El ex gobernador de La Guajira, Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez, fue condenado a 55 años de prisión por el juez octavo especializado de Bogotá.
Por: Jorge Eduardo Espinosa - El Espectador
Es la sentencia más larga contra un alto funcionario en la historia del país. El juez lo condenó por tres homicidios: el de Henry Ustáriz, su esposa Yandra Brito (ex alcaldesa de Barrancas, en La Guajira) y Wilfredo Fonseca, conductor de Ustáriz. Dos de los homicidios ocurrieron en el 2008, el otro, el de Brito, en el 2012. La investigación de la Fiscalía determinó, y probó, que el delincuente Gómez fue el determinador de los asesinatos y que fueron los sicarios de su socio, el narcotraficante Marcos de Jesús Figueroa, quienes los cometieron. El homicida Gómez llegó a la gobernación de La Guajira, un departamento acabado por la corrupción y la indiferencia, de la mano del partido político del vicepresidente – candidato Germán Vargas Lleras.
Sabemos hace tiempo que en Colombia no existe la decencia política, que los partidos hacen alianzas con sujetos cuestionables porque siempre valen más los votos que las alertas y los cuestionamientos. Carlos Fernando Galán, director del partido cuando Gómez recibió el aval, pidió en su momento al Consejo Nacional Electoral que se le revocara la inscripción. Perdió la pelea dentro de su partido, y también en la justicia, el Consejo de Estado dio la razón a quienes creían que no era posible revocar la candidatura de Gómez. Galán renunciaría a la dirección del partido días después. Debió renunciar también a un partido que, año tras año, ha sido responsable del permanente robo a La Guajira.
Es cierto que en Colombia la responsabilidad penal es individual, y que penalmente no es posible juzgar al partido Cambio Radical por los crímenes de Kiko Gómez. Cosa distinta es la responsabilidad política y electoral de un partido que sabía, de tiempo atrás, que el señor Kiko Gómez tenía relaciones serias y directas con un narcotraficante. Desde el año 2011 en documentos periodísticos y académicos había indicios de que Gómez y su compinche, alias “Marquitos”, dirigían una empresa criminal, que asesinaban contradictores y traficaban en la frontera entre Colombia y Venezuela. Esa información fue entregada, personalmente, a Juan Manuel Santos y a Germán Vargas Lleras. Siguiendo la lógica uribista de “voten antes de que los pongan presos”, presidente y ministro del Interior contestaron que, a pesar de los indicios, darían el aval a Gómez porque no se podían dar el lujo de perder a un ganador que no estuviera condenado.
Mucho antes de 2011, en 1997, cuando Gómez terminaba su alcaldía en Barrancas, el concejal Luis López Peralta lo acusó de haber quemado la Oficina Jurídica de la Alcaldía para esconder las porquerías de su administración. Días después, Peralta fue asesinado en un hotel. Nada de lo que acá recuerdo fue suficiente para evitar que Santos y Vargas Lleras se abrazaran en público con el homicida Gómez, que posaran felices para la foto en inauguraciones de obras públicas, que le dieran el aval y lo acompañaran en su candidatura a la gobernación de La Guajira. Para el año 2013, el partido Cambio Radical tenía más de 15 congresistas condenados, luego vendría la elección anulada de Oneida Pinto, también en La Guajira, y ahora la condena por homicidio al otrora hijo consentido de Germán Vargas Lleras y sus lagartos de ocasión. Que nadie se equivoque, el partido de quien será candidato a la presidencia en 2018, se ha convertido en el refugio predilecto de los delincuentes que quieren hacer política. De usted depende si, con su voto, da el aval al Partido Bandido Radical.
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