Cacería de brujas

Por María Jimena Duzán, Revista Semana.

OPINIÓN. Queda claro que la inmunidad para expresar sus opiniones solo opera para los funcionarios copartidarios del procurador.

Para el procurador Alejandro Ordóñez los conservadores, sus copartidarios, nunca son culpables. Son seres impolutos, castos y… generosos. Se toman el tiempo de hacerle homenajes inmerecidos, como el que hace poco le hicieron en Medellín. Basta mirar sus fallos y decisiones para advertir ese ses

go que lo hace tan humano y tan poco celestial. 

Acaba de liberar de toda culpa al senador conservador Roberto Gerlein por haber insultado a los homosexuales. Gerlein, opositor del proyecto de ley que permitía el matrimonio entre parejas del mismo sexo, defendió su posición en el Congreso no con la altura que le imponía su investidura sino con la bajeza del insulto. “Me produce repulsión el catre compartido por dos varones”, dijo. “Su sexo es sucio, asqueroso, es sexo excremental”. 

En cualquier país democrático estas declaraciones hubieran ameritado por lo menos una sanción o incluso su destitución. Aquí, no. El procurador, que es el defensor de las minorías, apoyó a Gerlein con la tesis de que los congresistas tienen inmunidad para expresar sus opiniones personales… Sobre todo, agregaría yo, si son conservadores como Ordóñez y comparten su odio por los homosexuales como Gerlein. Si piensan como Alonso Salazar, el alcalde de Medellín, que fue destituido por el procurador, la tesis no funciona. 

Salazar no es conservador ni odia a los gais y tuvo la audacia de hacer una clínica para la mujer en Medellín con la idea de que ellas pudieran practicarse el aborto en los tres casos específicos que permite la ley colombiana. El procurador, que se opone a la aplicación de esa ley, consiguió cerrar la clínica y desde entonces Salazar se convirtió en un hombre peligroso por pensar distinto a él y su camarilla. Al poco tiempo fue destituido por Ordóñez dizque por intervenir en política, cuando lo que hizo fue cumplir con su deber. 

Siendo alcalde denunció a uno de los candidatos de estar presuntamente aliado con sectores de la mafia y en lugar de que se investigara su denuncia, fue descabezado por la Procuraduría, acusado de participar en política. Queda claro que la inmunidad para expresar las opiniones solo opera para los funcionarios copartidarios del procurador, pero no para los que piensen como Salazar. 

Otro conservador que resultó ungido por su varita mágica fue el exdirector de la Dirección Nacional de Estupefacientes, Carlos Albornoz, acusado de ser la cabeza de un escándalo que según la Fiscalía es tres veces mayor que el carrusel de la contratación de Bogotá. Albornoz es muy cercano a los congresistas conservadores que fueron los jefes de debate de la reelección del procurador, como Eduardo Enríquez Maya, Miriam Paredes y Hernán Andrade. Y desde hace tres años, cuando estalló este escándalo, tampoco se ha vuelto a saber en qué van las investigaciones disciplinarias. 

En la Fiscalía, donde sí ha avanzado la investigación, la Procuraduría se está atravesando como una mula muerta. Acaba de rendir un concepto negativo para la privación de la libertad de Albornoz con el argumento de que la Fiscalía no fundamentó los delitos, no se sabe cuáles son los testigos. Según el ente acusador, no puede destapar sus cartas como se lo pide el Ministerio Público, porque daría al traste con la investigación en esta primera etapa del proceso, pero la Procuraduría ha decidido amparar a Albornoz bajo su manto. 

Otro protegido suyo es Luis Alfredo Ramos, exgobernador de Antioquia, también conservador y quien solamente tiene investigaciones preliminares en la Procuraduría por hechos denunciados hace mucho tiempo, a pesar de que su gestión como gobernador fue una de las más cuestionadas por temas de corrupción, tal cual lo evidencia el Libro Blanco de Sergio Fajardo. Ramos fue uno de los oferentes del homenaje que le rindieron los políticos conservadores en Medellín al procurador y que fue –ese sí–, una clara intervención en política. 

En la parapolítica, se ha aplicado el mismo rasero. El conservador y exsenador Ciro Ramírez acaba de ser absuelto disciplinariamente a pesar de que la CSJ lo condenó penalmente por los mismos hechos y lo mismo sucedió con Luis Humberto Gómez Gallo. En cambio, con argumentos menos obvios, Ordóñez destituyó a la senadora Piedad Córdoba y en su caso no se paró a cuestionar la idoneidad de los testigos. Ahora va por la cabeza del superintendente financiero Gerardo Hernández, un funcionario honesto, que no tiene padrino político y que fue el único que les paró el macho a los dueños de InterBolsa. 

El procurador ha desatado una cacería de brujas y no hay quien lo pare.