Gustavo Gallón 11 Jun 2014 - 11:07 pm
La declaración de principios que el Gobierno y
las Farc acaban de convenir para la discusión del tema cinco de la
agenda de La Habana, sobre víctimas, merece ser valorada como un paso
positivo que la sociedad toda debería acompañar para asegurar su
adecuado y difícil cumplimiento.
Por: Gustavo Gallón
Por eso sorprende positivamente que la declaración de principios afirme que “Cualquier discusión de este punto debe partir del reconocimiento de responsabilidad frente a las víctimas del conflicto”. Y, especialmente, que agregue que “No vamos a intercambiar impunidades”. Estas son palabras mayores. Por supuesto que hasta el momento son palabras, pero en el pasado había sido muy difícil siquiera pronunciarlas. Se eludía, por el contrario, la posibilidad de hablar de responsabilidad.
Ahora, no solamente se menciona el reconocimiento de responsabilidad como punto de partida, sino que se asume que “los derechos de las víctimas del conflicto no son negociables”. Sobre esa base, se establece que la satisfacción de esos derechos debe hacerse con participación de las víctimas, para restablecerlos y resarcirles los daños, teniendo en cuenta incluso las vulneraciones a derechos económicos, sociales y culturales. En fin, la declaración tiene como pilar fundamental que las víctimas son ciudadanos con derechos y se orienta ante todo a la protección de su vida y su integridad, a que no haya más víctimas y a que se logre la reconciliación.
No será nada fácil lograr todo lo anterior, pero plantearlo como ruta es un acierto innegable y significativo. Considerarlo como una simple jugada electoral para descalificarlo es miope y torpe. Como también lo es minimizar la importancia del anuncio de conversaciones exploratorias entre el Gobierno y el Eln y la inclusión en su agenda de los temas de víctimas y participación de la sociedad. Con la paz no se juega. Si el Gobierno y las guerrillas han logrado reconocer esta semana el respeto de los derechos de las víctimas, su carácter no negociable, la admisión de responsabilidad para la reparación del daño causado a sus derechos, incluidos los económicos, sociales y culturales, y sobre todo el no intercambio de impunidades, la sociedad no puede darle la espalda a semejante avance.
Por el contrario, lo sano sería contribuir a convertir en realidad lo que por el momento está apenas consignado en un papel. Para ello será necesario que efectivamente cada parte reconozca los daños causados, pida perdón de verdad y se comprometan, ojalá en forma colectiva, a llevar a cabo un generoso programa de reparación, que supere los estrechos límites actualmente existentes en esa materia.
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