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La democracia debe traspasar los límites impuestos por el conflicto armado

Written By Unknown on jueves, julio 18, 2013 | jueves, julio 18, 2013

La UN ha sido escenario de múltiples encuentros de participación ciudadana sobre temas de trascendencia nacional.
Marcha nacional por la paz, convocada el pasado 9 de abril. - Fotos: Víctor Manuel Holguín/Unimedios
Marcha nacional por la paz, convocada el pasado 9 de abril. - Fotos: Víctor Manuel Holguín/Unimedios


jul. 13 de 2013
Por: Carlos Medina Gallego,
Integrante del Centro de Pensamiento y Seguimiento del Proceso de Paz - Universidad Nacional de Colombia

En la actual coyuntura de los diálogos de paz, resulta decisivo hacer una reflexión profunda y sin prevenciones de lo que significa para una nación construir su vida institucional, social y política, según un modelo de democracia que sea pluralista e incluyente y que consolide formas de convivencia y gobernabilidad.

La participación política constituye el segundo punto de la agenda de conversaciones de La Habana y uno de los de mayor importancia en los acuerdos a que pueda llegar la mesa para la terminación del conflicto armado.


Es una cuestión capital dado el modelo que se ha desarrollado en el país, que carece del carácter pluralista, participativo e incluyente de una auténtica democracia.

Resulta paradójico que la llamada democracia más antigua de América Latina haya avanzado en el marco de una pugna interna que se enrareció y degradó en prácticas de terrorismo de Estado, paramilitar, guerrillero y narco que tuvo como blanco esencial a la población civil.

Las estadísticas más modestas estiman en 5,5 millones las víctimas. Se suma una estela de desplazamiento interno forzado del 10% de la población del país y nuevos y más complejos fenómenos de violencia que comprometen el control territorial e institucional de la nación.

En este contexto, resulta decisivo hacer una reflexión profunda y sin prevenciones de lo que significa para una nación construir su vida institucional, social y política, según un modelo de democracia que acabe con el conflicto armado, sea pluralista, incluyente y consolide formas de convivencia y gobernabilidad a través de la ampliación de los escenarios de participación política y ciudadana.

Voces firmes 
 
Tanto el Foro de Desarrollo Agrario como el de Participación Política, liderados por la Universidad Nacional de Colombia y la ONU, por encargo de la Mesa de Conversaciones de Paz de La Habana, han sido de la mayor importancia para los avances de este proceso, en la medida en que, a través de ellos, se han producido “hechos” que se derivan de la dinámica de su realización y de la utilización de sus resultados.

Primero, han permitido hacer explícita la participación pluralista, incluyente, amplia y democrática de todos los sectores de la sociedad colombiana, en una polifonía de puntos de vista e intereses distintos. Han dejado como enseñanza que es posible el diálogo franco y propositivo entre contrarios, cuando se define un propósito de interés común.
Segundo, han evidenciado el hecho de que no participar es una forma de participar y que, lejos de producir inquietud e inconformidad, ayuda a construir democracia desde la diferencia, si se hace con respeto y argumentación solida.
Tercero, han cambiado la asimetría de acompañamientos y asesorías sobre el contenido y profundidad de las temáticas de la mesa de conversaciones. Es indiscutible aceptar que las más favorecidas han sido las Farc, pero también el Gobierno.
Cuarto, han redefinido los temas de cada uno de los puntos, lo que robustece su contenido al darles una amplitud mayor a la enunciada y con un gran realismo y pertinencia. Más aún, las propuestas hechas a la mesa tienen una mayor legitimidad, en la medida en que se sustentan en el sentir y pensar del constituyente primario.

Los principales temas 
 
El informe entregado a la mesa de conversaciones, el pasado 11 de junio, recoge y presenta de manera organizada la producción del segundo foro, al articular los aspectos que contemplan los tres subtemas del punto dos de la agenda.

También recoge lo propuesto en los paneles de experiencias internacionales, partidos políticos y movimientos sociales, académicos y medios de comunicación, así como los aportes hechos de manera autónoma por distintas organizaciones de las mesas de base y las de socialización.

Si la nueva ronda de conversaciones sigue su camino en relación con los resultados del primer foro, lo que les espera a las delegaciones en materia de participación política es un largo pero fascinante esfuerzo de reflexión y de construcción de acuerdos. Muchos tienen que ver con la caracterización y trasformación del régimen político y de su institucionalidad.

Es de absoluta potestad de las partes sentadas en la mesa definir la ruta temática para abordar la discusión del segundo punto de la agenda. Pero resulta pertinente y necesario para la sociedad colombiana conocer a grandes rasgos los resultados del Foro de Participación Política y la desagregación temática que efectuaron los asistentes.

Sobre el acuerdo final 
 
El subtema uno es el de “derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política, en general, y para los nuevos movimientos que surjan luego de la firma del acuerdo final, en particular”.

Las propuestas e insumos a este respecto se ordenaron en torno a cinco ejes de reflexión y discusión: 1) estatuto de oposición; 2) garantías políticas; 3) participación política de las Farc después de su disolución como grupo armado; 4) UP y garantías de no repetición; 5) acceso a los medios de comunicación.
Se abordaron aspectos como la consolidación de garantías plenas para el desarrollo de la actividad social y política de la población y de todos los movimientos, con independencia de sus posturas ideológicas.

Además, se discutieron los siguientes temas: la ampliación y profundización de los escenarios institucionales y sociales de la democracia; la inclusión de los sectores minoritarios; el respeto y reconocimiento de la diferencia; las garantías institucionales para el ejercicio de la oposición; la creación de sistemas diferenciados de representación en los escenarios de decisión política, a través de circunscripciones especiales; las posibilidades de amnistía e indultos; la libertad y el reconocimiento de los derechos ciudadanos de quienes son catalogados –por algunas organizaciones– como presos políticos, con las respectivas garantías para su ejercicio pleno.

Se suma la apertura de espacios y posibilidades para la aparición de un partido o movimiento político resultante de la terminación del conflicto y de la disolución de las Farc, así como la posibilidad de acceso amplio y democrático a los medios de comunicación.

Mecanismos democráticos 
 
Para el subtema dos, “mecanismos democráticos de participación ciudadana, incluidos los de participación directa, en los diferentes niveles y diversos temas”, las reflexiones de las mesas de base y de socialización se organizaron a través de diez ejes de reflexión y discusión:

1) Consolidación, ampliación y desarrollo de los mecanismos de participación. 2) Participación con enfoques diferenciados.
3) Participación en políticas públicas, planes y presupuestos.
4) Participación en la conducción política de la economía. 5) Consulta previa. 6) Control social, rendición de cuentas y veedurías populares y ciudadanas. 7) Elección popular de dignatarios de los órganos de control. 8) Creación y fortalecimiento de formas de democracia directa. 9) Participación social y procesos constituyentes. 10) Garantías para la protesta social.

Con base en la tesis de que la participación política no es un proceso meramente formal reducible a la votación electoral, se formularon propuestas para fomentar la participación popular y ciudadana, a través de la consolidación y ampliación de mecanismos existentes o introduciendo nuevos.

En ese sentido, se plantea reglamentar y desarrollar los mecanismos existentes en la Constitución de 1991, para fortalecer su carácter decisorio y concretar las propuestas de participación, con independencia del desarrollo de los diálogos entre el Gobierno y las Farc.

Se señala la necesidad de las siguientes acciones: profundizar la democracia participativa, teniendo en cuenta la acción soberana del constituyente primario, que no puede, en ninguna circunstancia, estar condicionado por el poder constituido; garantizar la autodeterminación de las decisiones políticas que comprometen el interés nacional, entre ellas la construcción de la paz; controlar la gestión pública, incluido el derecho al libre acceso a la información oficial.

Asimismo, es necesario instaurar mecanismos, según las particularidades de cada localidad, para lograr que, en todos los procesos de planeación territorial o sectorial, la ciudadanía participe, y no como objeto de la socialización, sino como sujeto que identifica problemas, propone soluciones, las hace viables y las evalúa.

La igualdad

El subtema tres es el de “medidas efectivas para promover mayor participación en la política nacional, regional y local de todos los sectores, incluida la población más vulnerable, en igualdad de condiciones y con garantías de seguridad”.

Este fue ordenado en cuatro grandes ejes: 1) apertura del sistema político, garantías de inclusión y enfoque diferencial; 2) territorialidad, autonomía, planeación y participación; 3) equidad de género y participación política; 4) educación y formación para la participación política.

Aquí se insiste en la necesidad de pensar en reformas que ajusten la estructura institucional del Estado. Algunas propuestas implicarían profundas transformaciones del andamiaje institucional del país, mientras que otras suponen modificaciones de las estructuras existentes.

Se percibe un clamor de apertura del sistema político y de protección de las minorías y poblaciones subrepresentadas, de manera que puedan participar en igualdad de condiciones a las de los grupos mayoritarios o a los partidos y movimientos más establecidos.

Se propone garantizar que todos los sectores de la sociedad participen en los diferentes ámbitos de toma de decisiones políticas; eliminar exclusiones de todo tipo; y reconocer a los movimientos sociales locales y ciertos grupos poblacionales en situación de subrepresentatividad como sujetos políticos, con todos los derechos que aquello conlleva.

Los asistentes sugirieron modificar, de manera profunda, el sistema electoral y de partidos para relegitimar el sistema político y crear confianza en la ciudadanía; así como introducir cambios en el diseño de las autoridades electorales, de modo que sean autónomas frente a los partidos.

También se hicieron una serie de sugerencias y propuestas sobre las garantías de seguridad y protección de la vida de quienes optan por participar en política. Se reconoce que es una condición sine qua non para hacerlo.

Diversos sectores presentaron reclamos de inclusión e igualdad de condiciones para participar. Las mujeres hicieron un número considerable de propuestas tendientes a lograr la paridad de género en las instancias clave de toma de decisiones.

Y la refrendación 
 
En cuanto a la negociación, se pide que diferentes sectores de la sociedad civil puedan intervenir en las conversaciones, incluidas a las víctimas; la incorporación de otros actores insurgentes en el proceso (ELN, EPL); el seguimiento y conformación de una comisión de acompañamiento internacional y veeduría ciudadana; la refrendación de los acuerdos en una instancia amplia, que les otorgue carácter vinculante; la difusión de la información sobre el desarrollo de las conversaciones; y la socialización del acuerdo a nivel nacional y en las regiones; entre muchas otras cosas.

En materia de derechos humanos y del derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, los asistentes señalaron la necesidad de establecer una comisión de la verdad, de carácter pluralista, en la que participen las víctimas. Además, solicitan la puesta en práctica de mecanismos de justicia transicional.

Incluyeron como prioridad tomar medidas de reparación integral de las víctimas y garantías efectivas de no repetición; la reconstrucción y preservación de su memoria histórica; la depuración de las instituciones del Estado, para excluir a aquellos funcionarios involucrados en acciones de violación de los DD. HH.; la garantía de retorno para la población en situación de desplazamiento forzado que así lo desee; y el acceso a documentos reservados del Estado relativos a la situación de violencia y al conflicto armado.

Por ahora, no se sabe hacia dónde marcharán los acuerdos. Pero, seguramente, las discusiones se centraran en la necesidad de llevar la democracia mucho más allá de donde el conflicto armado le ha permitido llegar, en un proceso en el cual las formas de participación irriguen no solo al sistema político convencional, sino a todos los escenarios de la vida nacional.


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