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En Colombia, país con uno los índices de desigualdad social más grandes e impunes del mundo, las personas humildes y marginales tienen el rango de animales y en algunos casos todavía más bajo si se trata de mujeres y niñas.
Es una de las razones por las que Yuliana Samboní, una criatura paupérrima, de siete años de edad, pudo ser secuestrada, violada, torturada y asesinada, en Bogotá, por Rafael Uribe Noguera, un señorito de clase alta al que las propias autoridades, los medios de comunicación y su misma familia estuvieron a punto de poner a salvo de la justicia, a pesar de semejante horror, de no haber sido por una ola irreprimible de indignación nacional, expresada a través de las redes sociales.
El día del crimen, la noticia fue perdiendo importancia en las páginas de los medios de comunicación y en ninguna daban los nombres de los involucrados, excepto el de la niña muerta, cuyos derechos y los de su familia no fueron tenidos en cuenta. El asesino era solamente "un prestigioso arquitecto" y su hermano cómplice "un prestigioso abogado, socio de una prestigiosa firma de abogados". Y así, sucesivamente. En pocas horas, el registro del homicidio fue siendo minimizado mientras el asesino y su familia manipulaban el cadáver de la niñita como si fuera un mueble, borraban las pruebas, engañaban a las indiferentes autoridades y montaban la teoría de que el homicida no estaba en sus cabales y, por tanto, carecía de responsabilidad penal. Algo, en verdad, muy fácil de lograr, si bien la muerta no era más que una "indiecita" y, al final, su familia, con toda seguridad, se callaría para siempre solo con hacerle llegar unos pesos y un par de amenazas. Nada del otro mundo, nada que no ocurra todos los días en Colombia.
Desde hace un año, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó una orden de amparo, de obligatorio cumplimiento, para que el Estado colombiano detenga el exterminio por hambre de la comunidad indígena wayúu (el genocidio más grande del mundo de ese tipo en nuestros días) y no solamente ha sido incumplida sino que durante 2016 el número de muertes, solamente de niños de esa etnia, creció: está por llegar a cien antes del 31 de diciembre próximo y engrosará la cifra global de las últimas décadas, que oscila entre cinco mil y 14 mil criaturas muertas por inanición. A la sombra de aquella decisión internacional, a lo largo de este año han sido dictadas más de 200 órdenes de la justicia interna (dos de ellas de las altas cortes y el resto de tribunales y juzgados) por medio de las cuales también se le ordenó a Colombia detener el genocidio, como lo mandó la CIDH. Pero no pasa nada, las decisiones de los jueces caen sobre los tejados del Gobierno Nacional como el agua de lluvia, que rueda y desaparece entre las alcantarillas. Al fin y al cabo, son solamente "indiecitos".
La idea colombiana general de creer que los más débiles de la sociedad no alcanzan a tener la condición de humanos y por ello mismo carecen de derechos efectivos, proviene, en parte, del arraigado y extendido "derecho de pernada", de origen medieval. Es una práctica histórica de abuso y servidumbre sexual ejercida durante siglos por sacerdotes, hacendados, mayordomos, jefes políticos y empleadores contra mujeres en condición de dependencia y obediencia, tales como indígenas, campesinas, trabajadoras domésticas, inquilinas y otras. Este "derecho" consuetudinario les pertenece a los patrones y por lo general ocurre con el silencio de los padres, los esposos y las comunidades a las que pertenecen las mujeres ofendidas. Todavía hoy, en Colombia la virginidad de las niñas les pertenece a los patrones para los que trabajan sus padres en inmensas zonas rurales. El tenebroso narcotraficante y esmeraldero Víctor Carranza, hasta antes de su muerte, ocurrida hace pocos años, usufructuó sin pausa ni miramientos, como pocos, la prerrogativa de poseer a las adolescentes hijas de todos quienes dependieran de él en sus dominios de los Llanos Orientales y Boyacá. También, el extinto jefe de las FARC alias ‘Raúl Reyes‘ mantuvo enjauladas a niñas indígenas y campesinas vírgenes a quienes usaba de manera exclusiva para satisfacer sus apetitos sexuales. Sostenía que así, el "derecho de pernada" le reducía al máximo las posibilidades de contraer SIDA.
(Esta crónica, sobre la manera como un corrupto dirigente de La Guajira quiso violar impunemente a una niña, permite entender mejor cómo funcionan la mentalidad y la justicia colombianas respeto del "derecho de pernada").
En el caso de la niña Yuliana, el "derecho de pernada" del asesino, Rafael Uribe Noguera, siempre le funcionó. Él mismo y su familia se las arreglaron para sacarlo de problemas cada vez que fue a las barriadas de miseria bogotanas en busca de niñas. Lo había hecho tantas veces que en su casa guardaba prendas de vestir de todas ellas y todavía está por verse a cuántas pudo haber matado en total.
Testigos del humilde vecindario al que pertenecía Yuliana dan cuenta de innumerables rondas de Uribe Noguera en busca de adolescentes y saben que en al menos dos oportunidades anteriores estuvo a punto de llevarse a la niña que finalmente secuestró, torturó, violó y asesinó.
Lo hizo porque su entorno social y familiar, de influencias y recursos, se lo permitía y le daba protección. Ocurrió antes y ocurrió en el caso de la pequeña Yuliana. Sus dos hermanos, Francisco y Catalina Uribe Noguera, ingresaron al apartamento en el que Rafael tenía el cadáver de la niña y durante cinco horas lo movieron y manipularon, como si fuera una mesa, hasta estar convencidos de que habían logrado construir una escena criminal perfecta, favorable al homicida, a quien luego invitaron a consumir una dosis alta de cocaína y otra de alcohol. Así, emprendieron una ronda por hospitales en los que no lo quisieron recibir, hasta llegar a la corrupta Clínica Cardiovascular Navarra, en donde aceptaron ingresarlo en calidad de supuesto enfermo cardíaco y no de desquiciado mental, como pretendieron inicialmente.
Por medio de una cámara callejera, la Policía vio en tiempo real el secuestro de la niña y no hizo nada, pues no era más que una "indiecita". Cuando actuó, como consecuencia la ira de la sociedad, ya era tarde.
Es probable que cuando los hermanos Francisco y Catalina Uribe Noguera entraron al apartamento de Rafael la niña todavía estuviera viva, caso en el cual no le procuraron auxilio. Y si la encontraron muerta, no le informaron a la Policía sino cinco horas después. Francisco, impávido y con la corbata muy bien puesta, ha reconocido públicamente la culpabilidad de su hermano y este último lo ha hecho en distintas manifestaciones: "la embarré, la embarré", le dijo a la Policía. No obstante, ante el juez, airoso, se declaró inocente.
La coartada, urdida por su hermano Francisco Uribe Noguera, un pícaro de siete suelas, no es de extrañar. Es famoso por las triquiñuelas con las que armó una maraña de sociedades piratas con el objeto de violar las leyes sobre tenencia rural de tierras para que la empresa Riopaila pudiera mantener la propiedad ilegal de un gigantesco latifundio en el departamento de Vichada. Hacer gárgaras con la ley es la especialidad profesional de Francisco Uribe Noguera y se esmeró en el caso de su hermano.
Los Uribe Noguera mantienen una oscura maraña de parentescos, compadrazgos, noviazgos, amistades y sociedades que los ligan a prácticamente todas las instancias del poder, incluidas las del bajo mundo. Es por ello que consiguieron mover fichas para que los medios de comunicación, con honrosas excepciones, pusieran una campana neumática sobre el caso para silenciar el homicidio de Yuliana mientras ellos construían la escena del crimen que más les pudiera convenir. Al parecer, no era la primera vez que lo hacían.
Por otro lado, hicieron un pacto de silencio con sus redes de amigos y parientes que les permitió desaparecer contenidos de las redes sociales que habrían servido de pruebas e indicios de muchos crímenes. Una persona que estudió en el colegio Gimnasio Moderno, de Bogotá, con Rafael Uribe Noguera, me contó que fue contactado para pedirle que se mantuviera callado y quitara las fotos y textos esclarecedores que pudiera tener en las cuentas que mantiene en las redes.
El favorecimiento llegó desde la propia Fiscalía General de la Nación que contribuyó con su tardanza para actuar y no ha querido apresar a los hermanos del asesino, con lo cual, a pesar de la multitud de pruebas en su contra como cómplices y encubridores, gozan de libertad plena para seguir manipulando el caso en su favor. Además, no se le ocurrió proteger al conserje del edificio que presenció la mayor parte de los movimientos de los Uribe Noguera y, pocas horas después de haber estallado el escándalo, se "suicidó" de varias puñaladas en el cuello: cuando las primeras debieron haberlo matado tuvo cómo infligirse más para rematarse él mismo.
Cuando Rafael Uribe Noguera estudió arquitectura en la Universidad Javeriana, de Bogotá, presentó una tesis de grado plagiada y no le pasó nada porque su padre, Rafael Uribe Rivera, era el decano y, en vez de reprenderlo, lo encubrió.
Sobre el padre, su discípula Alexa Cuesta, reconocida artista plástica, curadora de arte e investigadora de Cartagena de Indias, declaró al diario colombiano El Universal:
" Solo puedo decir que ese desprecio del hijo por los demás, es de familia. El papá es un ser totalmente perverso [...]. Sus comentarios eran siempre clasistas, denigrantes y despreciativos de la dignidad de la gente. Para él todo era dinero, lo demás no importaba [...] Pienso que hay un hilo conductor en todo esto. El hijo acechó, secuestró, violó, torturó y estranguló a una niña pobre e indígena. Ahora alcanzo a entender algunas cosas, el ex decano tuvo que enseñar a sus hijos a despreciar a los pobres, a que el dinero lo puede comprar todo, a saltarse las normas con tal de conseguir todo. Supe que el hijo plagió su tesis de pregrado y como él era el decano aún, hizo que se disipara la investigación interna y terminó graduándose de arquitecto".
A estas alturas, la niñita asesinada sigue siendo nada más que una "indiecita" a la que le dieron una sepultura mucho más pomposa de la que merecía y hubiera tenido si su asesinato lo hubiera cometido un rufián anónimo. Contó con la suerte de que quien le quitó la vida fue nada menos que Rafael Uribe Noguera y su ataúd tuvo escolta de honor de la misma Policía que no hizo nada para evitar su secuestro y su muerte. Las crónicas de prensa ya no esconden en nombre del asesino. Por el contrario, es mencionado profusamente en relatos y perfiles que cuentan sus virtudes y su simpatía; sus proezas deportivas y sus amistades: dan la idea de un joven descarriado que necesita una segunda oportunidad antes que un castigo, el que en otro país no sería nada menor a la pena de muerte o la cadena perpetua.
Comparto este trino del periodista colombiano Félix de Bedout:
"Asqueante presentar al asesino de Yuliana como un joven díscolo, algo impulsivo, que perdió el norte. Es un criminal brutal y cobarde, ¡un HP!".
El día del crimen, la noticia fue perdiendo importancia en las páginas de los medios de comunicación y en ninguna daban los nombres de los involucrados, excepto el de la niña muerta, cuyos derechos y los de su familia no fueron tenidos en cuenta. El asesino era solamente "un prestigioso arquitecto" y su hermano cómplice "un prestigioso abogado, socio de una prestigiosa firma de abogados". Y así, sucesivamente. En pocas horas, el registro del homicidio fue siendo minimizado mientras el asesino y su familia manipulaban el cadáver de la niñita como si fuera un mueble, borraban las pruebas, engañaban a las indiferentes autoridades y montaban la teoría de que el homicida no estaba en sus cabales y, por tanto, carecía de responsabilidad penal. Algo, en verdad, muy fácil de lograr, si bien la muerta no era más que una "indiecita" y, al final, su familia, con toda seguridad, se callaría para siempre solo con hacerle llegar unos pesos y un par de amenazas. Nada del otro mundo, nada que no ocurra todos los días en Colombia.
Desde hace un año, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó una orden de amparo, de obligatorio cumplimiento, para que el Estado colombiano detenga el exterminio por hambre de la comunidad indígena wayúu (el genocidio más grande del mundo de ese tipo en nuestros días) y no solamente ha sido incumplida sino que durante 2016 el número de muertes, solamente de niños de esa etnia, creció: está por llegar a cien antes del 31 de diciembre próximo y engrosará la cifra global de las últimas décadas, que oscila entre cinco mil y 14 mil criaturas muertas por inanición. A la sombra de aquella decisión internacional, a lo largo de este año han sido dictadas más de 200 órdenes de la justicia interna (dos de ellas de las altas cortes y el resto de tribunales y juzgados) por medio de las cuales también se le ordenó a Colombia detener el genocidio, como lo mandó la CIDH. Pero no pasa nada, las decisiones de los jueces caen sobre los tejados del Gobierno Nacional como el agua de lluvia, que rueda y desaparece entre las alcantarillas. Al fin y al cabo, son solamente "indiecitos".
La idea colombiana general de creer que los más débiles de la sociedad no alcanzan a tener la condición de humanos y por ello mismo carecen de derechos efectivos, proviene, en parte, del arraigado y extendido "derecho de pernada", de origen medieval. Es una práctica histórica de abuso y servidumbre sexual ejercida durante siglos por sacerdotes, hacendados, mayordomos, jefes políticos y empleadores contra mujeres en condición de dependencia y obediencia, tales como indígenas, campesinas, trabajadoras domésticas, inquilinas y otras. Este "derecho" consuetudinario les pertenece a los patrones y por lo general ocurre con el silencio de los padres, los esposos y las comunidades a las que pertenecen las mujeres ofendidas. Todavía hoy, en Colombia la virginidad de las niñas les pertenece a los patrones para los que trabajan sus padres en inmensas zonas rurales. El tenebroso narcotraficante y esmeraldero Víctor Carranza, hasta antes de su muerte, ocurrida hace pocos años, usufructuó sin pausa ni miramientos, como pocos, la prerrogativa de poseer a las adolescentes hijas de todos quienes dependieran de él en sus dominios de los Llanos Orientales y Boyacá. También, el extinto jefe de las FARC alias ‘Raúl Reyes‘ mantuvo enjauladas a niñas indígenas y campesinas vírgenes a quienes usaba de manera exclusiva para satisfacer sus apetitos sexuales. Sostenía que así, el "derecho de pernada" le reducía al máximo las posibilidades de contraer SIDA.
(Esta crónica, sobre la manera como un corrupto dirigente de La Guajira quiso violar impunemente a una niña, permite entender mejor cómo funcionan la mentalidad y la justicia colombianas respeto del "derecho de pernada").
En el caso de la niña Yuliana, el "derecho de pernada" del asesino, Rafael Uribe Noguera, siempre le funcionó. Él mismo y su familia se las arreglaron para sacarlo de problemas cada vez que fue a las barriadas de miseria bogotanas en busca de niñas. Lo había hecho tantas veces que en su casa guardaba prendas de vestir de todas ellas y todavía está por verse a cuántas pudo haber matado en total.
Testigos del humilde vecindario al que pertenecía Yuliana dan cuenta de innumerables rondas de Uribe Noguera en busca de adolescentes y saben que en al menos dos oportunidades anteriores estuvo a punto de llevarse a la niña que finalmente secuestró, torturó, violó y asesinó.
Lo hizo porque su entorno social y familiar, de influencias y recursos, se lo permitía y le daba protección. Ocurrió antes y ocurrió en el caso de la pequeña Yuliana. Sus dos hermanos, Francisco y Catalina Uribe Noguera, ingresaron al apartamento en el que Rafael tenía el cadáver de la niña y durante cinco horas lo movieron y manipularon, como si fuera una mesa, hasta estar convencidos de que habían logrado construir una escena criminal perfecta, favorable al homicida, a quien luego invitaron a consumir una dosis alta de cocaína y otra de alcohol. Así, emprendieron una ronda por hospitales en los que no lo quisieron recibir, hasta llegar a la corrupta Clínica Cardiovascular Navarra, en donde aceptaron ingresarlo en calidad de supuesto enfermo cardíaco y no de desquiciado mental, como pretendieron inicialmente.
Por medio de una cámara callejera, la Policía vio en tiempo real el secuestro de la niña y no hizo nada, pues no era más que una "indiecita". Cuando actuó, como consecuencia la ira de la sociedad, ya era tarde.
Es probable que cuando los hermanos Francisco y Catalina Uribe Noguera entraron al apartamento de Rafael la niña todavía estuviera viva, caso en el cual no le procuraron auxilio. Y si la encontraron muerta, no le informaron a la Policía sino cinco horas después. Francisco, impávido y con la corbata muy bien puesta, ha reconocido públicamente la culpabilidad de su hermano y este último lo ha hecho en distintas manifestaciones: "la embarré, la embarré", le dijo a la Policía. No obstante, ante el juez, airoso, se declaró inocente.
La coartada, urdida por su hermano Francisco Uribe Noguera, un pícaro de siete suelas, no es de extrañar. Es famoso por las triquiñuelas con las que armó una maraña de sociedades piratas con el objeto de violar las leyes sobre tenencia rural de tierras para que la empresa Riopaila pudiera mantener la propiedad ilegal de un gigantesco latifundio en el departamento de Vichada. Hacer gárgaras con la ley es la especialidad profesional de Francisco Uribe Noguera y se esmeró en el caso de su hermano.
Los Uribe Noguera mantienen una oscura maraña de parentescos, compadrazgos, noviazgos, amistades y sociedades que los ligan a prácticamente todas las instancias del poder, incluidas las del bajo mundo. Es por ello que consiguieron mover fichas para que los medios de comunicación, con honrosas excepciones, pusieran una campana neumática sobre el caso para silenciar el homicidio de Yuliana mientras ellos construían la escena del crimen que más les pudiera convenir. Al parecer, no era la primera vez que lo hacían.
Por otro lado, hicieron un pacto de silencio con sus redes de amigos y parientes que les permitió desaparecer contenidos de las redes sociales que habrían servido de pruebas e indicios de muchos crímenes. Una persona que estudió en el colegio Gimnasio Moderno, de Bogotá, con Rafael Uribe Noguera, me contó que fue contactado para pedirle que se mantuviera callado y quitara las fotos y textos esclarecedores que pudiera tener en las cuentas que mantiene en las redes.
El favorecimiento llegó desde la propia Fiscalía General de la Nación que contribuyó con su tardanza para actuar y no ha querido apresar a los hermanos del asesino, con lo cual, a pesar de la multitud de pruebas en su contra como cómplices y encubridores, gozan de libertad plena para seguir manipulando el caso en su favor. Además, no se le ocurrió proteger al conserje del edificio que presenció la mayor parte de los movimientos de los Uribe Noguera y, pocas horas después de haber estallado el escándalo, se "suicidó" de varias puñaladas en el cuello: cuando las primeras debieron haberlo matado tuvo cómo infligirse más para rematarse él mismo.
Cuando Rafael Uribe Noguera estudió arquitectura en la Universidad Javeriana, de Bogotá, presentó una tesis de grado plagiada y no le pasó nada porque su padre, Rafael Uribe Rivera, era el decano y, en vez de reprenderlo, lo encubrió.
Sobre el padre, su discípula Alexa Cuesta, reconocida artista plástica, curadora de arte e investigadora de Cartagena de Indias, declaró al diario colombiano El Universal:
" Solo puedo decir que ese desprecio del hijo por los demás, es de familia. El papá es un ser totalmente perverso [...]. Sus comentarios eran siempre clasistas, denigrantes y despreciativos de la dignidad de la gente. Para él todo era dinero, lo demás no importaba [...] Pienso que hay un hilo conductor en todo esto. El hijo acechó, secuestró, violó, torturó y estranguló a una niña pobre e indígena. Ahora alcanzo a entender algunas cosas, el ex decano tuvo que enseñar a sus hijos a despreciar a los pobres, a que el dinero lo puede comprar todo, a saltarse las normas con tal de conseguir todo. Supe que el hijo plagió su tesis de pregrado y como él era el decano aún, hizo que se disipara la investigación interna y terminó graduándose de arquitecto".
A estas alturas, la niñita asesinada sigue siendo nada más que una "indiecita" a la que le dieron una sepultura mucho más pomposa de la que merecía y hubiera tenido si su asesinato lo hubiera cometido un rufián anónimo. Contó con la suerte de que quien le quitó la vida fue nada menos que Rafael Uribe Noguera y su ataúd tuvo escolta de honor de la misma Policía que no hizo nada para evitar su secuestro y su muerte. Las crónicas de prensa ya no esconden en nombre del asesino. Por el contrario, es mencionado profusamente en relatos y perfiles que cuentan sus virtudes y su simpatía; sus proezas deportivas y sus amistades: dan la idea de un joven descarriado que necesita una segunda oportunidad antes que un castigo, el que en otro país no sería nada menor a la pena de muerte o la cadena perpetua.
Comparto este trino del periodista colombiano Félix de Bedout:
"Asqueante presentar al asesino de Yuliana como un joven díscolo, algo impulsivo, que perdió el norte. Es un criminal brutal y cobarde, ¡un HP!".
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