Por: Hernán CamachoSábado, 13 Diciembre 2014 01:50
El proyecto de ley 133 de 2014, que permite a empresarios y familias poderosas del país acumular tierra de manera ilegal, es la apuesta legislativa más importante para el gobierno.
Cambiar los términos “campesino” por “trabajador del agro” y “gestor” por “empresa asociativa” es una de las formas como se pretende legalizar la expropiación empresarial de tierras baldías en Colombia. Lo que prepara el Congreso de la República, en el proyecto de ley 133 de 2014, por medio del cual se crean las Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico (Zidre), es la maniobra de acaparamiento de tierra más sofisticada y sin precedente en el país.
El proyecto pretende que las tierras baldías, con destinación específica a campesinos sin tierra según ordena la ley 160 de 1994, sean entregadas a proyectos económicos de gran escala; ha sido presentado formalmente para primer debate en la comisión quinta de la Cámara de Representantes, con el visto bueno de los miembros de la Unidad Nacional.
La formulación del proyecto responde a la arquitectura diseñada por el ejecutivo tras hacerse públicos, por la Contraloría General de la República, 14 hallazgos de violación de la ley en adquisición de tierra que involucran al mismo número de grupos empresariales y familias cercanas al gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Un total de 101.180 hectáreas de tierra estarían involucradas en la operación jurídica de compra de baldíos por un valor de 150.378 millones de pesos.
Un gran negocio
Para llegar a adquirir ese considerable número de hectáreas las empresas involucradas acudieron a por lo menos 65 mecanismos ilegales de adquisición, que van desde tradiciones falsas, contratos ilegales de compraventa de baldíos de una persona natural a una jurídica, suplantación, entre otros. El negocio resultó ser tan provechoso que la idea de una burbuja inmobiliaria rural puede ser una realidad, pues llama la atención la valorización que hoy tienen estas tierras cuyo precio oscila en un millón de pesos, cuando hace apenas un par de años era de 35 mil pesos por hectárea.
La acumulación de tierras es tradicionalmente prohibida por la ley colombiana: los artículos 32 y 70 de la ley 160 son muestra de ello, pero también, la ley 135 de 1961 que impone los límites de hectáreas en zonas especiales de difícil acceso, la ley 30 de 1988 que prohíbe la concentración de predios adjudicados colindantes. Y por último la resolución 41 de 1996, emitida por el Ministerio de Agricultura que fija las Unidades Agrícolas Familiares (UAF). Todo ello se subrogará con el proyecto de ley 133.
Por toda Colombia
Con el mito de la ineficiencia campesina para proyectos productivos de desarrollo rural, las Zidre se perfilan como el modelo empresarial que pueda “producir en tierras de baja densidad poblacional, elevados índices de pobreza, limitaciones productivas y de acceso a mercados”. Una descripción laxa de variada aplicación que se extiende más allá de la Orinoquia colombiana, es decir: aspira a replicarse por todo lo ancho del país.
Así lo advierte el senador del Polo Democrático Alberto Castilla, quien denunció que ese mismo modelo ilegal de apropiación se realizó en zona rural de los municipios de Hacarí, La Playa y Tibú en Norte de Santander, con empresas de extracción minera en al menos 280 casos denunciados por el propio superintendente de Notariado y Registro, que pudieron acumular cuatro mil hectáreas. “Eso es blanquear la adquisición ilegal de tierras. Y todo diseñado, orquestado y admitido por el gobierno nacional”, le dijo a VOZ Castilla.
Con el interés de las Zidre puesto en todo el país se prenden las alertas. El senador Castilla agrega: “en Norte de Santander, para usted poder comprar un predio había que levantar una serie de restricciones dadas por ser un escenario de conflicto armado cuyas primeras consecuencias son el desplazamiento de pobladores; esos requisitos eran de alguna manera el mecanismo de protección de bienes para evitar que alguien adquiriera de buena o mala fe la propiedad abandonada. Ahora no existe nada de eso y las empresas dedicadas a la palma y a la explotación petrolera han podido concentrar 140 UAF, y cada una de ellas de 34 hectáreas”.
Sofisticación jurídica
Otra de las argucias jurídicas pretendidas en el proyecto de ley 133 es convertir las tierras acumuladas en Reserva Natural de la Sociedad Civil, figura jurídica de protección reglada por la institución Parques Nacionales, con el objetivo de obtener beneficios tributarios, construir políticas públicas territoriales y además acceder a derechos como el consentimiento previo ante obras de infraestructura, proyectos mineros, entre otros.
En ese sentido, el representante del Polo Democrático Alirio Uribe manifestó que “estas personas que vulneraron la ley 160 de 1994, y que actualmente son investigadas por organismos de control, además de potencialmente acceder a beneficios tributarios, se quieren parecer a las comunidades indígenas y étnicas del país, quienes tienen el derecho a la consulta previa”.
Es el caso de la empresa Palmar de Altamira S.A.S., que hace parte del conglomerado empresarial de Manuelita S.A. y es una de las señaladas de utilizar las Reservas Nacionales de la Sociedad Civil para proteger, dice la denuncia hecha por el Polo Democrático Alternativo, un área de 816 hectáreas de las más de tres mil que comprenden siete predios ubicados en el municipio de Orocué (Casanare), todos producto de adquisición de baldíos. Por medio de este mecanismo se blindaría esa acumulación hasta hoy irregular, pero también permitiría a Manuelita S.A acceder a incentivos tributarios y a la planeación territorial en esa región del oriente del país. Sin duda un modelo de negocio atractivo para el gran capital.
El proyecto de ley 133 es sin duda un palo en la rueda al proceso de paz. Según lo acordado, por la mesa de La Habana entre las FARC-EP y el gobierno nacional, se creará un Fondo de Tierras de distribución gratuita en la perspectiva de regularizar los derechos de propiedad cuya consecuencia directa será la desconcentración de la tierra y su respectiva distribución “equitativa”. “El Fondo se alimentará principalmente de tierras que han sido indebida e ilegalmente adquiridas, y para ello se fortalecerá y aplicará la extinción judicial del dominio y se recuperarán baldíos apropiados y ocupados contraviniendo la legislación vigente”, sentencia el acuerdo sobre el primer punto, Política de Desarrollo Agrario Integral, firmado en junio del pasado año.
Y es que la palabra “vigente” puede ser la razón de fondo para que el gobierno nacional propicie una ley que entorpece la implementación del eventual fondo de tierra, es decir legalizar antes de firmar. Desarrollar proyectos productivos que permitan dejar por fuera esos baldíos de la Orinoquia, especialmente, por fuera del censo rural y así darle seguridad jurídica a los dueños de tales proyectos, entre otros: Luis Carlos Sarmiento Angulo, el grupo Santodomingo y la multinacional Pacific Rubiales.
A eso se oponen sectores del campo como la Cumbre Agraria, Étnica y Popular que actualmente se encuentra negociando un pliego de peticiones para una reforma agraria integral, que tenga en cuenta la construcción territorial desde las expresiones campesinas, indígenas y afros, la preservación del territorio y el desarrollo de figuras como las zonas de reservas campesinas, las zonas agroalimentarias y de biodiversidad, territorios colectivos de afrodescendientes y los resguardos indígenas en función de un nuevo ordenamiento territorial que proteja la producción campesina.
En la imagen,inmensas extensiones de tierra de la Orinoquia se desarrollan los proyectos agroindustriales de poderosos empresarios colombianos.
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