por TODD HOWLAND | 2017/06/30
Si no hay una respuesta cada día más contundente e integral, lamentablemente el Estado nunca podrá prevenir las muertes de estas personas.
La prevención de los asesinatos de líderes defensores de derechos humanos está relacionada con su inclusión económica, social y política y la de las comunidades que viven en áreas que han sido tradicionalmente influenciadas por las FARC. La mejor manera de evitar más muertes es mejor el nivel de respecto por todos los derechos, y una buena herramienta será la plena implementación de los acuerdos de paz.
La sociedad colombiana en su conjunto necesita involucrarse en el proceso de paz. Todas las iglesias y grupos religiosos, las instituciones académicas, las cooperativas, los sindicatos, el sector privado y otras entidades cívicas, al igual que la cooperación internacional deberían asociarse con veredas y corregimientos, que se encuentran en una situación de vulnerabilidad provocada por grupos ilegales, y ayudarles a lograr su inclusión social, política y económica.
Actualmente hay un debate sobre si los asesinatos de líderes o lideresas son sistemáticos y sobre cuál es el número de muertes. Este debate hace más difícil reconocer lo que está sucediendo en la realidad colombiana, porque todos pueden tener razón. Más allá del debate, lo importante es saber que hay unos factores similares que se desprenden de estos homicidios en contra de defensores y líderes, y que la respuesta para ayudar a prevenirlos puede rediccionarse...
Si bien este debate sobre la sistematicidad es importante, todas las personas tienen un concepto diferente sobre el significado de este término y por lo tanto es esencial que tengamos claro qué se entiende por sistemático.
El Estatuto de Roma contempla expresamente que para que se configure el crimen de lesa humanidad se requiere que el ataque a la población civil se haya realizado conforme a un plan o política, expreso o tácito, del Estado o de una organización.
El Derecho Internacional de los Derechos Humanos, contrario al Derecho Penal Internacional, se refiere a la responsabilidad del Estado y no a la de los individuos.
Si bien este debate sobre la sistematicidad es importante, todas las personas tienen un concepto diferente sobre el significado de este término y por lo tanto es esencial que tengamos claro qué se entiende por sistemático.
El Estatuto de Roma contempla expresamente que para que se configure el crimen de lesa humanidad se requiere que el ataque a la población civil se haya realizado conforme a un plan o política, expreso o tácito, del Estado o de una organización.
El Derecho Internacional de los Derechos Humanos, contrario al Derecho Penal Internacional, se refiere a la responsabilidad del Estado y no a la de los individuos.
Varios órganos de protección de los derechos humanos hablan de patrón o sistema, o patrón sistemático para referirse principalmente a “una acumulación de infracciones idénticas o análogas que son suficientemente numerosas e interconectadas para no limitarse a incidentes o excepciones aisladas sino a un patrón o sistema”.
Aunque las cifras reportadas por diferentes organismos difieran (dependiendo de la metodología que usen), estas tampoco son lo más importante y en cambio se constituyen en una distracción para superar el problema.
Lo cierto es que hay un incremento de los asesinatos de líderes defensores de derechos humanos, y de aquellas víctimas que si bien no tienen liderazgo reconocido, sí pueden considerarse ampliamente como defensores y/o pertenecen a procesos organizativos como: partidos políticos, movimientos sociales, o incluso son posibles miembros de base de FARC.
Los asesinatos a los cuales me estoy refiriendo en gran medida están relacionados con la falta de presencia estatal en zonas que eran tradicionalmente influenciadas por las FARC y en las cuales falta la implementación de todos los acuerdos de paz. A pesar de desarrollos importantes, todavía la respuesta del sistema de justicia penal no es suficiente en relación con la investigación de los responsables, por ejemplo los autores intelectuales, de sus móviles y la efectiva sanción de estos graves crímenes.
La ausencia de transformaciones en las economías ilícitas y en el desarrollo rural, en áreas tradicionalmente bajo la influencia de FARC-, hace más y más complicada la situación para líderes y lideras defensores de derechos humanos que están tomando acciones en favor de la paz, pero donde la sustitución y otras acciones del Estado todavía no han empezado.
Nuestro análisis indica que, el 45% de los homicidios que se produjeron en el 2016 y el 67% en el 2017, ocurrió en zonas de donde salieron las FARC. Dentro de estos casos durante el 2016, el 92% de las muertes de líderes y lideras defensores de derechos humanos tuvo lugar en zonas con economías ilícitas y en lo corrido del 2017, el 100%
En tercer lugar, los homicidios de líderes defensores de derechos humanos son frecuentes y repetitivos en algunas zonas del país.
En cuarto lugar, el 72% de los homicidios de líderes en el 2016 se produjo en zona rural y en el 75% de estos, su presunta autoría estaría relacionada con grupos ilegales y/o intereses económicos ilícitos.
Por último, estas cifras también son altas con respecto a las personas asesinadas, que no tenían liderazgo, y que eran miembros de partidos políticos o movimientos sociales, puesto que en 2016, el 80% de los asesinatos fue cometido en zonas en donde hubo presencia histórica de las FARC.
Si bien el debate sobre lo numérico puede ser relevante, hay que tener en cuenta que cada víctima es importante, no solo quienes son defensores de derechos humanos.
Si hay repetición en el tiempo, hay una mayor necesidad del Estado de tomar acción. Si hay más muertes es porque el Gobierno no está tomando las acciones debidas y se necesitan soluciones creativas. Además, la discusión en derechos humanos es muy clara: el Estado tiene la obligación de proteger a los defensores de derechos humanos sean uno o cien.
Una vez identificado y reconocido el problema es mucho más fácil discutir e identificar las soluciones que ayudarán a prevenir más asesinatos de líderes defensores de derechos humanos...
Acuerdo Final
El Acuerdo Final con las FARC fue bien conceptualizado al pretender cambiar la realidad de sector rural y transformar las economías ilícitas.
Además creó la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad para el desmantelamiento, entre otros, de grupos ilegales denominados como sucesores del paramilitarismo, porque había una preocupación porque se generaría un mayor problema de violencia para los líderes defensores en zonas de las cuales saldrían las FARC.
Aunque hay esfuerzos del Estado, como el comienzo de la implementación del programa de sustitución de cultivos ilícitos y el querer poner en marcha los programas de inclusión sociopolítica, la realidad es que todavía no hay cambios reales que minimicen los riesgos para quienes defienden los derechos humanos en casi todas las áreas dejadas por la FARC.
Por lo tanto, existe una gran necesidad de pensar más en cómo la inclusión económica puede ser dinamizada por parte del Estado en las comunidades que viven en donde predominan las economías ilícitas.
Sector Privado y otros sectores
El Acuerdo Final con las FARC se concentra principalmente en los deberes y obligaciones del Estado, pero hay un sector privado en Colombia que es pujante y que actualmente no es parte de la solución. En mi opinión, debería ser parte de la solución.
Hasta este momento el Gobierno habla de participación de sector privado, pero este queda más en planes que en acciones.
Hasta este momento el Gobierno habla de participación de sector privado, pero este queda más en planes que en acciones.
Las iglesias y empresas y otras entidades podrían acoger comunidades y fortalecerlas para superar el flagelo de las economías ilícitas y lograr su inclusión económica. Las mismas comunidades y sus líderes son emprendedores con muchas ideas de cómo transformar sus regiones y salir de esa realidad trágica que hoy enfrentan. Como resultado habría mayores trasformaciones para el sector rural y su economía, esto conllevaría sin lugar a duda, a una mayor protección para sus líderes y lideresas defensores de los derechos humanos en lo rural.
Hay mucho potencial en Colombia, pero si no se crea inclusión económica, social y política para las comunidades en las cuales tuvo presencia las FARC, y no hay una respuesta cada día más contundente e integral, lamentablemente el Estado nunca podrá prevenir las muertes de estas personas.
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