Cambio Total.
Siempre hemos insistido en el contubernio impúdico entre
funcionarios del Estado, militares y narco-paramilitares que practican el
Terrorismo de Estado en aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN).
Tres casos por lo demás emblemáticos. El asesinato de Jaime
Garzón. El asesinato de Luis Carlos Galán. El feminicidio cometido por las
huestes de Ramón Isaza, narco-paramilitar al mando de esas facciones de
asesinos.
Ahí están retratados. Sin embargo, el Estado como primer y
mayoritario responsable de las violaciones de derechos humanos tiene la
responsabilidad de reconocer y resarcir las más de 1 millón de víctimas. Para
su caso serían más del 83% de las masacres, más del 83,3% de ejecuciones
extrajudiciales, más del 97,7% de las desapariciones y de el 100 de los
desplazamientos forzados.
Si no lo hace demostraría el Estado que su perorata en la
Mesa de La Habana no es más que palabrería insulsa para conseguir en la Mesa lo
que no han podido en el campo de batalla, doblegar la resistencia popular, en
especial de las FARC-EP.
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