No debe sorprender que el presidente del gremio ganadero se oponga a la restitución de tierras.
Por: Salomón Kalmanovitz
Pretende ocultar las víctimas del conflicto sustituyéndolas por algunos presuntos poseedores de buena fe, para negar que el desplazamiento forzoso expropió cerca de siete millones de hectáreas y afectó a 700.000 familias.
Según el Censo Agropecuarios de 2014, las unidades mayores de 1.000 hectáreas representan el 0,2 % del total, pero poseen el 74 % del área agropecuaria, mientras que las menores de cinco hectáreas cuentan sólo con el 2 % del área. Es notoria la reducción de la participación de las unidades de entre cinco y cincuenta hectáreas de extensión: en 1970 eran 32 % del total, pero en 2014 fueron solo el 23 % de las unidades, reflejo del desplazamiento de la clase media campesina, moderna y eficiente, de que ha dado cuenta Ana María Ibáñez. Esas propiedades están hoy básicamente en manos de palmicultores y ganaderos que no están dispuestos a devolverlas, aduciendo que fueron adquiridas, según ellos mismos y el procurador, de buena fe.
Lafaurie se ha distinguido por llevar su gremio a la bancarrota, mediante inversiones en unos frigoríficos que carecieron de planeación y de buenas prácticas, y con el despilfarro de las contribuciones que entregan 400.000 ganaderos para su mejoramiento. Lo tienen demandado sus acreedores (el BBVA e IDEA) por ser mala paga. Esto tampoco debe sorprender, pues buena parte de la actividad es premoderna: el hato ganadero tiene hoy 22,6 millones de cabezas, que son las mismas con que se contaba hace 25 años, y aunque ha tenido algunas mejoras por la introducción de técnicas genéticas y en la lechería, no es nada comparable con los avances registrados por la avicultura y la porcicultura, que han abaratado considerablemente la proteína que consume el pueblo colombiano.
Aunque el hato es el mismo, el área de que dispone ha aumentado a 34 millones de hectáreas, o sea cada vaca dispone de una hectárea y media para pastar, bastante más que miles de familias campesinas. Uno como habitante urbano no entiende bien para qué quieren más tierra si la utilizan tan mal. Según el mismo censo de 2014, hay siete millones de hectáreas en cultivos, muchas de ellas en tierras de mala calidad, mientras que la ganadería se guarda 14 millones de hectáreas de vocación agrícola, un desperdicio de recursos de inmensa magnitud. Esa es la razón para que el sector agropecuario colombiano se mantuviera relativamente estancado durante todo el siglo XX. Entre 1997 y 2015 el sector creció 2,2 % anual, mientras que la economía lo hacía al doble. La ganadería es un sector que exporta solo esporádicamente, pues no cuenta con un producto de calidad y libre de aftosa que lo haga deseable en los mercados globales.
A raíz de la concentración de la propiedad y el atraso productivo, las condiciones sociales en el campo son pésimas: el índice de pobreza muldimensional ronda al 50 % de la población campesina; en La Guajira es 84 %, siendo más elevado en las regiones netamente ganaderas que en las demás. La medición se compara mal con Bogotá, donde alcanza el 26 %. El analfabetismo es 23,5 % de la población, frente al 5,7 % que es el promedio nacional; el 82,2 % de los niños campesinos que van a la escuela presentan bajo logro educativo.
Según el censo, el atraso es palpable por doquier: sólo el 16 % de las unidades productivas cuentan con maquinaria, no más del 10 % tiene acceso a la asistencia técnica y apenas el 11 % cuenta con crédito.
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