Mientras los congresistas huían despavoridos del acuerdo hecho la noche anterior con el presidente Santos para sacar adelante la ley de orden público, las lluvias regresaban al río Atrato cuando ya casi se podía pasar a pie como el Magdalena o el Cauca.
Por: Alfredo Molano Bravo
Despiadado ha sido el Niño con la región más lluviosa del país. Quizás algunos de los parlamentarios tenían cita en un club para contribuir con sus luces a organizar la manifestación que prepara el uribismo para el 2 de abril con el objetivo de atravesársele a la paz. En los ríos de Chocó se reúnen las comunidades para hablar, preguntar e informarse sobre el futuro de sus territorios ancestrales una vez las Farc dejen de serlo y los guerrilleros, muchos nacidos y criados a orillas de esas aguas, dejen los fusiles y se conviertan en ciudadanos plenos. Hay dudas, incertidumbre, desasosiego y al mismo tiempo esperanza. Pero hay voces que se arrastran por los suelos, que nacen en los rincones oscuros y que buscan impedir que las comunidades puedan concebir a la guerrilla sin armas. Más claro: Uribe llama a la gente a pelear —no conoce otro verbo— contra los acuerdos de paz que se construyen en La Habana con el argumento de que se pacta una paz armada. Sus áulicos dicen que las Farc seguirán armadas e impondrán sus leyes para gobernar el país e imponer el comunismo; hacen correr la bola de que, al otro día de la firma, los alzados en armas llegarán con sus tatucos a tomarse las tierras de los Consejos Comunitarios, tierras ancestrales que los negros han luchado para vivir, trabajar y divertirse sin el terror de que la gente blanca llegue a sacarlos. La Ley 70 que creó los consejos comunitarios fue el resultado de una larga lucha contra los intereses que, precisamente, querían esas tierras para sembrarlas de palma aceitera y caña de azúcar, para entregar el oro y la madera a las multinacionales y nombrar gobernadores a Rito Alejo y a alias El Alemán. Ha sido una campaña soterrada, sucia y calculada para que los paramilitares vuelvan a uniformarse y a sacar de sus escondrijos las armas que no sólo no entregaron, sino que nadie les pidió. Hoy ya desfilan armados por Riosucio, Tumaradó, Arquía; amenazan a los pobladores con castigarlos si votan en el plebiscito, impiden reuniones que no hagan ellos, obligan a esconderse a todo dirigente que los desconozca como autoridad, distribuyen propaganda, levantan censos, cierran vías, montan retenes. Lo saben y lo sufren las comunidades del río Atrato, del río San Juan, del río Murrí.
Mientras tanto, el Centro Democrático se rasga las vestiduras con el incidente de Conejo y muestran el hecho como si fuera un adelanto de lo que vendría. Los uribistas están decididos a cerrarles a las guerrillas desarmadas todos los caminos; negarles todo lugar donde puedan rehacer sus vidas, trabajar, tener hijos y, sobre todo, hacer política. La estrategia es cerrarles todas las puertas. El gobernador de Antioquia ha dicho que no permitirá ninguna concentración de guerrilleros en su departamento. Ha dicho lo mismo el alcalde de Carmen de Chucurí, Santander, y no demoran en copiar la figura el gobernador de Magdalena y el alcalde de Ataco, Tolima. El uribismo aprovecha la ignorancia y la confusión sobre lo que se ha logrado en La Habana para inventar mentiras, difundir falacias y sembrar el terror. Saben de cierto que si la paz se afianza, quedarán enterradas sus banderas. El único sitio donde pueden las Farc asentarse sería, según Uribe, la cárcel. O una concentración en la mitad de la manigua.
La extrema derecha se irá con todo lo que tiene —y es mucho lo que sabe manejar— a medida que se acerque la firma de los acuerdos con las Farc y con más fuerza y radicalismo guerrerista lo hará cuando se ratifiquen.
Despiadado ha sido el Niño con la región más lluviosa del país. Quizás algunos de los parlamentarios tenían cita en un club para contribuir con sus luces a organizar la manifestación que prepara el uribismo para el 2 de abril con el objetivo de atravesársele a la paz. En los ríos de Chocó se reúnen las comunidades para hablar, preguntar e informarse sobre el futuro de sus territorios ancestrales una vez las Farc dejen de serlo y los guerrilleros, muchos nacidos y criados a orillas de esas aguas, dejen los fusiles y se conviertan en ciudadanos plenos. Hay dudas, incertidumbre, desasosiego y al mismo tiempo esperanza. Pero hay voces que se arrastran por los suelos, que nacen en los rincones oscuros y que buscan impedir que las comunidades puedan concebir a la guerrilla sin armas. Más claro: Uribe llama a la gente a pelear —no conoce otro verbo— contra los acuerdos de paz que se construyen en La Habana con el argumento de que se pacta una paz armada. Sus áulicos dicen que las Farc seguirán armadas e impondrán sus leyes para gobernar el país e imponer el comunismo; hacen correr la bola de que, al otro día de la firma, los alzados en armas llegarán con sus tatucos a tomarse las tierras de los Consejos Comunitarios, tierras ancestrales que los negros han luchado para vivir, trabajar y divertirse sin el terror de que la gente blanca llegue a sacarlos. La Ley 70 que creó los consejos comunitarios fue el resultado de una larga lucha contra los intereses que, precisamente, querían esas tierras para sembrarlas de palma aceitera y caña de azúcar, para entregar el oro y la madera a las multinacionales y nombrar gobernadores a Rito Alejo y a alias El Alemán. Ha sido una campaña soterrada, sucia y calculada para que los paramilitares vuelvan a uniformarse y a sacar de sus escondrijos las armas que no sólo no entregaron, sino que nadie les pidió. Hoy ya desfilan armados por Riosucio, Tumaradó, Arquía; amenazan a los pobladores con castigarlos si votan en el plebiscito, impiden reuniones que no hagan ellos, obligan a esconderse a todo dirigente que los desconozca como autoridad, distribuyen propaganda, levantan censos, cierran vías, montan retenes. Lo saben y lo sufren las comunidades del río Atrato, del río San Juan, del río Murrí.
Mientras tanto, el Centro Democrático se rasga las vestiduras con el incidente de Conejo y muestran el hecho como si fuera un adelanto de lo que vendría. Los uribistas están decididos a cerrarles a las guerrillas desarmadas todos los caminos; negarles todo lugar donde puedan rehacer sus vidas, trabajar, tener hijos y, sobre todo, hacer política. La estrategia es cerrarles todas las puertas. El gobernador de Antioquia ha dicho que no permitirá ninguna concentración de guerrilleros en su departamento. Ha dicho lo mismo el alcalde de Carmen de Chucurí, Santander, y no demoran en copiar la figura el gobernador de Magdalena y el alcalde de Ataco, Tolima. El uribismo aprovecha la ignorancia y la confusión sobre lo que se ha logrado en La Habana para inventar mentiras, difundir falacias y sembrar el terror. Saben de cierto que si la paz se afianza, quedarán enterradas sus banderas. El único sitio donde pueden las Farc asentarse sería, según Uribe, la cárcel. O una concentración en la mitad de la manigua.
La extrema derecha se irá con todo lo que tiene —y es mucho lo que sabe manejar— a medida que se acerque la firma de los acuerdos con las Farc y con más fuerza y radicalismo guerrerista lo hará cuando se ratifiquen.
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