País de tuertos

Por: María Elvira Bonilla, El Espectador

Cuando se lea esta columna ya Colombia tendrá elegidos nuevos alcaldes, gobernadores y estarán conformadas las asambleas departamentales y los concejos municipales.

Según los análisis tanto de la Fundación Arco Iris, Transparencia por Colombia, como de los distintos observatorios electorales y los análisis de investigadores en las regiones, el perfil de la calidad de los gobernantes locales antes que mejorar va a registrar un grave deterioro. Todo indica que el campanazo de lo ocurrido en Bogotá en los cuatro años anteriores, conocido como el carrusel de la contratación, replicado en otras municipios y ciudades del país, que tienen mucha menor fortaleza institucional y peso de la opinión pública que la capital, sirvió para castigar electoralmente al Polo Democrático y disparar a Gustavo Petro como adalid de la lucha contra la corrupción. Y para nada más.
Los grandes responsables de que el abanico de candidatos para ocupar cargos públicos territoriales no sea mejor, son los partidos políticos. Anunciaron una depuración que resultó insuficiente e ineficaz. La selección no se hizo con el rigor que la ciudadanía, saturada de corrupción y abusos, demandaba. Con el pragmatismo propio de los políticos, los partidos no se dieron la pela. Incapaces o no interesados en construir filtros exigentes para garantizarle a la ciudadanía una selección previa, aplicaron un único rasero: la existencia o no de procesos judiciales concluyentes frente a los postulantes a obtener los respectivos avales. Habría bastado prestarles el oído a los habitantes de las regiones que bien conocen cómo actúan los políticos en el terreno, que se saben de memoria sus pilatunas cotidianas y recitan su trayectoria de politiquería alimentada en las malas prácticas de concejos y asambleas, para evitar que tanto personaje turbio e incompetente se colara en los tarjetones.
El pragmatismo y la mediocridad se tomaron los partidos, convertidos en simples máquinas electorales que actúan con inmediatismo y sin perspectiva. No existen centros de pensamiento ni escuelas de formación para preparar jóvenes para la gestión pública, donde se construyan proyectos de sociedad y de país a futuro, cimentados sobre valores y convicciones. Se acabó en el país el debate público, la movilización de ideas y de sueños que en la vida de una sociedad son bien importantes por convocadores y movilizadores de voluntades.
Con la nueva ley de regalías muchos presupuestos regionales se multiplicarán y serán los alcaldes y gobernadores los principales responsables de que esos recursos se traduzcan en mejoramiento de las condiciones de vida en las regiones y no en más corrupción. Para la gente del común éstas son las elecciones más importantes, un proceso democrático que se inició hace ya 26 años, pero que aún no madura y que deja un balance lleno de interrogantes. La cosecha de buenos alcaldes producto de la elección popular ha sido escasa y todo indica que la tanda que llega no será mejor, atrapados en la lógica del adagio popular: en el país de los ciegos, el tuerto es rey. El análisis tendrá que hacerse poselecciones, pero todo indica que no se logrará romper el círculo vicioso.