No te sientas avergonzado de contar mi crimen,
El crimen del amor y la hermandad
Sólo el que calla debería avergonzarse
Ennio Morricone y Joan Báez
Hace 90 años, un 23 de agosto de 1927, fueron ejecutados en la ciudad de Massachusetts (EEUU) los anarquistas italianos Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti tras un largo juicio plagado de irregularidades en el que fueron desconocidas las más elementales garantías al debido proceso. Estos dos hombres de origen italiano, habían llegado a los Estados Unidos en 1908, vinculándose desde entonces a las luchas obreras y de defensa de los trabajadores inmigrantes. Cuando se desencadenó la I Guerra Mundial (1914-1918), se negaron a participar en ella convencidos, no sin razón, de que las guerras estaban hechas “para el beneficio de los grandes millonarios”.
Aunque Sacco y Vanzetti fueron arrestados, juzgados y condenados a muerte por un delito que jamás cometieron; en el proceso judicial prevalecieron los prejuicios raciales y la xenofobia contra dos inmigrantes cuyo único delito fue -como ellos mismos lo expresaron en una carta escrita desde la cárcel de Dedham- ser “italianos y además subversivos”. Medio siglo después de este asesinato “legal”, el gobernador de Massachussets, Michael Dukakis, reconoció en una proclama pública que a los procesados “no se les había dado un trato justo” y que en el juicio había primado un ‘prejuicio contra los extranjeros y hostilidad hacia posiciones políticas no ortodoxas’.
Para ese momento los dos anarquistas italianos se habían convertido en un símbolo de resistencia y dignidad. Hoy, nueve décadas después, su recuerdo pervive en la memoria colectiva, y ha inspirado centenares de publicaciones, representaciones teatrales, películas y hasta canciones que nos recuerdan la historia de un zapatero (Sacco) y un vendedor de pescado (Vanzetti) contra quienes la justicia agitó todo el odio clasista y racista por el simple hecho de ser pobres. Su caso sigue teniendo actualidad, para ilustrar las perversiones de una justicia que, como en el caso colombiano, continua siendo utilizada para reprimir la protesta social y garantizar la impunidad de los agentes estatales.
El juicio a Sacco y Vanzetti: un poco de historia
La historia de esta farsa judicial inició en el jueves 15 de abril de 1920, cuando ocurrió un robo de una nómina de más de 15 mil dólares, en la localidad de Baintree (Massachusetts); acción en la que murieron baleados por los asaltantes el pagador y su escolta. De este doble delito se sindicó a Sacco y Vanzetti, quienes fueron privados de la libertad pocas semanas después de los hechos. El arresto se produjo en el contexto de los allanamientos ordenados por el Fiscal General Mitchell Palmer, quien meses atrás había ordenado una serie de registros y detenciones contra inmigrantes que expresaran su oposición o participaran en protestas contra el gobierno.
Esto sucedía en un clima de segregación racial propiciado por el entonces presidente norteamericano Woodrow Wilson (1913-1921), y en un ambiente de creciente depresión económica, seguida de una fuerte agitación social que sirvió de pretexto para que las élites dirigentes tomaran medidas encaminadas a detener la supuesta “conspiración roja” que proyectaba la triunfante revolución rusa. La arbitrariedad de estas redadas quedó al descubierto cuando en aquel entonces fue lanzado un anarquista desde el piso 14 del edificio del Departamento de Justicia de Nueva York, y su muerte presentada oficialmente como un suicidio (hecho que habría de inmortalizar años después el dramaturgo italiano Darío Fo en su magistral pieza teatral Muerte Accidental de un Anarquista). Sacco y Vanzetti organizaban actos de protesta contra este crimen.
El juicio contra los dos anarquistas italianos estuvo viciado de principio a fin. Para empezar el día que se cometió el crimen los dos inmigrantes no se encontraban en el lugar de los hechos, y numerosos testigos manifestaron haber visto a Vanzetti en su puesto ambulante vendiendo pescado; mientras que el cónsul italiano de Boston declaró que ese día Sacco se hallaba en su despacho solicitando un nuevo pasaporte. Para el fiscal Katzmann se trataba simplemente de una coartada urdida por los acusados para exculpar su actuación en los hechos delictivos imputados; en tanto que para al juez Thayler estos testimonios no le merecían ningún crédito dado que en su mayor parte provenían de italianos.
Las evidencias que demostraban la inocencia de los inculpados en el asesinato fueron descartadas una tras otra por el mencionado juez: la no coincidencia del calibre del arma homicida con la incautada a Sacco y Vanzetti en el momento de su arresto; la confesión de varios testigos que habían sido sobornados o presionados para inculpar a los dos anarquistas; la declaración de ciudadanos que presenciaron el robo y negaron que estos dos hombres pudieran ser los homicidas. Todo ello sin contar, las numerosas trabas que la justicia interpuso para bloquear la defensa, entre muchas otras, el ocultamiento de las minutas policiales del robo.
Pero ni siquiera la misma confesión de los verdaderos asesinos fue admitida como prueba en favor de la defensa de Vanzetti y Saco. Este último, quien se hallaba encarcelado en la prisión de Dedham, entabló relación con Celestino Madeiros, un integrante de la banda delincuencial de Joe Morelli, y quien reconoció no sólo haber participado en el asalto sino de disparar personalmente contra el pagador de nómina y su escolta. Nada de lo cual impidió que los dos anarquistas, junto con Madeiros, fueran llevados a la silla eléctrica luego de seis años de juicio, donde los abogados defensores agotaron todos los recursos judiciales posibles, incluyendo reapertura de la causa y solicitudes de indulto.
De Sacco y Vanzetti a “Simón Trinidad”
Han transcurrido nueve décadas de la ejecución de Sacco y Vanzetti, y aún persiste la atmósfera racista y xenofóbica que rodeó los años de la primera posguerra en los Estados Unidos. Para constatar este hecho, baste señalar medidas discriminatorias como la revocación de visas a inmigrantes, la construcción de un muro en la frontera con México y la restricción de entrada para ciudadanos de varios países con poblaciones mayoritariamente musulmanas, adoptadas por el actual presidente norteamericano Donald Trump. Sin olvidar, que su antecesor el premio nobel de paz Barack Obama, ha sido el presidente que mayor deportaciones ha hecho en los EEUU.
Ni qué decir del abuso que reina cuando se trata de afroamericanos asesinados, como sucedió recientemente en el estado de Wisconsin con la muerte del joven Tony Robison, a manos de un policía. En esa ocasión, el fiscal del Distrito consideró que el joven de apenas 19 años -que no portaba arma alguna- había agredido al oficial blanco, por lo que no existían pruebas suficientes para enviar a este último a la cárcel. En contraste con estos hechos de impunidad, las estadísticas indican un preocupante sesgo en la aplicación de la justicia, ya que el 36% de las personas privadas de la libertad y el 59% de los condenados en los EE UU son afrodescendientes (Cfr. Newsweek, Mother Jones).
Otra expresión de esta cadena de injusticias, es la larga condena que hoy cumple en la prisión de máxima seguridad de Florence-ADX, en el estado de Colorado, Juvenal Ovidio Palmera ex profesor universitario y conocido en las FARC como “Simón Trinidad”, organización guerrillera a la cual se vinculó para resguardar su vida del genocidio desatado por el Estado colombiano contra la Unión Patriótica (UP). Luego de su absurda e ilegal extradición a los EEUU, “Trinidad” enfrentó allí, un juicio por el delito de narcotráfico, y cuando éste no prosperó se le juzgó y condenó por la retención en las selvas colombianas de tres contratistas norteamericanos, bajo la falsa presunción de que “Simón Trinidad” hacía parte del Estado Mayor de las FARC-EP.
Falsos positivos judiciales y “enemigo interno” en Colombia
La farsa judicial que condujo a Sacco y Vanzetti a la silla eléctrica, nada tiene que envidiar a los falsos positivos judiciales que las autoridades colombianas vienen realizando desde hace ya varios lustros con base en capturas irregulares legalizadas por jueces “de garantías”; el desconocimiento del derecho a la presunción de inocencia; el linchamiento mediático; el uso de pruebas ilícitas obtenidas violando derechos fundamentales y principios constitucionales; la utilización de falsos testigos; y las presiones por parte de la Fiscalía para lograr la autoincriminación del sindicado y la dilación del proceso.
No sorprende que esto sea así: hace más de una década que se implementó en nuestro país el Sistema Penal Acusatorio (ley 906 de 2004), copiando los elementos procedimentales del modelo norteamericano con todas sus perversiones; y aunque a diferencia de los EEUU la Constitución Política Nacional prohíbe explícitamente la aplicación de la pena capital (art. 11), ésta se ha ejecutado sistemáticamente en Colombia, o acaso, ¿Cómo explicar los casi 4000 asesinatos extrajudiciales, que según cifras oficiales, fueron perpetrados por agentes públicos durante los dos períodos del presidente Uribe, cuando el actual mandatario Juan Manuel Santos fungía como Ministro de Defensa? ¿O los centenares de presos que han muerto en las cárceles colombianas por inatención médica?
Pero no nos engañemos. Las fallas no radican en el modelo, sino en la esencia misma de un sistema que ha diseñado el aparato judicial, con un sentido de clase, para atenuar las crisis cíclicas del capitalismo, criminalizando la pobreza, persiguiendo a los inmigrantes y reprimiendo la disidencia política y la protesta social. Es por ello que “la justicia –como nos lo recuerda el historiador estadounidense Howard Zinn- no se imparte igual para el pobre que para el rico, para el oriundo que para el nacido en otros países, para el ortodoxo que para el radical, para el blanco o la persona de color” (A Power Governments Cannot Suppress).
Sin duda, en Colombia la actuación de una justicia parcializada es un rasgo que caracteriza el último siglo de la historia política contemporánea del país; y en los marcos de un prolongado conflicto armado y social, el poder judicial se ha configurado –salvo contadas excepciones- en un verdadero aparato de guerra, dirigido a desarticular las organizaciones sociales, silenciar la protesta social y sembrar el miedo entre los que tienen un pensamiento disidente, a la vez que ha garantizado la impunidad de los agentes estatales que incurren en actos criminales. Esto sigue siendo válido aún después de firmados los Acuerdos de Paz suscrito entre la guerrilla de las FARC-EP y el gobierno del Presidente Manuel Santos el pasado mes de noviembre de 2016.
Casos recientes como la injusta judicialización del estudiante de sociología Mateo Gutiérrez; la arbitraria detención de la defensora de derechos humanos Milena Quiroz, junto con cinco líderes sociales más, en el sur de Bolívar; así como la aprehensión de varios profesionales y universitarios, sindicados, sin mayores pruebas, del atentado en el Centro Comercial Andino de Bogotá, nos recuerdan dolorosamente las palabras que se le atribuyen al parcializado juez que condenó a Sacco y Vanzetti, a la pena capital “este hombre –exclamó el magistrado a los miembros del jurado- aunque no haya cometido el crimen que se le atribuye, es de todas maneras culpable, porque es un enemigo de nuestras instituciones”.
Y es que en esta concepción de “enemigo” el estado colombiano incluye a los campesinos que defienden su territorio de la voracidad de las multinacionales; a los pueblos indígenas que se oponen a la explotación de las mineras; a los estudiantes y maestros que rechazan la privatización de la educación; a los trabajadores que reivindican sus derechos laborales; a los afrodescendientes que se oponen al monocultivo de la palma y la caña de azúcar; a los ciudadanos que reclaman pacíficamente por el alza en la tarifa de los servicios públicos; a los jóvenes que se movilizan por mejores condiciones de vida; en fin a todo o toda aquel que reclama sus derechos.
La fuerza de la solidaridad
La indignación que despertó la injusta condena de Sacco y Vanzetti, se hizo sentir en todos los rincones del mundo abarcando ciudades tan diversas como Nueva York, Tokio, Londres, París, Estocolmo o Nueva Delhi, y aglutinando un amplio y heterogéneo espectro social y político que se expresó en contra del parcializado juicio del que fueron objeto estos dos anarquistas. A esta campaña internacional por su libertad se sumaron voces de reconocidos escritores e intelectuales, entre otros, Romain Rolland, Bertrand Russell, Albert Einstein, Marie Curie, Anatole France, Bernard Shaw, H. G. Wells, John Dos Passos, este último autor de un lírico y apasionante relato que recoge los pormenores del juicio.
América Latina no fue ajena a esta ola de protestas. Argentina, y particularmente Buenos Aires, vivió aquel 23 de agosto de 1927 con una intensa agitación: “El paro fue general, ordenado por las centrales obreras. Todo el día explotaron petardos como gritos de furiosa protesta, manifestaciones, enfrentamientos con la policía. Como símbolo quedó un tranvía quemado en el centro de Buenos Aires (Osvaldo Bayer. “Dos Héroes del Pueblo”). Meses antes habían detonado bombas en la embajada estadounidense, en el City Bank y en la empresa Ford, mientras que la estatua de George Washington yacía hecha añicos, tras la detonación de un artefacto explosivo en su pedestal.
Es cierto que ante estas protestas nacionales e internacionales, la arrogancia imperial fue inflexible y las autoridades se negaron a conmutar la sentencia de muerte de los dos anarquistas. Sin embargo la campaña de solidaridad en favor de su libertad, logró articular un vasto movimiento de solidaridad por encima de las fronteras geográficas e ideológicas; una lección que sigue teniendo vigencia en un país como el nuestro, donde la solidaridad con los presos políticos parece haberse sectorizado y hasta privatizado, por eso todavía hoy resuenan las palabras de Sacco y Vanzetti a sus compañeros y amigos: “ Si hemos de morir, haced al menos que nuestro sacrificio contribuya a abrir el camino a un mundo en el que no existan más las clases dominantes, sofocando las aspiraciones de la libertad”.
Miguel Ángel Beltrán, Profesor universitario. Ex preso político.
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