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ZIDRES: Contra los campesinos y la Paz.

Written By Unknown on domingo, febrero 07, 2016 | domingo, febrero 07, 2016

Allende La Paz, Cambio Total.

Con bombas y platillos el gobierno de JM Santos lanzó las ZIDRES. No sobra recalcar que las voces que se oponen a la ”nueva” ley son los que siempre han luchado por los derechos de los campesinos. Sin embargo queremos señalar cómo el Ejecutivo ha legislado en contravía de los intereses nacionales si se entiende por nacionales el ferviente deseo de los colombianos de alcanzar la Paz.

Es una constante de los gobiernos colombianos acordar algunas cosas en una Mesa de Negociación y, al tiempo, ir sentando las bases legales para favorecer a la clase oligárquica-terrateniente en contravía de lo acordado. El gobierno está negociando con las FARC-EP el conflicto armado, económico, social y político, y al mismo tiempo ha ido creando espacios para ganar en la Mesa de Negociación lo que no ha podido en el terreno militar, vencer a las FARC.

Así ha sido con el llamado ”Plebiscito” para imponer su concepción de que después de 60 años de guerra ”aquí no ha pasado nada”, mientras las FARC-EP propone para blindar los Acuerdos de la Mesa de La Habana una Asamblea Constituyente. Igualmente, el lanzamiento con ”bombas y platillos” de las llamadas ZIDRES que reforma la ley de Baldíos para poder entregarles en ”concesión” la tierra que debía ir a manos de los campesinos a los ”empresarios agro-industriales”, o sea, a los ricos oligarcas y terratenientes y las multinacionales.

Sigo insistiendo que lo que se está discutiendo en la Mesa de La Habana es el Conflicto Interno colombiano y no solo el conflicto armado como lo prensa burguesa –Caracol, RCN, etc- lo está presentando, al igual que sus altoparlantes desde la ”izquierda”. Si no, que me expliquen los sesudos ”analistas” burgueses si la tenencia de la tierra no es parte del conflicto económico –base fundamental del conflicto interno-, o si la discusión sobre la imprescindible garantía para que las FARC-EP participe en política sin la tenebrosa realidad de ser asesinados y borrados del mapa político –parte fundamental del conflicto interno político-, como sucedió con la Unión Patriótica, no es parte del conflicto interno político… Y así en todos los puntos y aspectos que se han ido discutiendo en la Mesa de La Habana.

Es claro que el gobierno colombiano trata por todos los medios de presentar que su accionar ha resultado triunfador y por ello están sentado en la Mesa de La Habana. Nada más alejado de la realidad. El más grande esfuerzo financiero y militar realizado por los gobiernos colombiano y de los Estados Unidos, el Plan Colombia, fue contenido y superado por las fuerzas insurgentes colombianas. Por ello está el gobierno colombiano –con la venia de su amo gringo- sentado en la Mesa de La Habana, o lo que es lo mismo, el ”empate negativo” logrado por una guerrilla insurgente como las FARC-EP es la derrota de todos los gobiernos colombianos y estadounidenses.

Lo único que tienen los prohijadores del Plan Colombia para mostrar son los miles de miles de civiles asesinados, masacrados, desaparecidos, desplazados. Si de mostrar sinceramente el compromiso de arrepentimiento y no repetición –ellos proponen con la judicialización de los comandantes de las FARC-EP-, y la necesidad de que no haya ”impunidad”, pues los primeros en ir a la Cárcel serían los ex-presidente y presidentes en ejercicio colombianos ya que las frías estadísticas nos muestran que ellos son responsables –como máximos comandantes de las Fuerzas Militares estatales- del 83% de las masacres, del 83,2% de las ejecuciones extrajudiciales (”falsos positivos”), del 97,7% de los desaparecidos, y del 100% de los desplazados, a quienes les han robado 8,2 millones de hectáreas. Igual podríamos decir de los presidentes estadounidenses.

Estadísticas que tienen su corporeidad en los más de 80.000 desaparecidos -22.000  desaparecidos forzados- y la impunidad del 94,4% que rodea este típico delito estatal; de más de 4.000 masacres con más de 12.000 víctimas; más de 3.000 sindicalistas asesinados por políticas estatales; de más de 3.500 jóvenes asesinados mediante los ”falsos positivos” cuando JM Santos y Uribe eran ministro de Defensa y presidente de Colombia; y de más de 6,5 millones de desplazados y la pérdida de más de 8,5 millones de hectáreas.


Definitivamente, los gobiernos colombianos y estadounidenses deberían, por lo menos, hacer un acto de contricción y comprometerse a no repetir estas conductas criminales.
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