Por: Camilo Segura Álvarez, El Espectador
En 2005, la gobernación de Pablo Ardila avaló el traslado de la Empresa de Licores de Cundinamarca (ELC) a unas nuevas instalaciones en Cota. La justificación: la planta actual, ubicada en el centro de Bogotá, no cumplía con las condiciones medioambientales y sanitarias, no tenía capacidad de almacenamiento, su mantenimiento era muy costoso y, a largo plazo, haría que la empresa dejara de ser competitiva.
Sin embargo, ocho años después no ha ocurrido tal traslado, la ELC sigue funcionando en las mismas instalaciones y, por orden de la gobernación de Andrés González, en 2010, tendrá que readecuarse a esa edificación, que ya cuenta con más de 50 años, en un plan de obras que tomará ocho años más. Es decir, hasta 2018.
En junio de 2005, un estudio de la subgerencia administrativa de la ELC concluyó que lo más conveniente para la empresa era la ubicación de una nueva planta. Afirmaba que los predios con los que cuenta en Tocancipá, Chocontá y Villapinzón no eran los adecuados para esa construcción, pues resultaría muy costoso en términos operativos. Y un mes después, el gerente de la época, Javier Castro Rodríguez, ordenó un estudio externo para establecer las necesidades para cumplir con los objetivos de la empresa. Por ese entonces, la primera opción seguía siendo la modernización de la actual planta.
El estudio coincidió con el que presentó la subgerencia administrativa y se procedió a hacer un Proyecto de Modernización que concluyó que las instalaciones eran muy antiguas para ser refaccionadas y su ubicación impedía que fueran expandidas. Además, es enfático en que en la zona es prácticamente imposible hacer alguna obra sin afectar al vecindario y que no cuenta con los mínimos para ser competitiva. Entonces surgió la necesidad. La ELC necesita un área física de 9 hectáreas aproximadamente y aseguró que cualquier readecuación de la planta reduciría la producción de licores por los gajes de la obra.
Después de analizar los municipios aledaños a Bogotá, para evitarle costos al personal que en su mayoría vive en la capital, el proyecto concluye que ya que no hay peajes, es una zona industrial y hay acceso al tráfico pesado, el municipio de Cota es la solución. La única prevención: que la planta no quede cerca del río Bogotá, pues su contaminación afectaría la producción de licor.
La empresa, que contaba con una planta de 2, 5 hectáreas en un predio de 4,2 hectáreas, pasaría a un terreno de 9 hectáreas. El predio escogido fue el de la Sociedad Fiduciaria FES S.A., que mide más de 239 mil metros cuadrados. Se pidió la venta parcial de 90 mil metros cuadrados y se avaluaron en $10.800 millones. Sin embargo, el predio fue comprado, según el intermediario, en $9 mil millones y se gastaron, en derechos notariales y pólizas, cerca de $155 millones.
El 31 de enero de 2006 se abrió la licitación. Se presentaron dos firmas: el consorcio P&P Licorera y Consorcio Licorera. Ganó el primero, en el que estaban la firma PyP Construcciones, Olga Pinzón, Coopmunicipal y Fundación Funarko ONG (de la que era socio el contratista Julio Gómez, procesado hoy por el escándalo del carrusel de la contratación en Bogotá).
El tiempo de ejecución de la obra, que comenzó el 5 de mayo de 2006, era de 14 meses. Es decir, el 15 de agosto de 2007 debía ser entregada. Pero no fue así: cuatro meses después de iniciado el contrato se firmó la adición que aclaraba que la ejecución era de 12 meses a partir de la entrega de diseños, permisos y licencias.
En septiembre de 2007, una vez se había incumplido el plazo inicial, se ampliaron los plazos por cuatro meses y además se le entregó una adición presupuestal al contratista que ascendió a $9 mil millones. De ahí en adelante vinieron suspensiones y adiciones de tiempo que, entre otros motivos, fueron justificadas, por parte del contratista, con las intensas lluvias de la ‘ola invernal’.
En total, el contrato se prorrogó ocho veces, se firmaron tres adiciones en tiempo y plata, se suspendieron en 15 ocasiones con prórrogas temporales en algunas de ellas y se multó cinco veces a la firma. El contrato ya era indefendible. Sin embargo, sólo el 30 de enero de 2010, dos años y tres meses después de lo establecido inicialmente para la entrega de la obra, la ELC firmó la primera acta de recibido.
Pero lo que fue recibido no estaba cerca de lo que había sido pedido. La empresa presentó unas observaciones (correcciones) que debían ser cumplidas el 27 de febrero, ese día hay nuevas observaciones y se pospone esa fecha hasta el 25 de marzo de ese año y, de nuevo, ese día se fija para el 12 de abril.
Finalmente, el 30 de abril de 2010 la ELC dejó claro que no hubo entrega de obra ni recibo de inventario. Por lo tanto, siete meses después ocurrió lo inevitable: el 2 de noviembre la ELC declaró la ocurrencia de siniestro de incumplimiento del contrato.
En mayo de 2011 la ELC decidió liquidar unilateralmente el contrato y le pidió al contratista, en julio, que pagara $12.087 millones. La firma no pagó, la empresa pública la demanda y también a la aseguradora por el incumplimiento en el pago de la póliza. Sin embargo, desde finales de 2010 la empresa ya estaba pensando en qué hacer para enmendar lo que el contratista hizo mal.
La ELC contrató un estudio para definir la viabilidad de trasladar sus instalaciones a Cota por $145 millones. El estudio, adelantado por la firma Karthec, afirmó que la mejor alternativa era quedarse en sus instalaciones e intervenirlas para cumplir con la normatividad ambiental y técnica. También concluyó que la planta de Cota frenó la modernización de la planta de Bogotá y que la intervención tomará ocho años más.
Así, se tomó la decisión de vender el inmueble de Cota. Se contrató a la central de inversiones CISA para tal efecto, pero sus estudios previos dedujeron que al vender la planta mal construida se generaría para la ELC un detrimento de su patrimonio. No se vendió, pero igual a CISA se le tuvo que pagar el 50% de la comisión por $381 millones que se había pactado.
Fue entonces cuando, el 28 de junio de 2011, se firmó un convenio entre la ELC, el departamento de Cundinamarca, la Secretaría de Hacienda del departamento y el Fondo de Pensiones Públicas. En el convenio, palabras más, palabras menos, la ELC le entregó el lote de Cota (avaluado finalmente en $69 mil millones) al Fondo de Pensiones para que lo venda y ese dinero entre a pagar parte de la deuda de $180 mil millones que la Licorera tiene con el pasivo pensional.
El 31 de agosto de 2012, cuando ya Álvaro Cruz era el gobernador, se firmó la ordenanza 045 de 2012. El mandatario autorizó, por 12 meses, vender el inmueble de Cota y uno que tienen en San Andrés. El avalúo con el que se venda una propiedad no debe tener una antigüedad mayor a 90 días. Es decir, el 31 de agosto de este año se vence el plazo para vender. Pero, mientras tanto, según fuentes del Gobierno Nacional, la inmobiliaria de Cundinamarca no ha gestionado la venta y, por otro lado, la ELC ha tenido que seguir pagando el mantenimiento, lo que significa que de mayo de 2010 a enero de 2013 se han pagado más de $2.300 millones.
La gran pregunta es cómo puede aportar la ELC a la salud y la educación de los cundinamarqueses, si después de una inversión de $64 mil millones (la suma de la compra del predio, los estudios, la contratación, las prórrogas, los abogados, entre otros) el predio se podrá vender máximo por $69 mil millones, de los cuales no le quedará nada, pues ese dinero deberá cubrir el pasivo pensional. Esto, sumado a que en los próximos años, si quiere seguir en el mercado, deberá hacer una inversión para la modernización de su planta en Bogotá y seguir manteniendo nueve predios alrededor del departamento en los que también funciona.
El caso fue analizado por la Secretaría de Transparencia del Gobierno Nacional. Para Carlos Fernando Galán —quien renunció la semana pasada para no inhabilitarse en la próximas elecciones al Congreso—, “aquí se demuestran las deficiencias de planeación y vigilancia en la ejecución del contrato”. Galán mostró preocupación, además, porque “ahora la Licorera tendrá que quedarse con la planta vieja y comenzar de cero”.
¿No habría sido mejor terminar la obra que la firma del señor Julio Gómez dejó mal hecha y vender el predio de Bogotá? ¿Cuánto se demorarán el contratista y la aseguradora en pagar lo que, en un primer momento, le deben al departamento?
El Espectador trató de buscar respuestas a estos interrogantes en la Gobernación de Cundinamarca, pero al cierre de esta edición había sido imposible contactar a Álvaro Cruz, gobernador del departamento.
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