Como se reconoce explícitamente en su prologo: “Este informe da cumplimiento al mandato legal (Ley 975 de Justicia y Paz) de elaborar un relato sobre el origen y la evolución de los actores armados ilegales.”, por tanto no podríamos aspirar a conocer una dimensión real de la violencia estatal, sus autores intelectuales y mucho menos los reales beneficiarios políticos y económicos de los crímenes de Estado, que después de dos leyes de víctimas permanecen en la impunidad; sin verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
El informe indudablemente representa un esfuerzo académico importante que permite develar globalmente las dimensiones de la violencia en el país, pero se trata de una “verdad oficial” con el obvio sesgo institucional, que evita entrar en “honduras incómodas” que podrían conducir al lector a reconocer la existencia de una marcada violencia institucional, a demostrar que no se trata de simples “agentes del Estado” o “miembros aislados de la fuerza pública” sino de toda una estrategia, planeada, fríamente calculada, para favorecer poderosos intereses económicos y políticos del establecimiento.
La enmarañada lista de “actores violentos” que plantea la investigación distrae una realidad de bulto: el vínculo Estado-paramilitares, cuya acción común arroja el 85% de las víctimas, producto no del azar, sino de una estrategia coordinada de acumulación de capital y del monopolio del poder.
La violencia institucional
El solo hecho de anclarse en el término genérico de “la violencia” o “las víctimas del conflicto” en realidad esconde una verdad histórica del país, la violencia institucional, aquella que surgió de la acción represiva del Estado desde mediados de los años 40 del siglo pasado y que se fue adaptando para que fuera funcional a los intereses de las elites dominantes.No pueden catalogarse “víctimas del conflicto” a cinco millones de campesinos, indígenas y negritudes expulsados de sus tierras por la acción militar-paramilitar para favorecer las inversiones de la agroindustria de la palma africana, la caña de azúcar; las explotaciones de oro y carbón; la construcción de hidroeléctricas o las exploraciones y explotaciones de hidrocarburos. Estos no son hechos derivados del conflicto, son acciones criminales de despojo violento cobijados por el Estado para favorecer unos intereses desmedidos de lucro, por parte de grandes capitales trasnacionales.
¿Qué tienen que ver los llamados “falsos positivos” con el conflicto? 3.700 jóvenes reclutados por el ejército con la oferta de empleo que a los dos días fueron asesinados a sangre fría y después aparecieron enterrados en fosas comunes en zonas distantes de su lugar de origen. Es el retrato maloliente de una miseria institucional urgida de mostrar artificiosos triunfos militares al financiador del Plan Colombia.
La guerra y la muerte
La marcada dependencia de los EE.UU. y su protagonismo en los desarrollos de la violencia institucional, la asistencia militar y los manuales de torturas y desapariciones inspirada en las doctrinas de la seguridad nacional determina una responsabilidad concreta de los EE.UU. en la victimización y desarticulación de las diversas formas organizativas de la sociedad colombiana, los estados europeos no escapan a esta responsabilidadMillones de dólares de “cooperación” para el Plan Colombia significaron bombardeos indiscriminados contra la población civil, desplazamientos masivos de campesinos, miles de detenciones arbitrarias, desaparecidos, los “falsos positivos” e incentivos materiales a brigadas militares para la violación sistemática de los derechos humanos, dólares que financiaron el paramilitarismo. Al mismo tiempo que ocurrían masacres y desapariciones por montón los EE.UU. certificaban en derechos humanos a los sucesivos gobiernos de Colombia. Esta realidad no está registrada por la simple razón que la investigación es financiada por la USAID y agencias europeas.
Crímenes de Estado
El documento reduce la importancia de alrededor de 12 fallos emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos –CIDH- que condenan al Estado colombiano por prácticas de terrorismo estatal y paramilitar, lo cual prácticamente pasa inadvertido en la publicación. (masacre de Trujillo, masacre de los 19 comerciantes del Magdalena Medio, masacre de La Rochela, masacre de Caloto-Cauca, masacre de Mapiripán, asesinato del Senador de la UP Manuel Cepeda, masacre de Santo Domingo-Arauca, etc.). En estos fallos se demuestra claramente el carácter de un estado infractor, promotor del paramilitarismo en su estrategia de “guerra sucia” contra organizaciones sociales y la oposición de izquierda en el país.El genocidio del PC, la UP y la izquierda
Uno de los hechos más vergonzosos en la historia del país, el genocidio del Partido Comunista, la UP, el movimiento político A Luchar, del Frente Popular, el M-19 y otros, aparece refundido en el subtitulo: 2.2. Expansión guerrillera, políticas de paz y eclosión paramilitar (1982-1996) con interpretaciones bastante convenientes para los autores intelectuales de este exterminio.Cada uno de los pocos fallos emanados de tribunales judiciales va configurando cada vez más una clara responsabilidad del Estado, que nunca protegió a la oposición de izquierda, los culpables tampoco fueron judicializados, a pesar de que las organizaciones de derechos humanos aportaron pruebas que señalan a políticos del bipartidismo, empresarios, militares y paramilitares involucrados en esta larga cadena de muerte.
En síntesis la población colombiana fue sacrificada con el fin perverso de colocar el Estado al servicio de las transnacionales y las mafias; los partidos tradicionales resultaron con fuertes vínculos con el paramilitarismo, los militares y el gran capital beneficiarios de la “guerra sucia”.
En lo sustancial la rama judicial no adelantó investigaciones, permitió la injerencia de los militares en procesos judiciales adelantados contra civiles y favoreció la impunidad; los medios de comunicación del gran capital no solo estigmatizaron, sino que guardaron silencio cómplice y ahora se muestran sorprendidos por lo ocurrido en los últimos 30 años.
Entre otras, tales son las precariedades de “la verdad oficial”. En entrevista concedida el 23 de julio pasado al diario El tiempo, el investigador Gonzalo Sánchez plantea: “La Comisión de la Verdad en Colombia no sería como la de Argentina o Perú, porque aquí ya está muy avanzado el esclarecimiento…” No compartimos tal apreciación porque estamos ante una “verdad parcial” en la que falta el testimonio de una parte importante de los sectores victimizados.
El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado propone “crear una Comisión de la Verdad sobre las graves violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos en Colombia desde 1945 hasta la fecha de la conclusión y entrada en vigor de un acuerdo de paz, con especial énfasis en los crímenes cometidos por agentes estatales y grupos paramilitares”.
(Propuestas mínimas sobre Verdad, Justicia y Reparación. http://www.movimientodevictimas.org/).
“La paz que soñamos exige la depuración de la fuerza pública, el desmantelamiento de las estructuras paramilitares y el sometimiento a la justicia de los poderes económicos y políticos que han sembrado al país de violencia” (El Camino hacia la paz pasa por la Justicia – Ccajar).
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