Por: Tatiana Acevedo, El Espectador.
-Este no es un problema estético sino jurídico —afirmó el abogado Uribe de Brigard y Urrutia, refiriéndose a la utilización de estratagemas (antiestéticas, ¿poco éticas?, pero legales) en la compra abundante de tierras en Vichada. El problema, dictaminó, es “jurídico”, “altamente sofisticado” y sobre todo “muy técnico”.
El embrollo es, sin embargo, bastante sencillo y tiene que ver con la forma en que Brigard y sus clientes piensan el futuro de lo que Semana apoda “las regiones históricamente aisladas”: las tierras antes baldías, que el Estado adjudica a las comunidades, progresarán si y sólo si élites empresariales se ocupan de ellas.
Este grupo de ideas, que tiene por supuesto muchos matices, ha intentado abrirse camino de variadas formas. De manera legal, con la fórmula Riopaila/Brigard, apegándose a interpretaciones amañadas y pagando a buen precio las tierras. De manera estatal, a través de programas como Agro Ingreso Seguro/Carimagua. O de forma deliberadamente violenta, en lo que podríamos llamar el esquema de despojo Jiguamiandó y Curvaradó.
Quizá quien resumió mejor el mentado problema fue Vicente Castaño: “En Urabá tenemos cultivos de palma, la idea es llevar a los ricos a invertir en ese tipo de proyectos en diferentes zonas del país. Al llevar a los ricos a esas zonas llegan instituciones del Estado. Desafortunadamente las instituciones del Estado sólo les caminan a esas cosas cuando están los ricos. Hay que llevar a los ricos a todas las regiones del país”.
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