Señor, Zeid Ra’ad Al Hussein
El Alto Comisionado para los Derechos Humanos
Ginebra, Suiza
Nos dirigimos a ustedes como garantes internacionales en la promoción y protección de los derechos humanos, para manifestar nuestra preocupación por los atropellos cometidos contra la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP -, figura jurídica del acuerdo firmado que pretende otorgar Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de NO Repetición para las víctimas.
Este atropello, representado en en la sentencia C-17 de 2017 de la Corte Constitucional, el 15 de noviembre, que declara exequible el acto Legislativo 001 de 2017 que creó el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, e igualmente en horas de la noche del mismo día, el Senado de la República aprobó varios artículos del proyecto de ley estatutaria sobre la Jurisdicción Especial de Paz, que en su conjunto constituyen abiertas violaciones al Acuerdo Final.
Como víctimas de los crímenes cometidos por el Estado tanto en su acción como en su omisión, vemos que este abrupto giro que le ha dado la Corte y el Senado, a lo que constituye la herramienta básica de justicia, nos deja sin acceso a la misma, ya que deriva el sistema solo a uno de los actores del conflicto, la guerrilla, en tanto que:
1. Declara inexequibles la practica totalidad de contenidos de la JEP que garantizan y preservan la autonomía de esta jurisdicción respecto a la justicia ordinaria, afectando así a las garantías de no injerencia por otras jurisdicciones que son propias de cualquier sistema de justicia transicional y que fueron pactadas entre las partes
2. Se declara inexequible la posibilidad de que los juristas expertos extranjeros seleccionados como amigos de la corte puedan participar -siempresin votar- en los debates de las secciones o salas que hayan solicitado su intervención, es decir, permite que estos expertos la participación por escrito, pero no que expliquen el concepto al pleno de la sala o sección que ha de resolver.
3. Declara inexequibles, las normas que permiten que la competencia de la JEP se extienda sobre terceros civiles o agentes del estado no combatientes con graves responsabilidades en la comisión de crímenes internacionales, es decir, contribuye a perpetuar la impunidad estructural que ha existido en el conflicto respecto a estos sectores y, vulnerando el acuerdo final en lo relativo a que la JEP se aplicará a cualquier persona que tuviera responsabilidades por hechos y conductas relacionadas con el conflicto.
4. Esta sentencia es por demás discriminatoria, ya que señala a aquellos que han ejercido como defensores de los derechos humanos, que han entablado acciones contra el Estado o han defendido a víctimas del mismo no pueden participar como magistrados/as de la JEP.
5. El acuerdo firmado por las FARC y el Gobierno colombiano, ha sido considerado de histórico por el enfoque de genero que le fue impreso. Sin embargo el legislativo aprobó un artículo nuevo para que los delitos sexuales sean sacados de la JEP y tratados por la justicia ordinaria. Igual que se hizo con la “Ley de Justicia y Paz”, las mujeres son nuevamente violentadas y les es negado el derecho a la verdad, lo que comprueba el gran viso impunidad para el Estado y el paramilitarismo que otorga la legislación.
Como pueden ver, estas modificaciones eliminan la independencia de la JEP, arrojándola a la justicia ordinaria, baluarte de la impunidad en Colombia. Además esta acción va en contra de lo aprobado por el mismo congreso en el acto legislativo para la paz, donde se establece que todas las autoridades en el momento de la implementación tienen que respetar el espíritu del acuerdo.
Una vez más vemos que nuestro derechos son violentados, que la legislación además de marginarnos, nos revictimiza, nos impide el acceso a la justicia, es decir, alrededor del 90% de las víctimas somos desterradas al olvido.
Por este motivo recurrimos a ustedes como organismos de carácter internacional, que han avalado los acuerdos, que son conocedores que lo firmado cumple tanto con la jurisdicción nacional como internacional, esperando puedan ejercer presión sobre el gobierno que nos permita salvar lo acordado, ya que sin justicia la paz será una quimera, no habrá perdón y mucho menos reconciliación para nuestro país.
Atentamente;
Leyla Ordoñez Mera
Presidenta
Eliecer Jimenez Julio
Secretario
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