Por: Eduardo Sarmiento, El Espectador.
Tal como lo advertí en columnas anteriores, el mercado laboral se encuentra en retroceso desde el segundo semestre de 2012.
El país está pagando los costos de un modelo que le concede prioridad a la minería, deprime el salario y opera con un alto déficit en cuenta corriente. Los trabajadores no tienen los ingresos para adquirir los bienes que pueden producir. Por su parte, las cuantiosas ganancias de las empresas se destinan a inversiones de escasa utilización. Mientras que los ingresos del trabajo aumentan menos de 2%, muy por debajo de la productividad, la inversión crece 7%, muy por encima del producto. No existe la demanda para emplear eficientemente el capital. El bajo ingreso del trabajo contrae la demanda y ésta acentúa el desempleo.
Estamos ante un resultado desconocido. En la Teoría general, Keynes muestra cómo la deficiencia de demanda efectiva conduce a un estado de desempleo y producción por debajo de la capacidad plena. Ahora, se advierte que también deteriora la distribución del ingreso, configurando un círculo vicioso entre el desempleo y la inequidad. Así, la economía colombiana lleva seis años con tasas persistentes de desempleo de dos dígitos y coeficiente de Gini de 0,55, que la coloca entre las siete naciones más desiguales del mundo.
La falta de diagnóstico en el tema se refleja en las proyecciones de las decisiones oficiales. Con la Ley de Primer Empleo y Formalización de la Mano de Obra se justificaron diciendo que crearía 370.000 empleos. La reforma tributaria se presentó como una política de empleo que contribuiría a crecer un millón de puestos de trabajo. El presidente de la Andi estima que el plan Pipe generará 350.000 empleos. Si se tiene en cuenta que en el primer trimestre se perdieron 500.000 empleos, los nuevos puestos de trabajo tendrán que buscarse en Marte.
Por lo demás, no se pueden abrigar muchas esperanzas en los motores de inversión extranjera para la minería y la infraestructura. En la primera se requieren $150 millones para crear un empleo y en la infraestructura física, $80 millones, en tanto que en la industria y la vivienda de interés social se puede hacer con menos de $20 millones.
Durante dos décadas los funcionarios de los gobiernos apostaron que el empleo provendría del crecimiento y el mercado. Sobre esas bases predijeron que el desempleo tendería a ubicarse por debajo de un dígito y la informalidad, de 30%. Ahora pretenden remediar el fracaso con el mismo modelo que lo causó. En consecuencia, han caído en una serie de medidas puntuales orientadas a incrementar el empleo reduciendo los costos laborales, las cuales en unos casos resultan inocuas y en otros contrarias a lo que se pretende.
A la luz de estos resultados, se plantea un enfoque global y sectorial que reconozca la realidad estructural del desempleo. De hecho, se requiere ampliar la demanda efectiva reduciendo el déficit en cuenta corriente, ampliando el déficit fiscal y sustituyendo el motor de la minería por la industria y la agricultura. Lo más urgente es elevar la capacidad de compra de la mitad de la población menos favorecida mediante el salario mínimo y la creación de un subsidio directo a la contratación de trabajadores provenientes de la informalidad.
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