Hernando Vanegas Toloza,
Postales de Estocolmo.
La CC y el senado
colombianos, “sin querer queriendo”, le van abriendo las puertas a la Corte
Penal Internacional (CPI).
Pretendiendo “blindarse”
de los crímenes cometidos por sus “civiles, terceros”, durante los 53 años de
guerra interna –sucia por el querer de la oligarquía-, crímenes que han
permanecido en la más espantosa impunidad durante éstos todos éstos años, van haciendo
una colcha de retazos por donde se filtrará la CPI.
Es sabido que en
Colombia la impunidad es del 99% de todos los delitos, reconocido por el mismo
fiscal general, Néstor Humberto Martínez. Esa impunidad es mayor cuando
de violaciones de derechos humanos se trata, o sea, es el 100%. 83%
responsabilidad en masacres, 83,3% de ejecuciones extrajudiciales, 97,7% de
responsabilidad en desaparición forzosa y 100% responsabilidad en
desplazamiento forzoso, ninguna de ellas es juzgada ni aceptada por el estado
colombiano.
Con razón Colombia está ubicado ”en el tercer lugar de
impunidad, después de Filipinas y México” en 2015, según nos siguió diciendo el
Fiscal Martínez.
En Colombia la impunidad es del 99% y ocupa el Tercer lugar después de Filipinas y México.
Ninguno –o casi ninguno- de los responsables enfrentan un Tribunal y mucho menos son condenados. Es lógico. Si no son juzgados, mucho menos podrán ser condenados.
Ninguno –o casi ninguno-
de los responsables enfrentan un Tribunal y mucho menos son condenados. Es
lógico. Si no son juzgados, mucho menos podrán ser condenados.
Sin embargo, los poquísimos casos en que se condena al
Estado tienen que pasar por las manos de la CIDH. Los tribunales de la justicia
ordinaria, plagado de la más profunda corrupción, se muestran incapaces para si
quiera adelantar una investigación. Ni
cuando la CIDH condena al estado, ni así el gobierno reconoce la autoría y ”se escurre
por las ramas”.
Cuando son juzgados por
la justicia ordinaria colombiana, los responsables se aseguran que “el grueso
del fajo de billetes” que llegan a los bolsillos de fiscales, jueces y
magistrados es de tal grosor que esos funcionarios dictan sentencia en favor de
sus “clientes”, no de sus juzgados.
En relación con el
juzgamiento de los narco-paramilitares 31.000 miembros –incluían ancianos,
putas, delincuentes comunes, etc!- reconocieron más de 125.000 homicidios, 445
se sometieron a la ley de Justicia y Paz, y de éstos apenas 15 fueron
condenados.
Cuando empezaron los
grandes “capos” a decir la verdad de las conexiones con empresarios,
congresistas, políticos regionales, etc, fueron extraditados por el entonces
presidente Álvaro Uribe Vélez, a fin de ocultar la verdad, o sea, asegurar la impunidad
total.
En los momentos presentes,
la CC y el senado, con ocasión de la aprobación de la JEP, nuevamente incurren
en maniobras ilegales, inconstitucionales, disfrazadas de legales, al ”meterle
mano” al Acuerdo de Paz, sientan la más espantosa impunidad que ha encendido
las alarmas de la sociedad colombiana y de la comunidad internacional que ha
seguido y acompañado el proceso de Paz y la firma de un Acuerdo que se tiene
por ejemplo para la comunidad internacional.
Que no se rasguen las
vestiduras cuando tengan la soga de la CPI en el cuello. Que no lloriqueén
cuando estén en La Haya o en Roma respondiendo por sus múltiples y aberrantes
crímenes. No olvidemos que ellos hasta “jugaban al futbol con la cabezas de las
víctimas” cuando sometían al pueblo colombiano a su “orgía de sangre”.
Podremos perdonar, pero
no olvidar los crímenes que el Terrorismo de Estado –incluyendo su
narco-paramilitarismo- ha cometido contra las víctimas colombianas, civiles
desarmados, inermes. Los ex-comandantes de las FARC-EP se someterán a la JEP y,
valientemente, enfrentarán un Tribunal de Justicia. Mas los que le temen a la
JEP están metidos en tremendo problema con la CPI.
Es ante la CPI, ante el organismo
de justicia que tendrán que responder por sus crímenes.
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