 |
"Si no hay hechos de orden público, no hay trabajo. Por eso el secuestro y la posterior liberación por parte de la guerrilla de las FARC (las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) del periodista francés Romeo Langlois (mayo 2012) fue excepcionalmente bueno", enfatizó Sánchez.
El valor por nota ronda el equivalente a 140 dólares, que se abona "aunque no la publiquen", aclaró. Sin embargo, para acceder al pago de su trabajo, debe demostrar al canal (la empresa propiedad del medio) que paga por su seguridad social: atención en salud, ahorro jubilatorio y riesgos profesionales, una suma de aportes que rodea un mínimo equivalente a 100 dólares mensuales.
Pero la situación es aun más compleja en las zonas con mucha presencia de grupos paramilitares de extrema derecha, como el noroccidental departamento de Antioquia.
Esos y otros testimonios y conclusiones surgen tras la exposición de experiencias periodísticas durante el lanzamiento del "Índice de libertad de expresión y acceso a la información pública", elaborado por el no gubernamental Proyecto Antonio Nariño (PAN), con aportes interinstitucionales y cooperación internacional.
El director del canal público regional Teleantioquia Noticias, Juan Pablo Barrientos, detalló a IPS que, cuando lanzaron "una convocatoria para cubrir corresponsalías de 40 municipios, respondieron en su mayoría campesinos" que solo portaban experiencia.
"Por colaboración se pagan 100.000 pesos (unos 55 dólares) y, en paralelo, el canal se interesa en la profesionalización de sus contratados, con programas estatales como el de la Universidad Abierta y a Distancia".
Pero, ¿se califica y se garantiza un buen periodismo bajo esas condiciones?, preguntó IPS.
"No tenemos presupuesto, por un lado, y por otro, confirmamos que muchos profesionales temen trabajar en regiones (del interior del país), a veces hasta a siete horas en automóvil de distancia de Medellín" (la capital departamental), continuó Barrientos.
"En casos complejos enviamos periodistas de Medellín. Y siempre estoy atento al acontecer, a cómo están los corresponsales, y a confirmar hechos, porque a veces, por afán de protagonismo, se quedan con los rumores callejeros", aseguró Barrientos.
La descripción de situaciones fue la base para la elaboración del informe, descrito como una "construcción colectiva, con participación de casi 200 periodistas, directores de medios de comunicación e investigadores sociales del país, quienes validaron la herramienta".
Con 42 variables, el estudio divulgado el martes 11 en Bogotá desarrolla cuatro puntos principales: acceso a la información, ambiente para la libertad de expresión, agresiones directas e impunidad.
"El puntaje más bajo registrado por Colombia en esa escala ascendente de uno a 100 es la lucha contra la impunidad, mientras que la respuesta de la justicia a los casos de agresiones y asesinatos a periodistas obtuvo 12 puntos", reza el documento.
"Frente a la concentración de medios de comunicación en Colombia, se evidenció que Bogotá es el distrito que ostenta la mayor cantidad respecto del resto del país, en tanto que en el otro extremo se ubican las regiones Orinoquia/Amazonia, en el sudeste del país, y Pacífica, a lo largo de la costa con el océano Pacifico", indicó Barrientos.
El directivo definió, además, "al Caribe como la región con el más alto índice de agresiones a medios de comunicación, reportando en 2011 dos ataques a la infraestructura a medios radiales: uno en Cesar y otro en Magdalena". "Por su parte, en las regiones Central y Oriente se registraron dos hechos por obstrucción o 'hackeos' a medios de comunicación".
Si bien el informe toma datos de 2011, en la presentación se mencionaron 27 casos confirmados este año, entre ellos dos graves que señalan a la policía en ataques a dos periodistas.
En octubre, Ana María García, reportera gráfica del periódico El Tiempo, fue agredida por un policía mientras cubría el accidente de un autobús articulado de servicio público. El comandante de la fuerza, Luis Eduardo Martínez, ofreció perdón en público.
También tres policías, ahora destituidos, están involucrados en la causa por la muerte en noviembre del periodista Guillermo Quiroz, luego de cubrir una protesta contra la empresa petrolera canadiense Pacific Rubiales en Sincelejo, capital del norteño departamento de Sucre. Falleció por las heridas causadas al caer de un vehículo policial.
En consecuencia, la abogada y periodista María Teresa Herrán enfatizó en la necesidad urgente de trascender los diagnósticos y empezar a actuar.
"¿Cómo? Repensando las prioridades de las asociaciones de periodistas. Llevamos demasiados años hablando de impunidad. Tenemos que renovarnos. Salir de las definiciones conocidas como es la impunidad. Es hora de encaminarnos hacia el cambio de mentalidades y estructuras", dijo Herrán.
"Es difícil luchar contra la concentración de los medios en pocas manos, pero sí podemos insistir en el pago justo a los periodistas, en el reconocimiento de sus prestaciones sociales. Debemos consolidar redes de alerta y acciones similares, porque de lo contrario no llegaremos nunca al meollo del asunto", concluyó Herrán.
Publicar un comentario