El ‘transformer’

Por Daniel Coronell, Revista SEMANA. Ver más artículos de este autor

OPINIÓN. William Pacheco, el oficial de la Policía sancionado e inhabilitado por la desaparición del joven Guillermo Hurtado hace 22 años, es hoy fiscal décimo de derechos humanos.

Foto: Jhon Calson

De ser comandante de Policía pasó al asfalto. Lo destituyeron disciplinariamente por su responsabilidad en la desaparición forzada de un joven. Aunque parezca increíble el policía destituido se convirtió en asesor de un congresista, después condenado por parapolítica.El asesor congresional se t

ransformó nada menos que en fiscal aunque legalmente no podía, ni puede, cumplir esa función. No contento con semejante mutación, el personaje es ahora presidente de la Asociación Nacional de Fiscales de Colombia.

El protagonista de esta increíble historia se llama William Gildardo Pacheco Granados y la peor parte es que hay denuncias que lo señalan de hacerse el de la vista gorda con los paramilitares y, al mismo tiempo, amparar montajes y testigos falsos contra defensores de derechos humanos.

La historia arranca en marzo de 1991 cuando el joven Guillermo Hurtado les contó a algunos allegados que había visto a varios miembros de la Policía Nacional aparentemente asesinando a una persona en las cercanías de Calarcá, Quindío.

Unos días después al salón de billares de Armenia, donde Guillermo trabajaba, llegaron varios uniformados al mando del teniente William Pacheco. No tenían una orden judicial contra el joven, le pidieron sus papeles y él les mostró su cédula inmediatamente. Sin embargo, se lo llevaron detenido.

Está probado que el joven fue conducido a la subestación de Policía del Barrio Santander. Lo liberaron esa noche, pero cuando apenas salía de la estación fue interceptado por un carro particular. Varios testigos aseguran que el aterrado Guillermo gritaba: “Mi teniente, no me vaya a matar. Yo digo lo que usted quiera”.

Del joven nunca se volvió a saber. Guillermo Hurtado Parra sigue desaparecido hoy, 22 años después. El teniente Pacheco no pudo explicar su actuación en estos hechos y fue destituido disciplinariamente.

Mientras apelaba la decisión, William Pacheco se desempeñó como miembro de la Unidad de Trabajo Legislativo del entonces representante a la Cámara José Domingo Dávila Armenta. (Ver certificado).

La sanción de destitución fue confirmada por la Procuraduría y la Corte Constitucional. Desde el año 2000 el Ministerio Público certifica que sobre William Pacheco pesa una inhabilidad permanente que le impide, entre otras cosas, desempeñar cargos en la Fiscalía General de la Nación. (Ver antecedentes).

William Pacheco, sin embargo, el mismo oficial de la Policía sancionado e inhabilitado por la desaparición del joven Guillermo Hurtado, es hoy fiscal décimo de derechos humanos y fue hasta hace poco el fiscal 22 antiterrorismo.

Nadie se explica cómo llegó al cargo y menos aún cómo puede seguir en este.

En el ente acusador no ha perdido el tiempo. Mientras su antiguo jefe José Domingo Dávila Armenta era condenado por parapolítica en relación con el Pacto de Chivolo, la Corte Suprema reclamaba que se investigaran las acciones del fiscal 22 antiterrorismo, William Pacheco, que con su negligencia permitió que Jorge 40 y otros paramilitares se apropiaran de numerosas propiedades de indefensos campesinos, precisamente en la zona de Chivolo. (Ver Corte Suprema).

Con procedimientos parecidos a los de la ‘fábrica nacional de testigos’, que actuó contra Sigifredo López, el fiscal William Pacheco mandó a la cárcel al defensor de derechos humanos David Rabelo Crespo y al exsenador liberal José Aristides Andrade.

La Justicia debe revisar lo que ha sucedido en estos casos. Más allá de toda discusión está el hecho de que el acusador de estos dos hombres, William Pacheco, no podía ser fiscal.

Sin embargo ahí sigue. Y no solo eso, pues hace un tiempo fundó la Asociación Nacional de Fiscales que pretende agrupar a los acusadores del país, entre ellos los que investigan violaciones de los derechos humanos. William Pacheco es el presidente de esa asociación cuyos afiliados –gracias a un curioso convenio– pueden usar las instalaciones del Club Militar pagando solamente la mitad de la cuota que se le exige a un oficial subalterno. (Ver certificado de cámara).