Rodrigo Uprimny 29 Mar 2014 -
Algunos de quienes criticaron que la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hubiera otorgado medidas
cautelares a favor de Petro han sugerido que eso ocurrió porque la CIDH
tiene sesgos izquierdistas.
Por: Rodrigo Uprimny
Una decisión de la misma CIDH el pasado 24 marzo (resolución 6/2014) muestra que ninguno de esos dos supuestos es cierto: ni la CIDH tiene los sesgos izquierdistas que algunos le atribuyen, ni las medidas cautelares operan sólo frente a riesgos a la vida y a la integridad.
Se trata del caso de un periodista, un congresista y un dirigente sindical que fueron condenados a varios meses de cárcel por una “injuria judicial”, por haber presentado una denuncia contra un gobernante de izquierda: el presidente Correa de Ecuador.
En ese contexto, la CIDH recordó que en principio es una violación de la libertad de expresión que un gobierno recurra a sanciones penales contra periodistas o políticos opositores por las denuncias que estos hagan contra funcionarios públicos, ya que esas amenazas penales corren el riesgo de silenciar la crítica de la prensa y de los opositores frente a los gobernantes, lo cual es grave para la libertad de expresión y para la democracia.
Esas tres personas corrían el riesgo de ser encarceladas en cualquier momento, pues el 13 de marzo la sentencia condenatoria fue confirmada por la Corte Suprema de Ecuador. Dada esa situación, la CIDH les otorgó medidas cautelares y le pidió a Ecuador que suspenda la ejecución de la sentencia hasta que la CIDH pueda estudiar y decidir el fondo del caso.
Vemos entonces que la CIDH no otorga medidas cautelares sólo frente a amenazas a la vida y la integridad personal; también lo hace para proteger otros derechos como la libertad de expresión. Y ya lo había hecho antes: desde 1999 la CIDH ha solicitado la suspensión de condenas contra periodistas en al menos seis ocasiones.
Y la CIDH no tiene sesgos izquierdistas, pues esas protecciones operan también frente a gobiernos de izquierda, como el de Ecuador, o el de Venezuela en varios casos anteriores. Y por ello los gobiernos de Venezuela y Ecuador han acusado a la CIDH de derechista.
Además, el precedente que más sirvió a los defensores de Petro es el caso López contra Venezuela de la Corte Interamericana, en donde ese tribunal protegió los derechos políticos a Leopoldo López, quien es hoy el principal líder de la oposición al gobierno de Maduro. Y el argumento fue exactamente el mismo de la CIDH en el caso Petro: que sólo los jueces pueden limitar los derechos políticos.
Sería deseable que muchos de quienes han criticado con tanta ligereza las medidas cautelares de la CIDH a favor de Petro se tomaran la molestia de conocer un poco más cómo opera el sistema interamericano de protección de derechos humanos.
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