Por: César Rodríguez Garavito
La cárcel no es el camino más directo hacia la paz.
Contra quienes, como el procurador, tergiversan las lecciones del caso sudafricano y el derecho internacional para exigir castigos que harían inviable un acuerdo en La Habana —cárcel para todos los miembros de las Farc, por todos los delitos—, Sachs nos recordó que la penal no es la única forma de justicia. Y que para muchas víctimas, como él, que perdió un brazo y un ojo en un atentado organizado por el gobierno del apartheid, son aún más importantes otras formas de justicia y de verdad que las que brotan de los procesos penales.
La transición sudafricana vinculó la justicia penal a la justicia restaurativa: otorgó amnistías a los victimarios, pero a condición de que contaran la verdad sobre lo sucedido, públicamente y frente a las víctimas. Durante dos años de testimonios ante la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, comparecieron no sólo los perpetradores, sino las víctimas que querían dejar constancia pública de las atrocidades que sufrieron.
Allá, como acá, algunos pidieron castigo por todos los delitos. “Podríamos haber exigido juicios penales”, escribió Sachs años después, cuando ya era magistrado de la Corte Constitucional, en un memorable artículo (Truth and Reconciliation). Sin embargo, “la guerra civil habría seguido. Miles de vidas se habrían perdido. El país se habría destruido”. Además, habría sido imposible castigar a todos por todos los delitos, como lo rememora Sachs.
Al conectar la justicia penal con la verdad, la experiencia sudafricana le dio un lugar central no sólo al conocimiento de lo que pasó, sino al reconocimiento de las víctimas. “El conocimiento es simplemente tener información”, escribió el exjuez sudafricano. “Es muy distinto al reconocimiento, que consiste en entender esa información, ponerla en un universo moral y emocional, darle sentido, absorberlo en la conciencia social”.
Algo distinto está pasando en Colombia. El debate público y jurídico se centra casi exclusivamente en la justicia penal: en la posibilidad de investigar y sancionar a los miembros de las Farc, en la constitucionalidad de ofrecerles suspensión de penas. La Corte Penal Internacional, con sus rígidas y cuestionables interpretaciones jurídicas, refuerza el protagonismo desmedido del castigo carcelario. Así lo muestran las cartas que envió a la Corte Constitucional pocos días antes del fallo sobre el Marco Jurídico para la Paz.
No se trata de copiar acá el modelo sudafricano, que logró la transición a la democracia pero se quedó corto en la reducción de las desigualdades y la violencia. Tampoco se trata de otorgar una amnistía general a las Farc, que sería legal y moralmente insostenible. Pero sí de permitir fórmulas como la del Marco Jurídico para la Paz, que buscan un equilibrio entre los distintos elementos de la justicia transicional.
La visita de Sachs nos recuerda que el castigo es sólo un componente de la paz y que la cárcel no es la única forma que puede tomar. Pero, sobre todo, deja en evidencia la escasa atención de todos —de las Farc, del Estado, de sectores importantes de la sociedad civil— a los otros componentes: la verdad, la reparación y las garantías de no repetición. Sólo así se puede conocer y reconocer lo que ha pasado. Para que nunca vuelva a suceder.
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