Mientras que varios casos de ejecuciones extrajudiciales siguen en la impunidad, Caracol Radio conoció nuevas denuncias por presuntos 'falsos positivos' que ocurrieron en 2012.
A cinco años de conocerse la historia de los jóvenes de Soacha que fueron presentados como guerrilleros muertos en combate, Caracol Radio constató el evidente grado de impunidad en el que están varios de los procesos por el asesinato de estas víctimas, pero además conoció nuevas denuncias por presuntos'falsos positivos' que ocurrieron el año pasado.
Las desapariciones en el caso Soacha comenzaron en enero de 2008 y hasta el momento sólo se han registrado dos condenas: una en el caso de Daniel Pesca y deEduardo Garzón, proferida por el Juzgado Tercero Especializado de Bucaramanga contra el coronel Wilson Javier Castro, y otros siete militares; y la otra en el caso de Farid Leonardo Porras, en contra del mayor Marco Wilson Quijano y el teniente Diego Aldair Vargas, así como cuatro soldados. Sin embargo hay otros cinco procesos, con un total de 13 víctimas que se encuentra en etapa de juicio e incluso, ni siquiera se ha hecho imputación.
Uno de estos procesos es el de Mario Alexander Arenas. Este caso permaneció en la Justicia Penal Militar y luego fue trasladado a la Fiscalía que en mayo de 2010 se comprometió a juntar el expediente por homicidio que tenía un fiscal enBucaramanga, con el proceso que adelantaba otro fiscal de DD.HH. en Bogotá. Esto nunca ocurrió y aún no hay fecha para imputación de cargos.
El proceso más grande por estos 'falsos positivos' de Soacha tiene que ver con ladesaparición de cinco jóvenes, y aunque ya se encuentra en juicio, ha durado más de un año en esta etapa en medio de dilaciones y prorrogas, con los 17 implicados en libertad por vencimiento de términos.
De este grupo, los que permanecen detenidos están en prisión pero por otros procesos, como es el caso del coronel Gabriel de Jesús Rincón, el mayorHenry Mauricio Blanco, y el cabo Manuel Zorrilla. Los motivos de las dilaciones los explicó la abogada Beatriz Sánchez, quien representó a la familia de Diego Alberto Tamayo, una de las víctimas.
"Uno de los motivos es ponerse de acuerdo en fechas con tantos sujetos procesales. También existe otro problema y es que en este proceso coinciden los sujetos procesales como los fiscales, que también están llevando las otras acusaciones, y también existe una sola sala para los juzgados especializados de Cundinamarca", dijo.
Pero aparte de los 'falsos positivos' de Soacha también encontramos nuevos registros de lo que podrían ser nuevos casos de ejecuciones extrajudiciales.
Hay que decir que incluso el mismo presidente Juan Manuel Santos durante una declaración hecha en diciembre aseguró que no se habían vuelto a registrar más casos, sin embargo, según cifras del Cinep, en 2012 se registraron 23 denuncias por presunto homicidio en persona protegida. Las estadísticas coinciden con elObservatorio de Derechos Humanos de la Coordinación Colombia-Europa, bajo la coordinación de Alberto Yepes.
"Pero nos preocupa también que en muchos casos, cuando las tropas han sido encontradas cometiendo asesinatos, personas que inicialmente trataron de ser presentadas como simples falsos positivos, han pasado a presentarse con otra versión, mostrándose como errores militares en los que buscan conciliar rápidamente con las familias, y otra modalidad que nos preocupa son lasejecuciones extrajudiciales por uso excesivo de la fuerza en la que especialmente encontramos preocupante la vinculación de miembros de la Policía en este caso de civiles", dijo Yepes.
El balance final es poco alentador.
Según cifras de la Dirección Nacional de Fiscalías, por el antiguo Sistema Penal se adelantan 212 procesos, de los cuales 80 se encuentran en etapa de investigación previa, 123 en instrucción o preparación, nueve en juicio y solo se han proferido cuatro condenas contra 20 militares; mientras que en el actual sistema penal acusatorio hay un total de 182 procesos, de los cuales 165 está en indagación, uno en etapa de investigación, 12 en juicio y cuatro condenas con 17 personas condenadas, lo que representa una impunidad del 98% de las Fiscalías seccionales, mientras que en la Unidad de Derechos Humanos hay un total de 1.872 investigaciones, con 623 personas condenadas.
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