Por Lucía Serrano
La clase dirigente del país ha querido ligar el conflicto principalmente a la existencia de la insurgencia. Sin embargo, el pueblo colombiano ha vivido el conflicto y la violación de DDHH de mano de otros actores, entre ellos la Policía Nacional y su cuerpo antidisturbios -ESMAD-. La discusión sobre las acciones humanitarias que en el marco de una solución política deben realizar tanto la insurgencia como el Establecimiento, deben partir de esta realidad de responsabilidad y superar el abuso policial.
Una institución en caída libre
Cuando salió a la luz el escándalo de corrupción de la Policía, conocido como la comunidad del anillo, no hubo sorpresas para la sociedad colombiana. En el imaginario de las mayorías la Policía Nacional es una institución corrupta, fácilmente sobornable y abusiva con la población. Si bien en los últimos años, se ha tratado de limpiar su imagen, los constantes casos de abuso denunciados por organizaciones de derechos humanos, especialmente del Escuadrón Móvil Antidisturbios- ESMAD- y la corrupción inherente a toda la cadena de mando, no lo han permitido.
El enfoque de seguridad ciudadana que privilegia la vinculación de la ciudadanía a través de redes de informantes y escuelas de policía cívica para niños, así como la existencia de estaciones de Policía de zonas rurales cerca de centros religiosos o educativos, son formas de vincular la población al conflicto. De estas formas de vinculación, la policía también saca réditos, brindando información de la red a los mismos delincuentes, brindando protección y evitando capturas, como lo demuestra el caso del Bronx en Bogotá.
Para la sociedad el abuso policial es diario. Ejemplo son las detenciones masivas de vendedores ambulantes sin devolución de sus mercancías, la corrupción de los policías de tránsito en calles y carreteras, especialmente en las épocas navideñas y las retenciones ilegales callejeras por sospecha. En la Unidad Permanente de Justicia los detenidos son sometidos a requisas desnudos, se presentan agresiones constantes y no se cuenta con equipos médicos.
Al ser el conflicto de carácter social y político, es necesaria la revisión de una institución que está en caída libre como paso fundamental para el respeto de los derechos humanos.
La Policía como actor del conflicto armado
Las organizaciones sociales que en los territorios han luchado contra la consolidación del modelo neoliberal, oponiéndose a la minería transnacional, la explotación petrolera, la privatización y expropiación de tierras y reivindicando los derechos sociales, han tenido que vivir con el estigma de ser insurgentes no solo por parte del Ejército, sino de la Policía Nacional y sus cuerpos de investigación, lo que conlleva a una ruptura cada vez mas notoria del tejido social.
La ONG Human Right Watch señaló la vinculación de 5 militares y policías en ascenso para el 2016 a hechos de ejecuciones extrajudiciales, lo que ejemplifica el accionar conjunto de las Fuerzas Armadas en el desarrollo de actividades delictivas con justificación del conflicto armado. De igual manera sucedió en la Operación Orión donde la policía metropolitana y la policía de Antioquia acompañaron a Fuerzas Militares y paramilitares en la ejecución de Desapariciones Forzadas, Desplazamiento Forzado, Violencia sexual, entre otros delitos.
Por otro lado, El ESMAD ha sido el cuerpo encargado de reprimir las protestas en contra del modelo de desarrollo y en los últimos años ha sido responsable de los asesinatos de lideres sociales, los cuales se encuentran en la actualidad en total impunidad. Solo en el año 2016 fue responsable de asesinato de dos lideres indígenas y un líder campesino en el paro agrario, el asesinato de un estudiante de la Universidad Distrital de Bogotá y las agresiones a cientos de personas en los paros agrario, camionero y minero que se presenciaron en ese mismo año.
La profundización del conflicto social: Código de Policía
Contrario a lo que se esperaría de una decisión propicia para el clima de paz, el Gobierno Nacional se empeña en contradecirse con la aprobación del Código de Policía. Un código que tiene mas de 30 demandas en curso porque profundiza el autoritarismo y la violación de los derechos humanos contra la población colombiana, es necesariamente un obstáculo para la paz.
Las multas por ocupación “ilegal” del espacio público, demuestran una concepción del mismo donde lo que prima es la pulcritud y no el disfrute de la ciudadanía. En ésta no se brindan alternativas viables para quienes ocupan el espacio permanentemente, constituyéndose en una violación del Derecho al trabajo y a los Derechos Humanos en el caso de vendedores ambulantes y habitantes de calle, pues permite profundizar el abuso policial (históricamente demostrado) a estas poblaciones.
La posibilidad de que la Policía Nacional pueda entrar a viviendas y centros educativos sin autorización previa deja en manos de cada miembro de la institución la decisión sobre cuando debe actuar y cual es una conducta contraria a la convivencia que justifica su accionar. La violación de la privacidad y el posible abuso policial es inminente bajo la mínima sospecha o la justificación policial.
Lo mismo sucede en el caso de las protestas sociales, que de nuevo criminalizadas, son propensas a la intervención desmedida de agentes, que bajo el pretexto de un articulo de dicho código que señala que “agredir, irrespetar o desafiar a un policía” es una falta grave, puede no solo generar multas contra quienes se defienden del abuso sino a permitir su continuidad.
En últimas, el nuevo Código de Policía todo lo multa o lo regula. Una sociedad donde el poder y el control policial adquiere mayor discrecionalidad para desarrollar sus funciones, hace aumentar el drama que hoy vive pueblo del miedo a la sanción y las violaciones de derechos humanos. Esta debe ser sin duda una discusión necesaria sobre el significado de los cambios humanitarios que requiere una solución política del conflicto.
Una institución en caída libre
Cuando salió a la luz el escándalo de corrupción de la Policía, conocido como la comunidad del anillo, no hubo sorpresas para la sociedad colombiana. En el imaginario de las mayorías la Policía Nacional es una institución corrupta, fácilmente sobornable y abusiva con la población. Si bien en los últimos años, se ha tratado de limpiar su imagen, los constantes casos de abuso denunciados por organizaciones de derechos humanos, especialmente del Escuadrón Móvil Antidisturbios- ESMAD- y la corrupción inherente a toda la cadena de mando, no lo han permitido.
El enfoque de seguridad ciudadana que privilegia la vinculación de la ciudadanía a través de redes de informantes y escuelas de policía cívica para niños, así como la existencia de estaciones de Policía de zonas rurales cerca de centros religiosos o educativos, son formas de vincular la población al conflicto. De estas formas de vinculación, la policía también saca réditos, brindando información de la red a los mismos delincuentes, brindando protección y evitando capturas, como lo demuestra el caso del Bronx en Bogotá.
Para la sociedad el abuso policial es diario. Ejemplo son las detenciones masivas de vendedores ambulantes sin devolución de sus mercancías, la corrupción de los policías de tránsito en calles y carreteras, especialmente en las épocas navideñas y las retenciones ilegales callejeras por sospecha. En la Unidad Permanente de Justicia los detenidos son sometidos a requisas desnudos, se presentan agresiones constantes y no se cuenta con equipos médicos.
Al ser el conflicto de carácter social y político, es necesaria la revisión de una institución que está en caída libre como paso fundamental para el respeto de los derechos humanos.
La Policía como actor del conflicto armado
Las organizaciones sociales que en los territorios han luchado contra la consolidación del modelo neoliberal, oponiéndose a la minería transnacional, la explotación petrolera, la privatización y expropiación de tierras y reivindicando los derechos sociales, han tenido que vivir con el estigma de ser insurgentes no solo por parte del Ejército, sino de la Policía Nacional y sus cuerpos de investigación, lo que conlleva a una ruptura cada vez mas notoria del tejido social.
La ONG Human Right Watch señaló la vinculación de 5 militares y policías en ascenso para el 2016 a hechos de ejecuciones extrajudiciales, lo que ejemplifica el accionar conjunto de las Fuerzas Armadas en el desarrollo de actividades delictivas con justificación del conflicto armado. De igual manera sucedió en la Operación Orión donde la policía metropolitana y la policía de Antioquia acompañaron a Fuerzas Militares y paramilitares en la ejecución de Desapariciones Forzadas, Desplazamiento Forzado, Violencia sexual, entre otros delitos.
Por otro lado, El ESMAD ha sido el cuerpo encargado de reprimir las protestas en contra del modelo de desarrollo y en los últimos años ha sido responsable de los asesinatos de lideres sociales, los cuales se encuentran en la actualidad en total impunidad. Solo en el año 2016 fue responsable de asesinato de dos lideres indígenas y un líder campesino en el paro agrario, el asesinato de un estudiante de la Universidad Distrital de Bogotá y las agresiones a cientos de personas en los paros agrario, camionero y minero que se presenciaron en ese mismo año.
La profundización del conflicto social: Código de Policía
Contrario a lo que se esperaría de una decisión propicia para el clima de paz, el Gobierno Nacional se empeña en contradecirse con la aprobación del Código de Policía. Un código que tiene mas de 30 demandas en curso porque profundiza el autoritarismo y la violación de los derechos humanos contra la población colombiana, es necesariamente un obstáculo para la paz.
Las multas por ocupación “ilegal” del espacio público, demuestran una concepción del mismo donde lo que prima es la pulcritud y no el disfrute de la ciudadanía. En ésta no se brindan alternativas viables para quienes ocupan el espacio permanentemente, constituyéndose en una violación del Derecho al trabajo y a los Derechos Humanos en el caso de vendedores ambulantes y habitantes de calle, pues permite profundizar el abuso policial (históricamente demostrado) a estas poblaciones.
La posibilidad de que la Policía Nacional pueda entrar a viviendas y centros educativos sin autorización previa deja en manos de cada miembro de la institución la decisión sobre cuando debe actuar y cual es una conducta contraria a la convivencia que justifica su accionar. La violación de la privacidad y el posible abuso policial es inminente bajo la mínima sospecha o la justificación policial.
Lo mismo sucede en el caso de las protestas sociales, que de nuevo criminalizadas, son propensas a la intervención desmedida de agentes, que bajo el pretexto de un articulo de dicho código que señala que “agredir, irrespetar o desafiar a un policía” es una falta grave, puede no solo generar multas contra quienes se defienden del abuso sino a permitir su continuidad.
En últimas, el nuevo Código de Policía todo lo multa o lo regula. Una sociedad donde el poder y el control policial adquiere mayor discrecionalidad para desarrollar sus funciones, hace aumentar el drama que hoy vive pueblo del miedo a la sanción y las violaciones de derechos humanos. Esta debe ser sin duda una discusión necesaria sobre el significado de los cambios humanitarios que requiere una solución política del conflicto.
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