En la historia colombiana del siglo XX se presentaron muchas huelgas en diversos sectores de la actividad económica. Algunas de esas huelgas terminaron en forma sangrienta, debido a la represión a que fueron sometidas por el Estado. Esta pauta se había iniciado en el país desde finales de la década de 1910, cuando fueron reprimidas las huelgas de los puertos de la Costa Atlántica, con un saldo trágico de varios obreros muertos. Después, en numerosas ocasiones, fueron abaleados por las tropas oficiales los huelguistas que realizaban movimientos reivindicativos de protesta laboral.
Durante el Frente Nacional (1958-1974) se acentuó esta tendencia represiva del Estado colombiano para impedir la protesta de los trabajadores y sabotear o terminar de manera abrupta con las huelgas. Eso sucedió con los trabajadores de Rio Paila en 1959 que fueron tiroteados por el Ejército, lo que causó dos muertos y numerosos heridos. Lo mismo aconteció en Puente Rojo, en el Valle del Cauca, cuando el 26 de agosto de 1962 fueron masacrados 11 trabajadores por parte del ejército, que atacó a mansalva una pacífica reunión que había sido convocada por la Federación de Trabajadores del Valle (FEDETAV). En el mismo sentido, el 23 de febrero de 1963 en la pequeña población de Santa Bárbara, Antioquia, el Estado colombiano masacró a trabajadores, campesinos y habitantes de ese municipio, que participaban en la huelga de Cementos El Cairo. Sea esta una ocasión propicia para describir y analizar estos acontecimientos, como se hace en este artículo.
La huelga
El municipio de Santa Bárbara se encuentra situado en el flanco Occidental de la Cordillera Central, en el suroeste antioqueño, a 57 kilómetros de distancia de Medellín. La fábrica de Cementos El Cairo está localizada a 13 kilómetros de la población de Santa Bárbara, en la depresión formada por el río Buey y la quebrada Sabaletas. En 1963 laboraban en esta planta de cementos 230 trabajadores de planta, 221 de los cuales estaban organizados en un sindicato (SINTRACAIRO), afiliado a la Federación de Trabajadores de Antioquia (FEDETA).
Ante la difícil situación económica que afrontaba el país y que afectaba de manera directa a los trabajadores por la galopante inflación y el deterioro del poder adquisitivo de sus salarios, Sintracairo presentó un pliego de peticiones en el mes de octubre de 1962. En ese pliego se solicitaba aumento general de salarios, prima de vacaciones, auxilio escolar, servicio médico y odontológico, préstamos para adquisición de vivienda, mejoras en la calidad del servicio en el casino, remuneración de dominicales y festivos trabajados, entre otros aspectos. La Empresa dilató las discusiones del pliego por varios meses, y no atendió la mayor parte de las solicitudes del Sindicato, en especial las relativas a aumento salarial. Por esta circunstancia, los trabajadores se fueron a la huelga, que se inició el 23 de enero de 1963.
Desde un principio, la empresa saboteó la huelga con el fomento de los esquiroles y rompehuelgas. Para sabotear la huelga, la empresa continuaba movilizando cemento y clinker –materia prima del cemento- desde la factoría de El Cairo hacia la fábrica de Cementos Argos en Medellín, como si no existiera un cese legal de actividades. Su acción de rompehuelgas se vio facilitada por el respaldo del gobernador Fernando Gómez Martínez y por la activa participación de las Fuerzas Militares en el transporte del cemento. Esto, obviamente, desencadenó la protesta de los obreros de El Cairo, quienes a los pocos días de iniciada la huelga instalaron una carpa en la carretera central, con el fin de oponerse a la maniobra patronal.
Los trabajadores comenzaron el saboteo activo a las volquetas que transportaban cemento o clinker hacia Medellín obstaculizando la vía entre El Cairo y Santa Bárbara, con el uso de tachuelas y lanzándoles piedras. Este mecanismo de resistencia se aplicó hasta que los choferes de las volquetas se vieron presionados a entregar los vehículos a la empresa para evitar problemas con los huelguistas, quedando temporalmente suspendido el suministro de la mercancía.
El sábado fatal
Tras quedar paralizado totalmente el transporte de materia prima para la fábrica de cementos Argos, el 22 de febrero el Gobernador del Departamento, Fernando Gómez Martínez, dio a conocer la determinación de transportar cemento y clinker “costara lo que costara”, aunque fuera necesario pasar por encima de los cadáveres de los trabajadores.
En las horas de la tarde de ese viernes 22 de febrero, el sindicato convocó a una Asamblea Extraordinaria en las carpas de la huelga, para presentar una propuesta de los inspectores de trabajo en materia salarial, que no satisfizo a los trabajadores porque no tenía en cuenta las solicitudes del pliego de peticiones. En esa misma reunión, el Inspector del Trabajo comunicó a los obreros que se había ordenado a la empresa que cancelara los salarios que adeudaba a sus trabajadores, según la Ley primera de 1963, con retroactividad al primero de enero.
Por esa razón, el sábado 23 de febrero de 1963 desde tempranas horas los trabajadores se congregaron en las carpas de la huelga para esperar el pago del salario adeudado. En efecto, el pago se efectuaría, pero no en dinero, sino con plomo y metralla, como una respuesta represiva y cobarde para los obreros y el pueblo de Santa Bárbara.
A las 9 de la mañana de ese fatídico sábado 23 de febrero de 1963 se trasladaron al municipio de Santa Bárbara el comando del Batallón Girardot, un pelotón de la Compañía Militar y dos pelotones de la compañía B que estaban en guarnición, con el fin de transportar el cemento de la fábrica El Cairo hasta la ciudad de Medellín. A las diez y media de la mañana, la caravana pasó por el sitio donde estaban los integrantes de la huelga, en las afueras de la población de Santa Bárbara, quienes manifestaron que permitirían el paso de los carros que fueran a traer el cemento, pero que no los dejarían regresar. La caravana atravesó el lugar en donde se encontraban los huelguistas y ningún carro fue apedreado. Tan pronto llegaron las volquetas a las instalaciones de la empresa se inició la carga del material, labor que fue asumida por algunos esquiroles y por los soldados del ejército nacional siguiendo las órdenes de sus superiores.
Mientras tanto, los obreros decidieron bloquear la carretera central en el punto donde se encontraba la carpa obrera, en inmediaciones del municipio de Santa Bárbara, en cercanías a la bomba de Gasolina Codi. El bloqueo de esa carretera fue hecho por grupos de obreros que se acostaron sobre el pavimento, una estrategia que en semanas anteriores funcionó para impedir la salida de las volquetas de la fábrica.
A las 4 de la tarde partió la caravana de 40 volquetas con cemento y clinker, desde las instalaciones de la fábrica con rumbo a la ciudad de Medellín. En esa caravana se encontraban volquetas, con placa oficial, pertenecientes al Municipio de Medellín, y volquetas particulares conducidas por esquiroles, escoltadas por más de 100 efectivos del ejército, que se habían desplegado para que trasladaran el cargamento. La caravana se ubicó aproximadamente a unos 300 metros antes de llegar al sitio donde se encontraban los huelguistas, muchos familiares de los trabajadores, algunos campesinos, mujeres, niños, curiosos y toda clase de personas del pueblo de Santa Bárbara, que se habían congregado en este lugar, pendientes del paso de las volquetas. Miembros del ejército empezaban a tomar posiciones estratégicas a lado y lado de la carretera y el Coronel Valencia Paredes exigió a los huelguistas que se dispersaran para dar paso a la caravana que prácticamente llevaba todas las existencias de clinker que se encontraban en las instalaciones de Cementos El Cairo.
Ante la negativa de los obreros, el oficial se comunicó con el gobernador Gómez Martínez, quien le respondió tajantemente: “‘¡Hombre, coronel, si no es capaz de pasar ese cemento, véngase inmediatamente que yo mando a otro!’”. Al mismo tiempo, los militares comenzaron a insultar a los trabajadores, diciéndoles que si no despejaban la carretera serían despedidos y que tenía más valor el clinker que todos los huelguistas allí presentes. Ante la provocación, los obreros lanzaron también gritos ofensivos y desafiantes contra los militares y se proveyeron de piedras, canecas llenas de agua y toallas, e intentaron desinflar las llantas de las volquetas; los ánimos y el espíritu de lucha de los obreros se exasperaban ante la actitud amenazadora y de rompehuelgas asumida por el ejército.
Cuando, el reloj señalaba las 4 y 45 de la tarde, el comando del Batallón emitió la siguiente orden: “dispersión con gases”. Enseguida, el Capitán Álvaro Guzmán Bastidas y el Teniente Víctor J. Jaramillo, avanzaron con los soldados, carretera arriba y llegaron a la bomba de gasolina Codi, (propiedad de Raúl Moreno, administrador de la fábrica Cementos El Cairo). Desde allí se produjo la primera descarga de gases sobre la multitud y un pelotón del ejército empezó a capturar a los dirigentes de la huelga. Ante la arremetida de las Fuerzas Armadas, la multitud respondió con una nutrida lluvia de piedras, los únicos objetos con que contaba para defenderse. Había confusión y miedo y, ante los ataques aleves de la tropa, la gente se cubría la cara con toallas y pañuelos húmedos. Los huelguistas intentaban repeler la embestida de las fuerzas militares e impedir el paso de las volquetas.
En forma inesperada, el ejército empezó a disparar balas de pistola, de ametralladora y de fusil dirigidos a mansalva y a sangre fría contra los inermes trabajadores y contra la multitud presente en el lugar, Ante la agresión violenta e indiscriminada de las fuerzas represivas, la multitud comenzó a correr, unos hacia los cafetales aledaños a la carretera, otros hacia las casas vecinas en busca de refugio. En las ventanas del hospital que daban a la bomba se hallaban varios médicos, que alcanzaron a tomar algunas fotos del accionar represivo de la tropa. Tan pronto los miembros del ejército se percataron de las cámaras dispararon hacia el hospital y enviaron soldados a arrebatarles los rollos fotográficos. A las 5:15 de la tarde se observaban los primeros heridos y varios muertos y el ejército continuaba la inmisericorde persecución contra los obreros y los habitantes de Santa Bárbara trataban de huir del lugar de la masacre.
El Teniente Víctor J. Jaramillo, al frente de un pelotón de soldados, cruzaba por un callejón que unía la calle de la casa de Luis Eduardo Zapata con la Bomba Codi, para continuar la persecución de los huelguistas. Allí después de recibir varias descargas de fusiles y pistolas, cayó muerta con un impacto de bala en su cabeza la niña de 10 años María Edilma Zapata, quien huía aterrorizada por la balacera que el ejército desplegaba contra los trabajadores. Esta niña era hija del obrero y sindicalista de la fábrica Cementos El Cairo, Luis Eduardo Zapata, quien había sido detenido esa mañana en desarrollo de uno de los primeros altercados ocurridos en la carpa de los obreros. La persecución prosiguió. El ejército empezó a allanar domicilios, en busca de los obreros, mientras otros pelotones de soldados se dispersaban por el hospital, el camino del Cauca, los cafetales, los almendros y el llano, continuando con la masacre. Los obreros estaban acorralados y muchos habían sido concentrados por el ejército en las carpas de la huelga.
Otros muertos y heridos se encontraban en cercanías de la bomba de gasolina Codi, enfrente y diagonal al Hospital Santa María, en el cafetal, y en las calles del barrio obrero, denominado Los Almendros. La masacre finalizó a las 5:30 pm aproximadamente. A las 6 de la tarde, cuando la noche comenzaba a caer, los comandantes del operativo dieron la orden de pasar las volquetas con el clinker, cuando todavía estaba fresca la sangre de los obreros cementeros que habían sido masacrados. Sin embargo, el cobarde ataque del ejército sobre la población de Santa Bárbara se extendió hasta las 7 de la noche cuando se decretó el toque de queda. Entre las 6 y las 7 de la noche los militares patrullaban las calles de Santa Bárbara, allanaban casas y capturaban a los líderes de la huelga.
En Santa Bárbara unas 80 personas fueron privadas de su libertad y en varios vehículos fueron trasladadas al Batallón Girardot. Incluso, el ejército empleó un bus de color rojo, propiedad de Cementos El Cairo, para transportar a los detenidos. Se capturaba en forma indiscriminada a todos los habitantes de Santa Bárbara. El balance final de ese trágico sábado 23 de febrero de 1963 fue terrible: 12 muertos, más de cien heridos y decenas de detenidos.
Los responsables y la impunidad
A las ocho de la noche de ese sábado sangriento, la gobernación de Antioquia negó que en Santa Bárbara haya habido una masacre y expidió un comunicado en el que aseguraba que el ejército “fue atacado sorpresivamente en un punto vecino a Santa Bárbara. El ataque se hizo desde los barrancos de la carretera, desde los cafetales, y desde la misma vía y en él se usaron revólveres, fusiles, armas automáticas y piedras. Las Fuerzas Armadas repelieron el ataque y del choque resultaron tres sub-oficiales heridos con bala, ocho soldados con piedra, ocho muertos civiles, entre ellos una niña que recibió una pedrada, y numerosos heridos más”.
Así se fraguaban las mentiras oficiales para justificar la masacre y responsabilizar a los trabajadores de una supuesta emboscada al ejército. Era también el comienzo de la impunidad, como producto de la cual los responsables directos de la masacre se presentaban como defensores de la patria contra los “embates del comunismo internacional”. Entre esos responsables se encuentran el gobernador de Antioquia, Fernando Gómez Martínez, dueño de El Colombiano, un periódico desde donde se calumnió a los huelguistas; los militares, que cumplieron el papel de rompehuelgas y accionaron sus armas contra pacíficos habitantes de Santa Bárbara; Belisario Betancur, Ministro de Trabajo, quien respaldó a la empresa cementera; Eduardo Uribe Botero, Ministro de Gobierno y accionista de Cementos El Cairo; las camarillas sindicales de la UTC y la CTC, por su complicidad directa con la política antiobrera del Frente Nacional…
El crimen cometido por estos personajes quedó en la impunidad absoluta puesto que la “exhaustiva investigación” que se realizó los declaró inocentes y como compensación por sus “múltiples servicios a la patria” (es decir al capitalismo criollo) fueron premiados con altos cargos en la administración pública, tales como embajadores en Washington, Ministros y uno de ellos alcanzó la Presidencia de la República, y fue responsable directo en la masacre del Palacio de Justicia en 1985.
La pregunta final es obvia: ¿podía haber investigación imparcial en el proceso de Santa Bárbara bajo un régimen antidemocrático, excluyente, represivo y anticomunista que observaba cualquier protesta social como una acción subversiva contra el Estado? Evidentemente no, la investigación fue toda una farsa y nunca se condenó a los responsables de la masacre. Más exactamente, nunca se realizó una investigación de verdad, sino un simple simulacro, por lo demás propio de un país de leguleyos santanderistas.
Con en este caso se comprueba que los actos judiciales no pueden convertirse en veredictos de tipo histórico, porque como lo ha dicho Carlo Ginzburg: “Un historiador tiene el derecho de percibir un problema allí donde un juez decidiría un ‘no ha lugar a proceder’”.
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