Revista Semana.
Emel Varela es la más reciente víctima. Habrá manifestación ante el silencio de las autoridades locales.
Víctor Galván Muñoz, presidente de la Federación Comunal de Córdoba.
En
la noche del pasado lunes fue asesinado Emel Antonio Varela Tuberquia,
presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Estrella, en
jurisdicción del corregimiento Saiza, en Tierralta.
El crimen es el quinto que se comete en lo que va corrido del año contra un líder comunitario
de la zona, hecho que ha despertado temor en los
habitantes del Alto Sinú, en especial aquellos que pertenecen a las
Juntas de Acción Comunal.
La presidencia de Asocomunal de Tierralta planea una manifestación desde este municipio hasta Montería, debido a que la Gobernación y la secretaria de Gobierno de Córdoba no le han dado importancia a los sectores sociales afectados.
“Si no hay comunicación entre las asociaciones comunales y la gobernación del departamento, es difícil o imposible que se encuentre una pronta solución a el problema”, señaló Víctor Galván Muñoz, presidente de la Federación Comunal de Córdoba y de Asocomunal en Tierralta, quien a su vez dijo que una vez finalizada la marcha presentará su renuncia a ambos cargos.
Con la manifestación que está programada para el 9 de septiembre se pretende movilizar a mil quinientas personas desde el municipio de Tierralta hacia Montería, donde serían recibidas por líderes comunitarios de la ciudad. Para la realización de la marcha se estima que los manifestantes tarden tres días en llegar a la capital cordobesa a pie; por lo que ésta se extendería hasta el 12 de septiembre.
Aún no hay claridad sobre el o los responsables de los asesinatos de los líderes, sin embargo Galván especula que podría tratarse de diversos grupos al margen de la ley que operan en la zona. Además, el presidente de Asocomunal en Tierralta señaló que agentes del Gobierno mismo podrían estar implicados, pues conociendo denuncias confidenciales hechas por líderes comunales, han ignorado la situación, lo que ha hecho crecer el número de muertos en el gremio.
Por su parte, Víctor Castilla Plaza, defensor del Pueblo de Córdoba, dijo que la entidad ha estado pendiente de toda la población civil del sector en aras de garantizar la seguridad y protección -en especial- a las familias de las víctimas.
Agregó que estas muertes son una novedad en el departamento dado que antes no se habían presentado crímenes en serie contra líderes comunales, sino hacia líderes de restitución de tierras. Estos últimos, atribuidos a las bacrim.
A pesar de la gravedad del caso, ni el secretario de Gobierno ni el gobernador de Córdoba se han pronunciado hasta el momento acerca de los crímenes perpetrados contra los cinco líderes comunales cordobeses. Semana.com trató infructuosamente de comunicarse con ambas autoridades.
El crimen es el quinto que se comete en lo que va corrido del año contra un líder comunitario
La presidencia de Asocomunal de Tierralta planea una manifestación desde este municipio hasta Montería, debido a que la Gobernación y la secretaria de Gobierno de Córdoba no le han dado importancia a los sectores sociales afectados.
“Si no hay comunicación entre las asociaciones comunales y la gobernación del departamento, es difícil o imposible que se encuentre una pronta solución a el problema”, señaló Víctor Galván Muñoz, presidente de la Federación Comunal de Córdoba y de Asocomunal en Tierralta, quien a su vez dijo que una vez finalizada la marcha presentará su renuncia a ambos cargos.
Con la manifestación que está programada para el 9 de septiembre se pretende movilizar a mil quinientas personas desde el municipio de Tierralta hacia Montería, donde serían recibidas por líderes comunitarios de la ciudad. Para la realización de la marcha se estima que los manifestantes tarden tres días en llegar a la capital cordobesa a pie; por lo que ésta se extendería hasta el 12 de septiembre.
Aún no hay claridad sobre el o los responsables de los asesinatos de los líderes, sin embargo Galván especula que podría tratarse de diversos grupos al margen de la ley que operan en la zona. Además, el presidente de Asocomunal en Tierralta señaló que agentes del Gobierno mismo podrían estar implicados, pues conociendo denuncias confidenciales hechas por líderes comunales, han ignorado la situación, lo que ha hecho crecer el número de muertos en el gremio.
Por su parte, Víctor Castilla Plaza, defensor del Pueblo de Córdoba, dijo que la entidad ha estado pendiente de toda la población civil del sector en aras de garantizar la seguridad y protección -en especial- a las familias de las víctimas.
Agregó que estas muertes son una novedad en el departamento dado que antes no se habían presentado crímenes en serie contra líderes comunales, sino hacia líderes de restitución de tierras. Estos últimos, atribuidos a las bacrim.
A pesar de la gravedad del caso, ni el secretario de Gobierno ni el gobernador de Córdoba se han pronunciado hasta el momento acerca de los crímenes perpetrados contra los cinco líderes comunales cordobeses. Semana.com trató infructuosamente de comunicarse con ambas autoridades.
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