Bogotá, 18 mar (PL) La reciente oleada de protestas civiles y paros en sectores cruciales de la economía colombiana pusieron en jaque al Gobierno, obligado a sentarse a la mesa de negociaciones sin que los huelguistas interrumpieran sus movilizaciones y marchas. La primera señal la dieron los caficultores, quienes salieron masivamente a la palestra y mantuvieron en pie sus demandas, de espaldas a una Federación Nacional en la que afirmaron no sentirse representados, por las continuas concesiones al margen de las necesidades de los productores y cosecheros de base, nunca tenidas en cuenta, alegaron.
Cualquier negociación en busca de una salida a la crisis hay que discutirla con los que afrontamos una situación cercana a la miseria más absoluta. La Federación no habla de la realidad que vivimos los cosecheros de base, subrayaron.
En un principio el Gobierno trató de conjurar huelga bajo la advertencia de que no habría concertación posible si se mantenían "las vías de hecho" -modo de encauzar un reclamo sin amparo legal, según el punto de vista jurídico-, pero el alerta cayó en el vacío.
El paro cafetero desató de inmediato una confluencia de acciones similares, que pusieron de manifiesto las inequidades sociales y crisis por las que atraviesa el país, según consenso de analistas e incluso parlamentarios pertenecientes a distintas agrupaciones políticas.
A juicio del analista Horacio Duque, la política de tierra arrasada, consecuencia de las medidas de corte neoliberal aplicadas por el Gobierno, es la génesis de la irrupción en cadena de la rebeldía agraria, cívica y popular.
Al paro de los cafeteros se unió el de los camioneros de carga por carretera, los cacaoteros, comunidades indígenas y arroceros mientras otros representantes del sector agrícola, entre estos los productores de maíz, los lecheros y los cultivadores de papa, anunciaban que también se sumarían a las protestas.
Según datos ofrecidos por el propio Duque, por lo menos más de mil 200 personas participaron en el paro, mientras que cerca de un millón y medio lo hicuieron en forma indirecta.
En huelga durante 11 días en 13 departamentos del país, los caficultores dieron un ultimátum al Gobierno el 4 de marzo pasado: si en 48 horas no recibían una respuesta, emprenderían una marcha pacífica hacia Bogotá "para trasladar sus demandas al corazón del país", tras exigir que las negociaciones se realizaran en su propio terreno.
Ministros del gabinete de Santos viajaron a los departamentos en paro, secundados al final por el vicepresidente Angelino Garzón como mediador y garante.
Los cafeteros ganaban la partida con el aumento del precio de sustentación de base por carga de 160 kilogramos, el respaldo a sus créditos, la modernización de la infraestructura y el freno a la importación desmesurada del grano destinada al consumo nacional.
Con la lección aprendida, las autoridades estatales se apresuraron a reunirse con los arroceros y llegar a acuerdos favorables a ese sector, antes de que entraran en huelga.
De igual modo procedieron con los camioneros, quienes habían convocado a los taxistas a unírseles en sus demandas de rebaja del precio de la gasolina y el aceite combustible para motores (diesel).
Sin embargo, la efervescencia social no decrece, como lo demuestra la huelga de los trabajadores extradocentes de la Universidad Nacional bogotana, quienes exigen una nivelación salarial nunca cumplida, respaldados por los estudiantes, profesores y otras filiales universitarias.
Paralelamente se suceden los movimientos en defensa del medioambiente y la preservación de los recursos naturales contra los que atentan las transnacionales mineras, en la mayoría de los casos amparadas por los Tratados de Libre Comercio.
Para esta semana está convocada otra huelga: la de los estudiantes en defensa de una educación pública gratuita y de calidad , en tanto los volqueteros del puerto norteño de Barrancabermeja continúan sus demandas y bloqueo de la Carretera Nacional, en reclamo de precios justos en los contratos de trabajo.
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