Escrito por
FARC-EP.co
Por simple cuestión de principios
nuestra consciencia está obligada a condenar el fallo de la Procuraduría
General de la Nación que ordena la destitución del alcalde de Bogotá,
Gustavo Petro. También por ellos nuestra consciencia se siente
comprometida con la inconformidad, la protesta y la respuesta popular a
semejante arbitrariedad. Basta el simple sentido de la decencia para
ponerse de lado del destituido funcionario.
Por encima de los desencuentros
ideológicos y políticos que podamos tener con el señor Petro, no podemos
permanecer impasibles ante tan desmedida muestra de soberbia
oligárquica. Siempre hemos expuesto que son precisamente la
intolerancia, la ausencia de garantías para el ejercicio de la oposición
política y la violencia recurrente del Estado, las causas de la larga
confrontación armada que se libra en nuestro país. El fallo del señor
Procurador simplemente lo confirma.
Al tiempo que el inquisidor Ordóñez
anuncia su condena a la muerte política contra el señor Petro, la
Fiscalía General de la Nación revela que las investigaciones penales por
los mismos hechos avanzan y que se les dará máxima prelación. De donde
se deduce que fácilmente el alcalde de Bogotá puede terminar
absurdamente entre rejas, por haber adoptado una decisión de política
pública que no resultó del agrado de los grupos económicos que dominan
el país.
La arremetida contra el alcalde de
Bogotá es la misma que los poderes hegemónicos mundiales dirigen desde
hace catorce años contra la Revolución Bolivariana de Venezuela. Y se
funda en la misma causa, la prohibición a los pueblos de adoptar sus
propias decisiones. Las mal llamadas democracias que pregonan los
poderes internacionales del capital, consisten en que los ciudadanos
voten por las personas y las políticas correctas, las dispuestas por
ellos. En caso contrario, sufrirán graves consecuencias y se les
señalará además como los únicos culpables.
Por encima de la ingenuidad y la
inconsecuencia demostrada en su carrera política por el señor Gustavo
Petro, con cuyo voto en el Senado decidió la elección del cavernario
señor Ordoñez al cargo de Procurador, en una de esas vergonzantes
alianzas que finalmente conducen a perder los ojos, creemos que hay que
apoyarlo, que hay que salir a la calle a reclamar por el respeto a la
democracia, porque se ponga fin al reinado de la exclusión política en
Colombia.
Es esto último lo que las FARC-EP
exigimos dignamente en la Mesa de Conversaciones de La Habana, en el
proceso de paz que de manera enfática nos invita a mantener el señor
Gustavo Petro. Captamos con claridad diáfana el significado de la señal
que nos envía el fallo del Procurador, enemigo declarado de la solución
política al conflicto. Del mismo modo que observamos la complacencia del
Presidente Santos, quien prefirió abordar disimuladamente el tema bajo
el sesgo de la corrupción.
No es a las FARC-EP a quien el señor
Petro debe conminar a perseverar en el proceso de paz. Es al gobierno
nacional, que todos los días declara la guerra de mil modos distintos al
pueblo colombiano. Al tiempo que al señor Petro se lo condena a la
muerte política, se encierra en prisión a innumerables compatriotas que
luchan contra el régimen por vías legales, como a los tres dirigentes
sindicales de Pacific Rubiales, a David Ravelo Crespo o a Huber
Ballesteros, para citar sólo unos. A otro altísimo número se los asesina
y desaparece en la impunidad total.
Decidimos expresar nuestras solidaridad
con el señor Petro y la ciudadanía bogotana que tiene todo el derecho a
exigir el respeto a su voluntad, por encima de los probables
señalamientos que se apresurarán a hacer el general Palomino y el
ministro Pinzón, quienes tras tildarlos de vándalos e infiltrados, no
vacilarán en lanzar sobre ellos las temibles hordas del ESMAD y el
Ejército, encargadas de aplicar y diseminar el terror con sus garrotes,
gases, bombas y disparos.
La calificada como violencia legítima
del Estado, siempre de la mano con las formas más salvajes de la misma,
al igual que las normas y jurisprudencias que violentan la voluntad
popular, tan abrumadoramente visibles en nuestro país, deben desaparecer
definitivamente si se quiere alcanzar la verdadera paz. La paz con
justicia social implica sentar a la vez unas bases mínimas para
desterrar la inequidad. Y eso significa reformas estructurales en la
economía, la política, la institucionalidad y la sociedad colombianas.
Lograrlo sólo será posible si la inmensa
mayoría de colombianos afectados por las políticas del régimen se
levantan unidos a luchar por ello. Son ellos los llamados a apropiarse
de la bandera de la paz, a mantenerla en alto por encima de la
demagogia, las amenazas y el terror oficiales. Alzarse contra la
dictatorial destitución del alcalde de Bogotá es una causa justa, pero
inútil si a la vez no apunta contra el régimen antidemocrático,
neoliberal y violento que domina en Colombia.
SECRETARIADO DEL ESTADO MAYOR CENTRAL DE LAS FARC-EP
Montañas de Colombia, 10 de diciembre de 2013
Montañas de Colombia, 10 de diciembre de 2013
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