¿'El carrusel' no está sólo en la ciudad?
Empresas de la familia del concejal Javier Palacio han contratado en más de 60 ocasiones con las Fuerzas Militares.
Por: Elespectador.com
Los
contratos de la familia del concejal bogotano son con la Armada, la
Fuerza Aérea, Ejército, Fondo Rotatorio de la Policía, el antiguo DAS y
la Fiscalía. /Archivo - El Espectador
Los
alcances de las pesquisas de la Fiscalía General de la Nación sobre el
carrusel de la contratación ya excedieron los límites de la capital del
país. El domingo pasado, este diario reveló que Julio Gómez (cuestionado
empresario) había celebrado contratos con el Fondo Rotatorio de la
Policía Nacional que, hoy por hoy, está bajo la batuta del hermano del
concejal Orlando Parada, el general Gabriel Parada. Ahora, las
averiguaciones del ente acusador llegaron a las Fuerzas Militares, con
especial atención sobre los contratos que tiene el círculo familiar del
concejal Javier Palacio Mejía. Negocios que, entre 2009 y 2013, suman
casi $33.000 millones.
“No
queremos llegar a pensar que en el interior de la Agencia Logística de
las Fuerzas Militares se está siguiendo presuntamente el mismo ejemplo
bochornoso del carrusel de la contratación en el Distrito. Siempre son
los mismos contratistas: Manufacturas Delmyp, Inversiones Derca y
Manufacturas Rosse, los cuales todos son una misma familia”, le dijo el
brigadier general Gustavo Álvaro Porras Amaya, exdirector de la Agencia
Logística de las Fuerzas Militares, a Noticias Uno el pasado mes de
abril.
Javier Palacio ha sido
mencionado por testigos e implicados en el proceso del carrusel de la
contratación como uno de los concejales que se habrían ‘apoderado’ del
Fondo de Vigilancia y Seguridad del Distrito. Sin embargo, aún la
Fiscalía no ha anunciado una investigación formal contra él. “Ninguna de
las empresas de mi familia tiene contratos con el Distrito”, le dijo el
cabildante a este diario. No obstante, la empresa Inversiones Derca
SAS, de la cual su hermano Alberto Alexis Palacio Mejía ha sido parte
como subgerente y representante legal, sí firmó un contrato el 27 de
diciembre de 2011 con el Fondo de Vigilancia y Seguridad, durante la
administración de Samuel Moreno, por $1.910 millones para suministrar
guantes y pasamontañas a la Brigada XIII del Ejército, con una adición
de $938 millones.
El mismo concejal
Palacio le dijo a este diario: “Si Derca o mi hermano actuaron de forma
ilegal, que les caiga todo el peso de la ley”. El cabildante describe
la relación con su hermano como solamente “sanguínea”, y es insistente
en que, dada la lejanía con Alberto Alexis Palacio, “no conozco si se
presenta a procesos licitatorios con la ciudad o el Estado”. Este diario
pudo establecer que, además de Derca SAS, la familia de Palacio ha
contado con la suerte de ser beneficiaria habitual de los procesos
contractuales y licitatorios con las empresas Confecciones Ross,
Manufacturas Delmyp SAS (de la que el concejal es accionista) y, como si
fuera poco, Rosemary Palacio Mejía, hermana del concejal, oficia como
persona jurídica en varios negocios con el Estado.
Tres
de las empresas identificadas (Derca, Confecciones Ross y Delmyp)
firmaron entre 2009 y 2013 un total de 67 contratos, que juntos suman
casi $33.000 millones. La empresa que más contratos firmó fue Derca, con
un total de 31 por casi $19.000 millones. A esta empresa le sigue
Confecciones Ross, que logró 23 por valor cercano a los $8.000 millones,
y finalmente Delmyp, con 13 por valor cercano a los $6.000 millones.
Firmaron
contratos con el Ejército, la Policía, la Fuerza Aérea, la Fiscalía, la
Agencia Logística de las FF.MM., la Armada Nacional, el Fondo Rotatorio
de la Policía, la Alcaldía de Chiquinquirá y hasta el desaparecido DAS.
Con la entidad que mejor les fue contractualmente fue el Ejército, con
el que celebraron 16 contratos por casi $13.000 millones; seguida de la
Policía Nacional, con la que celebraron 17 contratos por $10.500
millones. Con la Fuerza Aérea fueron 15 contratos, por casi $3.000
millones; con la Fiscalía, 3 por valor de $2.200 millones; con la
Agencia Logística de las FF.MM., 6 por $2.114 millones; la Armada, 5 por
$870 millones; el Fondo Rotatorio de la Policía, 3 por $255 millones, y
con el DAS, uno por $60 millones.
El
año en el que mejor le fue a la familia Palacio fue 2011, cuando les
adjudicaron 30 contratos por un valor cercano a los $12.000 millones.
Luego en 2012, cuando les adjudicaron 17 por un valor $8.200 millones.
Otro
de los puntos que llama la atención de algunos de los contratos que
ganaron las empresas Palacio es que en repetidas ocasiones dos o más
empresas del clan fueron oferentes de los mismos procesos licitatorios.
Por ejemplo, las empresas Derca, Delmyp, Rosse y la unión temporal
Indumorrales se presentaron en el año 2011 a una licitación de Catam
para “la adquisición de chalecos antiesquirlas para las diferentes
tripulaciones del comando aéreo de transporte militar”. También que en
el proceso de selección abreviada N° 166 de 2011 para la “adquisición de
gafas con destino al Ejército Nacional” de la Agencia Logística de las
FF.MM. sólo se presentaron Delmyp y Derca (la ganadora). Además, que
para el proceso licitatorio de unas carpas “tipo modular” del mismo
Ejército, de octubre de 2011, se presentaron Derca y Rosse.
El
que varias personas de la misma familia con cercanos lazos de
consanguinidad se presenten a una misma licitación, pero representando a
diferentes empresas, podría ser polémico. De acuerdo con un abogado
experto en contratación, consultado por El Espectador, al estar
participando en un procedimiento administrativo, como la selección de un
contratista, estas personas podrían estar incurriendo en el delito de
fraude procesal. Agrega que con el nuevo Estatuto Anticorrupción se creó
el delito de colusión, que consiste en el acuerdo de varios proponentes
en un proceso de contratación para alterar sus resultados. Sin embargo,
ninguno de estos delitos le ha sido imputado a ningún miembro de la
familia Palacio Mejía, ni se ha abierto una investigación formal.
Mientras
tanto, en las Fuerzas Militares la preocupación es evidente. Durante la
semana que termina, algunos oficiales expresaron que la Fiscalía
estaría a punto de revisar la contratación de la familia Palacio con la
Brigada XIII especialmente, cuyos procesos contractuales están a cargo
del Distrito. Por ahora es evidente que los lazos contractuales
trascienden a lo nacional.
Los líos de la empresa del concejal en Perú
De
acuerdo con una investigación del diario La República de ese país, el
ejército peruano adquirió en “2008 equipos de campaña por un monto de
US$98.330, pero pagó US$1’067.000 por concepto de traslado de Colombia a
territorio nacional. Es decir, se pagó 10 veces más del valor
original”.
El ejército peruano
declaró ante la Sunat (Superintendencia Nacional de Administración
Tributaria) US$98.000, adjuntando una factura comercial con fecha del 30
de octubre de 2008 por la empresa Manufacturas Delmyp (de la que el
concejal Javier Palacio es accionista). Sin embargo, la misma entidad
detectó una transferencia bancaria por un monto que superaba el US$1
millón.
Esa entidad le solicitó a la
DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) la verificación de la
factura. El resultado: Delmy presentó en Colombia una factura por
US$1’166.450. Luego de una investigación conjunta, la Sunat advirtió que
el precio de la mercancía sí había sido de US$98.000 y que la
embarcadora Perú Multimodal Logistic, que trasladó la mercancía de
Colombia a Perú, había cobrado por sus servicios sólo US$3.600.
El padrino y el Fondo de Vigilancia
El
concejal Javier Palacio conoció al general (r) Álvaro Miranda Quiñónez
en el bachillerato. “Era un hombre muy cercano a la familia. Siempre le
tuve admiración. Por eso fue mi padrino de matrimonio en el año 2008”,
confiesa el cabildante.
Un año
después, el 14 de mayo de 2009, durante la administración de Samuel
Moreno, fue nombrado subgerente técnico del Fondo de Vigilancia y
Seguridad del Distrito. Ocupó ese cargo hasta el 31 de marzo de 2011.
Durante
su período como funcionario fue firmado el contrato con la firma
Verytel S. A. por cerca de $40 mil millones que hoy es objeto de
investigación por parte de la Fiscalía para el suministro de sistemas de
vigilancia en patrullas y colegios. En ese negocio también habría
participado Liliana Arévalo como asesora jurídica del Fondo, quien, en
2007, participó en la campaña de Palacio a la Cámara de Representantes.
Miranda
Quiñónez fue comandante del distrito de Policía del Valle, de Boyacá,
estuvo en el Colegio Interamericano de Defensa, director de Bienestar
Social de la Policía y comandante de Santander.
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