Por Antonio CaballeroVer más artículos de este autor
OPINIÓN La guaca es gigantesca, sí. Pero además es enorme el poder de los militares en esta democracia llamada civilista.
Foto: León Darío Peláez - semana
Hace unos años una patrulla del Ejército encontró en la serranía de la Macarena una guaca de las Farc: unas canecas enterradas en la selva, repletas de billetes. Se dijo –nunca se supo bien– que eran más de cuarenta mil millones de pesos. El súbito enriquecimiento de los soldados se descubrió p
or la sorprendente generosidad de las propinas que empezaron a dejar en los burdeles de la región.
Algunos fueron detenidos. Los llevaron a juicio por peculado, como es lo usual en Colombia. Nunca quedó muy claro si habían sido condenados o absueltos, o primero absueltos y después condenados, o viceversa, por la Justicia. En ese caso, la penal militar. Al parecer algunos se asesinaron entre sí, y otros fueron secuestrados, por la guerrilla o por la delincuencia común, para exigir rescate. No se supo bien. Y tampoco se supo en dónde terminó por fin la plata: no es fácil gastar cuarenta mil millones de pesos solo en putas.
La guaca descubierta ahora es todavía más grande: 27,7 billones de pesos (la cifra no cabe en números), que es el presupuesto anual (para 2014) del Ministerio de Defensa (y sus arandelas). El 3,6 por ciento del Producto Interno Bruto del país. Buena parte se va en armas y en pago de la nómina. Algo más se irá en putas, supongo. Mario Vargas Llosa tiene una novela sobre las ‘visitadoras’ a sueldo del Ejército peruano, y todavía aparecen artículos de prensa sobre el reclutamiento forzoso de mujeres ‘de confort’ por el Ejército japonés en la guerra mundial; y los ejércitos se parecen mucho en todas partes. Pero, restados esos gastos, la opacidad inescrutable del faltante es comparable con la del de la guaca de la Macarena. Leo en El Tiempo información sobre algunas inversiones sorprendentes: nada menos que 2.148 millones para la “segunda etapa de la sede social del casino de oficiales del batallón de Mitú”, en el Vaupés; y, en Medellín, un avaro dispendio de 200 milloncitos para un “servicio de capacitación en programas de artes plásticas”.
Lo demás se pierde en corrupción. Ahora, por unos audios de escuchas telefónicas publicados por esta revista...
Y hago aquí un paréntesis. Nos quejamos, y con razón, y en vano, de las chuzadas ilegales de teléfonos y de correos electrónicos que hace prácticamente todo el mundo: el DAS cuando existía (y sigue existiendo), la Policía, el Ejército, la NSA norteamericana, los servicios secretos de todos los países, los confesores de las múltiples iglesias. Pero el hecho es que todas las informaciones importantes de las últimas décadas le han llegado al público a través de chuzadas ilegales, o de la filtración ilegal a la prensa de chuzadas más o menos legales, autorizadas por los jueces: desde los casetes de la CIA del proceso 8.000 hasta hoy.
Digo que ahora, por unos audios de escuchas telefónicas publicados por esta revista, se ha destapado una olla de corrupción generalizada en los contratos del Ejército, y el efecto inmediato fue moñona de generales destituidos. No es una noticia novedosa, para decirlo con un pleonasmo. Para oler esa corrupción basta con asomarse a las fincas que tienen muchos generales y coroneles en retiro, empezando por los edecanes presidenciales de Pastrana y de Uribe. Hace treinta años el presidente Barco, en uno de sus esporádicos arranques de lucidez, le confió a una periodista argentina su convicción de que se haría un gran ahorro fiscal si en América Latina a los generales y almirantes se les pagaran sus coimas directamente, sin pasar por el engorroso y oneroso trámite de que los gobiernos compraran armamentos.
La guaca es gigantesca, sí. Pero además el poder de los militares es enorme en esta democracia llamada civilista. Tienen en Colombia medio millón de soldados, cientos de coroneles, docenas de generales. El ya mencionado y descomunal presupuesto. Un fuero militar recientemente ampliado. Juzgan sus propios actos: en estos días publicaron los periódicos que, según las investigaciones de los propios militares, sus chuzadas en el restaurante de corrientazos allanado por la Fiscalía eran completamente legales. Tienen un ministro civil de bolsillo, que actúa, o al menos habla, en contravía de las políticas oficiales del gobierno. ¿Qué más quieren?
No sé. Es una pregunta retórica. Pero sí sé que a los demás nos preocupa que los militares tengan tanto.
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