Alfredo Molano Bravo 29 Mar 2014 -
Con un estrecho margen a su favor fueron
elegidos presidente y vicepresidente de El Salvador dos excomandantes
guerrilleros del Frente Farabundo Martí, FMLN, Salvador Sánchez Cerén y
Oscar Ortiz Ascencio. Como era de suponer, el partido derrotado, Arena,
tardó en reconocer el triunfo.
Por: Alfredo Molano Bravo
El Salvador es nuestro espejo chiquito: país cafetero donde los militares han tenido siempre un enorme poder y donde pululan las reinas de belleza. Y para ajustar, sufrió un conflicto armado que dejó 75.000 muertos. La guerra, el hambre, el terror obligaron a más de dos millones de salvadoreños a emigrar principalmente a EE.UU.
Firmada la paz en 1992, el partido Arena dominó la vida política y económica. Los desmovilizados fueron rechazados en las empresas y en el ejército a pesar de que su admisión fue parte del acuerdo. Sin lugar a dudas se trató de una estrategia política de Arena para mantener la zozobra e incrementar el suculento presupuesto militar.La alianza entre la fuerza pública y el Arena ha sido proverbial. Hoy hay 70.000 maras en las calles. Entre el 1 de enero y el 15 de febrero de este año se han contabilizado 365 asesinatos.
Es más o menos lo que pasa en Buenaventura: después de las fotos de los capos con Luis Carlos Restrepo entregando armas hechizas, se botó a los reinsertados a rebuscarse con una moto, una pistola y un celular. El resultado es el que conocemos: una ciudad sitiada por el hambre, la droga, las armas de todo tipo y las grandes inversiones. En la última década ha habido más de 6.000 homicidios en el puerto.
El panorama hace pensar en nuestra esquiva paz. Esta vez no puede volver a pasar lo que pasó en los llanos Orientales con los 10.000 hombres que le entregaron las armas a Rojas en 1953 a cambio de un azadón; ni lo que sucedió a muchos de los guerrilleros del Epl que terminaron bajo el mando de Carlos Castaño o del general Rito Alejo del Río. Esta vez, la historia no puede repetirse.
A los exguerrilleros de las Farc del Eln o de los restos del Epl, el Estado debe garantizarles empleo y seguridad. La mayoría son campesinos que podrían volver a trabajar el campo, pero no como empleados de los palmicultores o de los cañeros, como quiere el ministro Lizarralde, sino como propietarios libres en las Zonas de Reserva Campesina. Es allí donde pueden acceder a una vida digna, integrarse a la economía y conservar sin armas su fuerza política. Ojalá el ministro de Defensa no se inspire en la estrategia de Roberto d’Aubuisson, el fundador de Arena: desarmarlos para liquidarlos.
Adenda, como escribe Ramiro Bejarano: La renuncia de Pinzón y de Lizarralde facilitarían las negociaciones de La Habana y le quitarían votos a Peñalosa.
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