Allende La Paz.
Se sabía que las
dificultades serían mayúsculas. Mas no esperábamos que fuera precisamente el
Estado quien pusiera las mayores dificultades.
Vemos que las
provocaciones a las Zonas Veredales se van convirtiendo en pan de cada día. No
es una, sino ya muchas provocaciones que hay una política estatal de provocar a
las FARC-EP, quizá con el fin de hacer saltar hacia atrás el Acuerdo de Paz.
Continúan los asesinatos
de guerrilleros y de sus familiares. Continúan las “entradas” de
miembros de la Fuerza Pública en las zonas veredales en clara violación del
Cese Bialteral de Fuego. Continúa
la no aplicación de la ley de Amnistía.
De singular importancia
la posición de la Corte Constitucional (CC) y su alinderamiento con el C
(anti)D, lo cual muestra que las instituciones colombianas padecen de un
conservadurismo a ultranza, es decir, son defensores a ultranza del status quo.
Y sigue el corrupto
Fiscal, Humberto Martínez, dándose prisas para “perseguir los bienes de las
FARC”, a pesar de que está contemplado en el Acuerdo de Paz la entrega de un
listado de los pocos bienes en poder de la organización insurgente en tránsito hacia
la vida legal. Ésta posición contrasta con el “tapen, tapen” adelantado por la
Fiscalía en el más reciente escándalo de Corrupción –Odebrecht- que compromete
a Luis Carlos Sarmiento Angulo –patrón de Martínez-, y ni se diga con el robo
de Baldíos.
Será que se está
aplicando el proverbio de “tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe”?
O será que el gobierno
Santos “de a poquito” está echando el reversazo al ver que ni su gobierno, ni
su estado, están en disposición de cumplirle lo firmado en el Acuerdo de Paz ni
a las FARC-EP, ni al pueblo colombiano?
Si fuera ésto ultimo,
estaríamos ad portas de una nueva frustración del pueblo colombiano y tocaría,
ahí sí, recurrir al emberracamiento más cierto de todo el pueblo colombiano, no
para que cumplan sino para definitivamente construir un Nuevo País, una Nueva
Colombia en paz con justicia social.
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