade, ni Myriam Paredes, ni José Darío Salazar,
ni Eduardo Enríquez Maya, ni Efraín Cepeda. Tampoco Omar Yepes,
presidente del Partido Conservador, quien al parecer estaría
relacionado con el depositario de una finca La Argentina, –el mismo caso
que motivó la decisión de sancionar a Albornoz en la Procuraduría–.
En
ese caso, la Justicia encontró que se habrían puesto de acuerdo el
depositario y el narco dueño de la tierra para que los dineros producto
de la cosecha de café de la finca llegaran a las manos del narco. Lo
mismo sucede con liberales como Álvaro Ashton vinculado presuntamente
con otro depositario que acabó con Chinauta Resort. Él forma parte de la
lista del renacer liberal al lado de la fiscal Morales, la misma que
casi hunde la investigación de la DNE.
¿Cuándo sabremos la verdad? ¿Será que la Corte nos la dirá algún día?
Publicar un comentario