Abro comillas, punto aparte.
“Los blancos de Cartagena que, mayormente son negros, nunca van a permitir que uno que no sea de ellos, de su clase, los gobierne. Si uno de abajo llega a ser alcalde, ¡nanay!, lo tumban. Y si es morocho o de la orilla, ahí mismo le caen los blanquitos del corralito”.
Otra vez comillas, punto aparte.
“Mire usted lo que pasó con Campo. Ganó la Alcaldía de Cartagena, pero era de la popular. Y para rematar, moreno y maluco, por eso lo sacaron. Mejor dicho, lo mataron de pena moral, no de cáncer como dicen. Esto en Cartagena es teso, mi hermano”.
El monologo que acabo de oír es del taxista que me transporta del aeropuerto de Cartagena a Bocagrande, y tiene ocurrencia el jueves 18 de mayo, al oírme leer en voz alta el titular de primera página de aquel día de El Universal, de Cartagena: “Suspendido Manolo (sic)”.
“POR TRES MESES”, continuaba dicho titular. Y seguía: “La Procuraduría separó del cargo al alcalde Manolo Duque luego de la tragedia de Blas de Lezo (sic)”.
Hasta aquí, la noticia que dio pie para el monólogo de un cartagenero que cree que la suspensión de su alcalde por la Procuraduría tiene, más allá de las razones legales que hubiesen concurrido, una y de peso en este preámbulo de elecciones: la política.
Y tratándose de Cartagena D. T. y C., sí que tal razón viene a ser la determinante, conjugada con la apetencia irreductible de los filibusteros de nuevo cuño, menos ingleses ahora que españoles, que, al igual que en los tiempos del candil y de la espada, siguen abordando impunes las rentas públicas de La Heroica desde los jabeques de la corrupción.
Para servir y soportar todo un sistema virreinal de linajes espurios, clases y castas, en cuyo provecho y fines se estructura, sustenta y reproduce todo tipo de exclusiones, discriminaciones y marginalidades políticas, sociales, raciales, étnicas, económicas y culturales, y sobre las cuales se erige, gobierna, administra y devasta, el poder que somete a Cartagena y la subordina en su exclusivo, excluyente y discriminatorio interés; en la vergonzante condición de servidumbre.
En tanto la suspensión de Manolo Duque, alcalde de Cartagena, operó vía fast track, una vuelta a la página de la historia en casos parecidos al suyo bien puede ayudar a comprender el monólogo del taxista.
En Mocoa, Putumayo, una avalancha sepulta cientos de personas: toda una tragedia humana, social, económica, de salud pública; se decreta el luto, la emergencia económica, la calamidad pública, se clama por la solidaridad nacional e internacional.
Sin embargo, ni al presidente, ni al gobernador, ni al alcalde, ni al ministro de Ambiente, ni al director nacional de Riesgos y Desastres se les ha suspendido o vinculado a investigación alguna.
Tragedia de Armero, 1985: miles de muertos, tragedia nacional, catástrofe humana, económica y social. Ni entonces ni ahora ni nunca se han imputado responsabilidades de ningún tipo a quienes, desde el presidente de la República, pasando por el gobernador del Tolima, ministros, director del IDEAM, etc. ejercían autoridad política y/o administrativa, igual que Manolo Duque, alcalde de Cartagena.
Edificio Space, Medellín, 2013: muertos, tragedia social, económica, emocional; probables fallas humanas y técnicas, pero ni el alcalde de Medellín, ni el gobernador de Antioquia, ni el ministro de Vivienda, ni nadie que haya tenido que ver con el diseño, cálculos y construcción del inmueble afectado han sido llamados o vinculados a una investigación, suspendidos o condenados.
Y tenían igual o mayor responsabilidad que Manolo Duque en el desplome del edificio Portal II de Blas de Lezo.
Entre tantos intereses en juego en Cartagena: políticos, económicos, lucha por el poder, discriminación racial y étnica, exclusión política, social e inequidad, es de creer que el taxista del monólogo tenga razón.
¿Usted qué opina?
* Poeta y columnista.
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