1. Sobre la justicia transicional
“El punto clave, que es el meollo del problema, que es el punto de las víctimas y lo que se llama la justicia transicional. Ahí radica el corazón de esta solución de este conflicto. Lo más difícil. Primero porque han cambiado las circunstancias a nivel mundial, y ya no podemos hacer lo que hicieron en otras épocas: borrón y cuenta nueva, perdonamos a todo el mundo, todo el mundo se va para su casa y todos tan contentos. Eso ya no es posible. Somos parte del entramado internacional, la comunidad internacional, la justicia internacional, el Tratado de Roma. Hoy no se pueden dar así indultos y amnistías, simple y llanamente. Hoy hay que aplicar algo que se llama la justicia transicional, que fue una justicia que el mundo se inventó precisamente para facilitar la solución de conflictos armados, pero sin sacrificar unos principios básicos de las víctimas”.
Presidente Juan Manuel Santos, Universidad de Los Andes, Bogotá, 4 de septiembre de 2014.
Decir “justicia transicional” supone una remisión responsable a la figura procesual que tiene que ver con dos dimensiones al menos. Primera, la utópica de “hacer justicia”, ideal sin duda cada vez más inasequible o difícil de encarnar en las obras y condiciones de una humanidad en ciernes que se destruye así misma en un violento sistema de mercado depredador, a no ser que dicha representación de justicia se asocie con las prácticas diversas de la resistencia a ese orden dominante. Y segunda: con la dinámica de un cambio o transformación relativa, enunciada la transición como tal. Es decir, estar en un puerto y orientarse en la travesía conscientemente hacia otro. En el caso colombiano, es ir de un régimen de exclusión y muerte, hacia un verdadero transcurso democratizador que garantice recursos para la vida y el bienestar de las mayorías sometidas estructuralmente a la miseria.
Podría en consecuencia decirse que si la llamada justicia transicional no contempla esa mutación de carácter distributivo, si no supone democracia vigorosa, de transferencia de poderes a los sectores populares, será entonces al final mera perfidia, un engaño, un discurso más para asegurar el statu quo. Podría mejor aplicarse, sin que se preste a mayores ilusiones y abusos, el término derecho transicional, más exacto por instrumental, reducido o focalizado éste a la mera utilización de dispositivos complementarios para transitar hacia escenarios de superación de violencias específicas o circunscritas, afrontadas con parámetros de resolución dialogada, principalmente bajo mecanismos jurídicos encaminados a cumplir con un nivel de la obligación de enfrentar ciertas realidades de impunidad. El máximo de verdad, castigo, reparación posible y algunas garantías de no repetición, en situaciones de excepción o de enquistamiento por largos conflictos, que objetivamente restringen esos derechos. Esa parece ser una síntesis más ajustada de lo que expresa o se designa con esa denominación pomposa que se ha venido conviniendo globalmente desde hace dos décadas, y que de modo acertado puso en cuestión recientemente las FARC-EP:
“(...) entendemos nosotros que la transición la demarca, la indica, la define como tal, el tránsito, o si se quiere, para ser más claros y explícitos, la transición propiamente tal de un régimen a otro régimen; de un Estado instituido por un antiguo régimen que termina siendo rediseñado dentro de un contexto democrático que implica separación de poderes con facultades legitimadoras; controles políticos provenientes de órganos de elección popular; órganos de control independientes; vigencia de un jus puniendi plenamente ajeno a la incumbencia y manipulación política, libre de corrupción. En fin, un nuevo estado de cosas que permita novedosos mecanismos de participación popular, la implantación de cambios en la estructura del Estado, la revisión de modelos económicos a fin de hacer valer la dignidad de la persona humana en tanto que permitan solventar las necesidades fundamentales de clases siempre ajenas a la justa distribución de la riqueza y al aprovechamiento colectivo de bienes y servicios”.
Ver www.pazfarc-ep.org. Declaración del 22 de agosto de 2014: Ciclo 27: nuevos avances hacia la paz.
En dicha comunicación pública, el Comandante de las FARC-EP Iván Márquez citaba a Alex Boraine, quien fue Vicepresidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Sudáfrica. Lo hacía a propósito de señalar cuatro posibles modalidades de transición que han implicado, todas, la caída de un régimen y su sustitución. Interpelaba el coordinador de la Delegación guerrillera: "¿se trata de convertir el actual régimen en un antiguo régimen?"
Boraine, quien fue además político activo y co-fundador y primer presidente del Centro Internacional para la Justicia Transicional, ICTJ, se pregunta algo trascendental que nos incumbe, en un libro (abril, 2014) de su autoría con el título ¿Qué salió mal? Sudáfrica al borde del Estado fallido (What’s Gone Wrong? South Africa on the Brink of Failed Statehood). Después de dos décadas, Boraine se ve obligado a interrogar qué fue lo que falló, señalando el empobrecimiento, el abandono, la falta de educación, de salud, de empleo, de seguridad, la extensión de la corrupción y el incumplimiento de buena parte de las recomendaciones de aquella Comisión sudafricana.
No sabemos muy bien qué ha pasado en Sudáfrica (hay críticas desde diferentes perspectivas o posiciones interesadas), pero sabemos bien qué le espera a Colombia en caso de fracasar la transición a la democracia.
Quizá por eso, si usamos el término justicia transicional, como lo hace el Gobierno Santos, y no derecho transicional, debemos hacer compatible su formulación idealista no sólo con la visión de un nuevo derecho con fines sociales más allá de un abanico de medidas realistas que se nos enseñan infundadamente como único paradigma, sino con la necesaria remoción en Colombia de estructuras y mecanismos de injusticia económica y política que hoy día están en pie, fortalecidas unas elites en un régimen de economía neoliberal segregacionista. Es decir, con el necesario impulso de todas las reformas imprescindibles.
Expresa las FARC-EP en el texto citado:
“La “transición” de la cual podríamos hablar en el caso colombiano es la que se da como paso de un estado de guerra a un estado de paz. Ello implica establecer, descubrir, explorar, de manera desapasionada e inteligente, qué factores dieron origen a la violencia y a la guerra, cuáles se han mantenido vigentes desde sus comienzos y cómo se generaron. Cuáles más han surgido en el tiempo como efecto de las anteriores consideraciones, cuáles han mutado y cuáles las razones para no haber sido posible superar sus causas remotas y próximas. Es decir, las partes y la sociedad tendrán que forjar un nuevo modelo de justicia transicional que sirva a la paz de Colombia”.
Razonablemente el Presidente Santos alega que han cambiado las circunstancias a nivel mundial, que somos parte del entramado internacional… ¡Por supuesto! Y entre esas circunstancias nuevas o dinámicas de registro incontestable, hay que contar los sonados fracasos y pantanos internacionales que nos sitúan ante la necesidad de replantear muchas instituciones y articulaciones internacionales, y responder con capacidades propias y coherentes, quizá de manera más efectiva priorizando en el cuadrante regional o de un grupo de países e instituciones más autorizadas.
Fracasos y pantanos evidentes son demostrables, no sólo concernientes a experiencias y modelos de solución a conflictos localizados en los que se ha incumplido la promesa de depurar instituciones, reparar a la inmensa mayoría de las víctimas de regímenes oprobiosos y democratizar a fondo en todos los aspectos de la vida (una de las propuestas no atendidas ni en Sudáfrica ni en Centroamérica, hacía énfasis en el combate directo a la desigualdad. Al contrario, ha aumentado allí terriblemente la brecha entre ricos y pobres), sino frustraciones de instancias globales como la Corte Penal Internacional, de marcha tendenciosa, ineficaz y arbitraria. De todo ello, y no sólo de buenas intenciones, hay que tomar nota.
2. Sobre las víctimas-sujetos activos en La Habana
“Nos referimos a la trascendental audiencia del 16 de agosto en la que las delegaciones del Gobierno y de las FARC escucharon con profundo respeto al primer grupo de víctimas del conflicto en los salones de Protocolo de El Laguito, acontecimiento inédito, en el que los protagonistas, apoyados en su propio dolor, generosamente sacaron de su corazón el más hermoso sentimiento de paz / No vinieron a La Habana instigados por la vindicta; vinieron a exigir paz para Colombia, cese bilateral del fuego y dignidad humana. Fueron los portavoces más idóneos de la voluntad nacional que reclama la solución política del conflicto”. Comandante Márquez, cit., 22 de agosto de 2014.
"(...) el ejercicio que iniciamos fue cómo avanzamos en el respeto en el derecho a las víctimas, y al mismo tiempo poder lograr la paz… primer país en la historia del planeta que hace eso, y es que lleva a las víctimas y las pone a que las escuchen las dos partes que están negociando la solución del conflicto. Eso no ha pasado nunca. Y fue una experiencia muy enriquecedora, dramática, pero diría que dramática positivamente”.
Presidente Santos, cit., 4 de septiembre de 2014.
La Habana, sábado 16 de agosto de 2014. Encuentro entre las Delegaciones del Gobierno y las FARC-EP, con un primer grupo plural de doce víctimas del conflicto armado más largo y grave del hemisferio. Se prevé que en estos meses en cinco ciclos vaya a Cuba un total de sesenta, o al menos esa cifra, de los millones de personas sufrientes a causa de la guerra. Se sabe que las dos partes contendientes escucharon, atendieron y comprometieron pasos para que este acontecimiento marque una ruta:
“Ambas delegaciones ratificamos ante el primer grupo de visitantes que trabajaremos sobre la base de los 10 principios rectores acordados, y en particular sobre la base del reconocimiento de los derechos de las víctimas, con el fin de garantizar su mayor satisfacción y dar garantías de no repetición / Consideramos que este fue un momento trascendental del proceso. Desde el inicio dijimos que las víctimas estaban en el centro del Acuerdo. Con esta primera reunión en La Habana, de manera más directa, se hace realidad este propósito. Recibimos sus manifestaciones de dolor y sus demandas como un imperativo ético y moral para concluir exitosamente estas conversaciones”. Comunicado conjunto Nº 41, 17 de agosto de 2014.
Efectivamente, con lo ocurrido ese día, en una primera sesión solemne y fructífera, abierta a una muestra de la sociedad diversa, como no se había hecho antes para ningún tema, el proceso de diálogos por la paz de Colombia pareció tener un ancla entre aguas en ese momento algo mansas, en medio de la confrontación que no cesa, y también con ello pareció o parece tener una brújula y un motor. Puede tener, entonces, un antes y un después esperanzador.
Cierto es que nunca antes esto había pasado y que la fuerza de tal evento y sus reiteraciones puede ser considerable al desatar potencias creadoras.
Una posterior rueda de prensa y declaraciones de las víctimas seleccionadas lo confirmó, así como diferentes relatos y hechos de diálogo, perdón y reconocimiento en el curso de estas semanas. Sobre un acaecimiento que tiene pesadas cargas y dimensiones significativas a transferir. Personales y políticas. Un observador del acto cuenta que respondió mecánicamente un saludo y extendió la mano a quien desde el Estado dio la orden de ejecutar a su hermana y a su cuñado. Ese circunstancial testigo comenta que recordó minutos más tarde en el lavabo un viejo poema de Ernesto Cardenal y otro de Mario Benedetti.
Así parece que tendrá que pactarse la solución a la guerra: con la evocación de rostros y rastros, con la actualización histórica de las razones de una lucha para cuidar la dignidad en el límite, sabiendo que los de arriba generan servidumbres no sólo entre quienes son sometidos sino entre los que les sirven y cuidan como vasallos. El poeta comunista y resistente español Marcos Ana nos comparte:
“La venganza no es un ideal político ni un fin revolucionario… yo aspiro es a ver triunfantes un día los nobles ideales por los que he luchado y por los que miles de demócratas y antifranquistas perdieron su vida o su libertad /La recuperación de la memoria histórica (es) para situar la Historia en su lugar, arrancar del olvido a nuestras víctimas y cancelar de una vez los procesos y condenas incoados por un régimen ilegal…” / “Desfilaron por mi recuerdo escenas de heroísmo y dolor, despedidas inolvidables que aún estremecen mi corazón. Iba recuperando los rostros de tantos y tantos camaradas que no pudieron gozar del momento que vivíamos, pero que ofrecieron su lucha y su vida para que ese día, y otros días, fueran posibles…”
(De su libro "Decidme cómo es un árbol").
Las personas que exprofeso fueron a La Habana como víctimas, se sabe, no estuvieron sólo como tales, sino como sujetos sociales y políticos activos, con propuestas más allá de esa primigenia condición real y formal, que hablaron frente a frente con delegados de las dos estructuras que hoy dialogan para poner fin a un cruel conflicto bélico originado en causas sociales, económicas y políticas, pidiendo que cese ya la confrontación que arrancó injustamente a seres queridos y que sigue segando miles de vidas y sembrando desolación. Víctimas que narraron lo vivido, con desgarrador decoro de su dolor, cediendo a la alteridad pero no al olvido, conscientes de la responsabilidad que todas tienen, de ayudar a superar colectivamente este conflicto. Comandantes de la guerrilla a su vez no empañaron sino que empeñaron congruentemente su palabra para dar respuestas a dolientes de hechos injustos, y ofrecieron o pidieron elaborar perdón, como lo han venido expresando en comunicados y entrevistas.
Las doce víctimas regresaron a Colombia y algunas de ellas fueron atacadas en comentarios de representantes de la extrema derecha uribista. No obstante el relieve de lo afirmado autónoma, equilibrada y honrosamente por la mayoría de las víctimas a título personal o de algunas comunidades, todavía gran parte de las noticias y de las opiniones más abundantes y destacadas por la gran prensa, dentro y fuera del país, apuntan de manera sesgada con una obsesión, descalificando lo acaecido como en una especie de desquite. Bajo la manipulación que da cuenta de una imagen preconcebida cuyo uso se prolongará mientras nada vinculante contenga el interés de poderosos aparatos y medios de comunicación de esa extrema derecha y del Establecimiento, se repite lo que no es cierto: que el grupo guerrillero es el mayor victimario y que tuvo que oír, o sea forzadamente, a quienes había causado inmenso dolor. O que no reconoce a víctimas verdaderas o las agravia.
Ese mensaje de que algo apremia al monstruo subversivo, que lo manifestado le arrincona, tiene como tesis y eje la presunta y codiciada derrota moral de la insurgencia. No basta que se refriegue que, dada la correlación de fuerzas en el campo militar sobre todo y la asimetría en otras áreas, no tendría más que rendirse.
Tal esquela que la realidad parece desmentir, contrasta con otras lecturas y propósitos que se guían por una básica ecuanimidad y que buscan defender no una victoria inexistente de nadie, sino un proceso de paz de salidas consensuadas, ligado a transformaciones reales en la materialidad del poder y en la cultura política, preguntando qué debe ser cambiado en el seno de las estructuras de un régimen que fue establecido formalmente como democrático pero que devino en genocida.
3. Sobre las víctimas de la violencia institucional
En aras de esa elemental equidad, debe reconocerse el claro desequilibrio en el que se hallan las pocas referencias y análisis sobre el terrorismo de Estado, verdadero fenómeno tabú del que sólo se habla en inferioridad de medios y sottovoce, aunque desde hace décadas, claro, miles y miles de víctimas y algunas pocas organizaciones de derechos humanos o unos cuantos investigadores conservan el historial de esta expresión de la violencia institucional, y del Establecimiento.
De dicho encuentro en La Habana, y de los que vendrán, nadie debería sentirse perdedor, salvo los inspirados por la visión negacionista que encarnan los miles de Uribe Vélez, que junto con otros sectores han impulsado ese terrorismo. Muestra de ello es la absurda decisión de una “Comisión de Ética” del Senado, que ordena al parlamentario de izquierda Iván Cepeda, no mencionar al expresidente Uribe Vélez durante el debate sobre el paramilitarismo, que se efectuará el 18 de septiembre próximo, lo cual es una burla a los derechos de las víctimas a conocer la verdad con nombre propio, de uno de los responsables de crímenes sistemáticos, ligado además a servicios del narcotráfico.
Ahora bien, que la izquierda y los movimientos sociales alternativos no deban sentirse en este momento perdedores, no significa que no haya razones para estar muy preocupados, profundamente alerta en una muy precaria correlación de fuerzas, en la que hay que situar todo lo actuante en la materia: desde los medios de comunicación empresariales a los que el mercado y la política del statu quo dictan lo que hay que reproducir para mentalizar, hasta las tendencias que se verifican en descompuestas instancias jurisdiccionales y en iniciativas legislativas (como las que redoblan el fuero penal militar o las que buscan no sólo que no entren, sino que salgan ya de cómodas estancias de reclusión en brigadas, cientos de militares y policías detenidos por crímenes espantosos, mientras luchadores populares siguen en terribles condiciones de prisión y unidades militares y de policía siguen junto a paramilitares violando derechos humanos en muchas regiones de Colombia). Por supuesto, la academia no está exenta de ese propósito, funcional como ha sido en gran parte para acallar el pensamiento crítico.
Hay que estar muy preocupado. Si bien existe un inmenso acumulado probatorio, copiosa documentación sobre los crímenes de Estado, acerca de sus fuentes, doctrinas, mecanismos, volúmenes (un 83 % del total de hechos violentos) y sus responsables concretos, o sobre las complicidades que tejieron y las finalidades de la guerra sucia, todo ese bagaje de las víctimas del Estado y el Establecimiento, junto a las posturas más o menos congruentes que mantienen con un compromiso por cambios radicales para una salida democrática al conflicto, gran parte de las propuestas de estas víctimas, insisto, están de hecho cercadas y podrán sus esfuerzos terminar sólo en unos cuantos casos juzgados o en meras constancias, si no son hoy resguardadas y cualificadas, o si se dejan disuadir o fragmentar por discursos mediadores, relativos al pragmatismo del postconflicto sin cambios trascendentes.
Ya de hecho algo racional que podría haberse alegado, es insostenible en la dinámica del proceso de paz: que dado el alto número de reclamantes asesinados o de víctimas amenazadas, por violaciones cometidas por el Estado por acción u omisión, sean ellas y sus organizaciones objeto de tratamiento especial, bajo un enfoque de discriminación positiva, dado que están en clara inferioridad de medios y bajo ataque, sin accesos regulados u obligados a los medios de comunicación (los que sí emiten por estos días telenovelas y propaganda de tendenciosa visión contrainsurgente y exculpatoria de victimarios del sistema), por ejemplo, siendo paradójicamente el de estas víctimas de crímenes de Estado, el mayor y más grave registro, tomando en cuenta magnitudes o cantidades, así como planos cualitativos. Esa hipótesis de discriminación positiva ya no es posible afirmarla, pues incluso la guerrilla con ponderación ha validado que no debe haber discriminación de ningún tipo, aunque luego la inflación mediática en contra sentencie otra cosa tergiversando la verdad.
No obstante, para alguien bien informado y no indolente, no cabe duda que deben ser defendidas esas víctimas del Estado y sus propuestas, que sus iniciativas merecen específica protección ante la descomunal realidad de amenazas objetivas que provienen de las mismas dinámicas e intereses de poder desde arriba; deben ser amparadas, junto a las personas y comunidades que promueven acusaciones contra sectores y nombres poderosos de empresas nacionales y extranjeras y de altas esferas políticas.
No cabe duda que esos sujetos victimizados deben ser amparados para algo elemental: para sobrevivir, con el derecho, desde ahora o más adelante, de articularse y organizarse política y socialmente en una matriz y coyuntura de reformas, que es a lo que obedece formalmente la agenda del proceso de paz, siendo como es ésta: un guion limitado, en el que no se contempla nominal o textualmente revisar el régimen de la coerción estatal o administrativa, es decir todo lo que tenga que ver con las fuerzas armadas, de policía y organismos oficiales de seguridad. Ni tampoco con las funciones de investigación judicial y jurisdiccionales. Esas reformas sustanciales no están mencionadas de manera explícita. Pero de la realidad, y del espíritu del Acuerdo General del 26 de agosto de 2012, puede deducirse claramente su inexcusable necesidad.
4. Sobre quienes tendrían el monopolio y la decisión de las armas
Las reformas necesarias para impedir que haya nuevas víctimas, cada semana, cada día, tienen que ver con las garantías de no repetición.
La no repetición, en la larga perspectiva del lado de la guerrilla, está comprometida ostensiblemente con su gradual desmovilización como ejército irregular, con la paulatina dejación de armas y su transformación para el ejercicio de la política, o sea el final reglado del alzamiento. Claro está: en el entendido de que se reconozca política y jurídicamente el fundamento de sus transgresiones a ley que combatió, es decir el delito político, la rebelión.
Del lado del poder dominante, no hay hasta ahora ningún instrumental que lo obligue a nada parecido. A nada que suponga en algún nivel algo homologable a lo que se le exige a la guerrilla. Y ya, apenas comenzando a palparse en la Mesa de La Habana algo de la temática militar en estricto sentido, sólo impera una previsión gubernamental de final feliz con broche de oro, semejante al borrón y cuenta nueva, que contradice las palabras del propio Presidente Santos de un día a otro:
“…dije ayer. ¿Y quién se queda con las armas de la República? Pues nuestro Ejército, nuestras Fuerzas Armadas. Eso dignifica a nuestros militares, a nuestros policías. Así lo han entendido además. Y así lo aprecian… ¿Y quiénes se sientan en la mesa de negociación? Pues los que han combatido, los militares. Y eso es bien importante, porque eso es lo que cierra con broche de oro el final del conflicto”.
Presidente Juan Manuel Santos en el 51º Congreso Anual de Confecámaras, Cartagena, 5 de septiembre de 2014.
También expresó al día siguiente, refiriéndose a un concepto que Uribe igualmente empleó al indicar una guerra política y una guerra jurídica contra las fuerzas armadas:
“Hemos hecho un gran esfuerzo y seguiremos haciendo un gran esfuerzo... Con el Ministro y con los Altos Mandos –tengamos o no éxito en La Habana–, seguiremos fortaleciendo la defensa jurídica, la seguridad jurídica de los miembros de nuestras Fuerzas. Ya está creado el Fondo, un fondo especial. Ya tenemos a los mejores abogados del país comenzando a defender a los miembros de nuestras Fuerzas. Y ahí vamos a continuar, pase lo que pase en La Habana (…) Si algún miembro de la Fuerzas cometió un crimen, tiene que pagarlo… Pero cuando vienen con acusaciones falsas, con acusaciones amañadas, ahí tenemos el deber de defenderlos con todos los instrumentos que tengamos a nuestra disposición (…) Un mensaje que quiero darles a ustedes con toda claridad, para que sobre eso no les quepa la menor duda, es que cualquier beneficio que se dé allá, se dará acá… No voy a permitir que se repitan esas circunstancias donde un guerrillero sale amnistiado, libre, y un soldado que combatió a ese guerrillero, por algún error que haya cometido, tiene 30 años de cárcel. Eso no se puede permitir. O todos en la cama o todos en el suelo. Cualquier beneficio jurídico allá, será beneficio también para nuestras Fuerzas… Que no los negociemos allá, me parece que es lo correcto. Esa es una decisión nuestra también dentro de la solución del conflicto. Pero el mensaje es claro para ustedes: si hay beneficios allá, habrá beneficios acá” / “Hoy acabamos de condecorar a unos héroes que hicieron una operación maravillosa contra el Frente 37 (de las Farc). Ahí dieron de baja a cuatro y capturaron a cinco. Una operación de estas típicas operaciones que hacen nuestras Fuerzas Especiales, que las hacen convertido en las mejores Fuerzas Especiales del Planeta… ayer se hizo una operación contra la compañía Che Guevara del Eln, nuevamente, con unos resultados positivos. ¿Cuántos dieron de baja? Dos. ¿Cuántos capturaron? Siete capturados… ahí siguen nuestras Fuerzas Armadas perseverando, dando golpes todos los días…”.
Presidente Juan Manuel Santos, Base de Entrenamiento de Infantería de Marina en Coveñas, Sucre. 6 de septiembre de 2014. Ver https://www.youtube.com/watch?v=CsTS2x7PaDY.
En esa maraña (no conozco un solo caso de 30 años de cárcel por un error de un soldado), o efervescencia que puede enturbiar una distinción fundamental entre cometer delitos como rebelde a cometerlos como agente estatal de un supuesto régimen democrático de derecho, de forma sistemática o planificada o por móviles egoístas, se infiere con razón que nos hallamos ante el manifiesto de un triunfo escalonado. Y también es fácil colegir que una reforma tal en esta área sustantiva, la del monopolio y la dirección de las armas, se podrá dar sólo para encumbrarlas desde intereses de dominio, y no ahora sino después, en alguna medida, en algún aspecto, por decisión única y soberana del Estado y no como concesión a nadie.
Lo claro es que el proceso de paz formal y directamente no prevé esa reforma militar o similar. Y es de esa reforma, que entraña poner fin al paramilitarismo y a la guerra sucia, de la que pende la verdadera terminación del conflicto armado, y todavía más allá: la alegada construcción de paz como proyecto de democratización.
Estamos ante lo que es una lógica de contradicción: si los sectores de poder no cambian ya por su cuenta lo letal, lo que está activado o latente hoy mismo para violar con impunidad los derechos humanos de miles de colombianos, y para servir a intereses económicos y políticos antidemocráticos ¿es realmente sostenible a diez o veinte años una paz basada en la amenaza de la fuerza que enseñan unas instituciones modernizadas en su denigrante ocupación represiva?
Si no es esa cúpula civil-militar la que se contraste en esa tarea demostrando congruencia mínima en la transición, ¿quiénes desde otra trayectoria podrán algún día concebir en ideas o propuestas y forjar en hechos dicha reforma?: ¿un bloque de fuerzas alternativas que hoy no existe como tal o no tiene suficiente poder político para ello? ¿Quiénes? ¿Por sí solas las víctimas de crímenes del Establecimiento, incapaces de obligar que se tomen en serio sus reclamos y queden emplazados los autores del terrorismo de Estado? ¿La insurgencia, que ha reiterado con contundencia y coherencia que rechaza un intercambio o canje de impunidades?
Las FARC-EP han expresado en diferentes ocasiones una posición clara, referida a la necesidad de cambios estructurales de la institucionalidad, la doctrina de la seguridad, la concepción del enemigo interno y el paramilitarismo de Estado, cuya solución es condición para que una organización insurgente pueda dar el paso a la lucha política abierta, y la sociedad sienta el alivio de la finalización del terrorismo de Estado (ver la citada comunicación del 22 de agosto, la del 1º de septiembre titulada “No estamos en la recta final”, y la reciente declaración leída por el Comandante Pablo Catatumbo, del 2 de septiembre, intitulada Releer la Agenda del Acuerdo General de La Habana, en torno a una polémica por la interpretación del papel que debe cumplir una Subcomisión técnica referida a un cese al fuego y la dejación de armas, y más por la creación por el Gobierno colombiano, de un confuso Comando de Transición).
Así mismo lo expresa el ELN, en diferentes oportunidades, particularmente como cuestión transversal en las cinco comunicaciones que en los últimos meses ha dirigido su Comandante Nicolás Rodríguez Bautista a las Fuerzas Armadas. En una de ellas manifestó:
“Es indispensable encontrar en los capítulos de nuestra historia, cómo fue el tránsito de la doctrina bolivariana, hasta la actual doctrina militar colombiana, que terminó colocando en orillas opuestas y en enfrentamiento fratricida al pueblo colombiano, en los casi últimos 200 años / El que una potencia extranjera como Estados Unidos, incida de forma determinante, sobre el curso del enfrentamiento interno entre los colombianos, requiere de urgente revisión / Estar abiertos a estos análisis, es indispensable hoy, cuando el gobierno y la insurgencia adelantan diálogos de paz, que es otro camino diferente al de la guerra, que lleva más de medio siglo de manera ininterrumpida / El concepto de “enemigo interno” que justifica la acción violenta de parte de las Fuerzas Armadas colombianas contra los luchadores populares, debe examinarse a profundidad”
(Doctrina Militar y Fuerzas Armadas - Mensaje # 3 a las Fuerzas Armadas, 28 de julio de 2014. Ver en www.eln-voces.com).
Por su parte el Gobierno reitera con vehemencia desde siempre:
“Dicen que quienes estamos en La Habana vamos a entregar el país, dicen que se está negociando la suerte de las Fuerzas Militares, y dicen toda clase de mentiras sobre las víctimas. Eso no es así y eso no va a pasar. Lo digo habiendo estado en este proceso desde el primer día: esa nunca ha sido la visión ni la posición del Gobierno… No lo vamos a permitir y eso no va a pasar. Pueden estar tranquilos, no se dejen confundir”
(ver El tiempo de las víctimas. Intervención de Sergio Jaramillo Caro, Alto Comisionado para la Paz del Gobierno colombiano. En Presidencia del Senado de la República, Bogotá, 9 de junio de 2014. Enwww.altocomisionadoparalapaz.gov.co).
Hablamos no sólo de enunciados jurídicos, de derechos, sino de la tensión y el camino de la coherencia para una transición de la guerra a la construcción de paz con justicia.
Tras paredes de impunidad, la realidad de décadas vuelve una y otra vez a asomar un índice, como aparece en las declaraciones del ex coronel Robinson González del Río, conocidas de nuevo esta semana:
“el uniformado señaló que, al parecer, el general Mario Montoya fue el que más presionó para entregar bajas como resultados. “Yo no quiero regueros de sangre, quiero ríos de sangre””/ “Él mismo decía que las unidades que no hacían bajas, que al menos fueran al anfiteatro a buscarlas” / “Coronel González del Río salpica a 9 generales por falsos positivos… según González los oficiales habrían dado dieron instrucciones para incrementar los resultados operacionales, y que supuestamente conocían que entre las personas presentadas como muertos en combate había campesinos que no tenían relación alguna con organizaciones ilegales”
(Cfr. Diario El Tiempo -www.eltiempo.com-, 9 y 14 de junio, 5 de agosto y 4 de septiembre, de 2014).
Las reformas deberían algún día producirse, de algún modo, y seguramente las que sirvan más para desmontar o erradicar el terrorismo de Estado, tal y como se ha configurado, no serán las que se deriven de una voluntad, hoy ausente, de los círculos del Establecimiento, sin que éstos tengan que negociar frente a otras expresiones de poder emergente.
Debería ser por lo tanto ese otro conjunto de actores alternativos los que no desistan, y deban prepararse para exigir, convenir, delinear y acometer más tarde esas reformas. La pregunta no insidiosa sino moralmente correcta y que surge de la experiencia de un genocidio político contra la izquierda y otros sectores democráticos es: ¿en qué condiciones, cuántos y quiénes podrán sobrevivir para ese cometido?
Carlos Alberto Ruiz Socha, abogado colombiano, Doctor en Derecho.
Publicar un comentario