Allende La Paz.
Los sectores
terratenientes, ganaderos, “empresarios del campo”, han implantado la política
del Terrorismo de Estado como forma de acumulación capitalista en Colombia. O
sea, el capitalismo crece –no se desarrolla-,de cierta manera en Colombia, de
forma violenta, física mediante el despojo, los asesinatos, las desapariciones y
el desplazamiento forzoso.
No olvidamos los 300.000
muertos y 2 millones de desplazados
arrojados por la llamada “La Violencia” desde 1948 hasta 1958. En ésta segunda
época de Violencia –la 2a Violencia-, que arrancó desde 1964 mal contados van
220.000 víctimas mortales y mucho más de 7´200.000 desplazados forzados –víctimas
no mortales-, a quienes les quitan sus tierras (8,5 millones de hectáreas
despojadas hasta ahora).
Ver: Desplazamiento forzado, política estatal
El Desplazamiento Forzado y la Imperiosa Necesidad de la
Paz
Los consolidados de
organizaciones que siguen el desplazamiento forzado en Colombia –CODHES, por
ejemplo- nos muestran 7.345.023 personas víctimas de
éste flagelo, que tiene como causa la política de Terrorismo de Estado
adelantada por el estado colombiano, en representación de las clases
terrateniente, ganandera, “empresario del campo”, narco-paramilitares, etc.
Aún inmersos en un Acuerdo
de Paz con las FARC-EP –en fase de Implementación- y de conversaciones de paz
con el ELN, desde el Estado no se desmonta ésta política y cada año, mes a mes,
día a día, se ven campesinos, indígenas, habitantes pobres de ciudades
intermedias, desplazándose forzadamanete a fin de salvar sus vidas.
Colombia lleva el
deshonroso primer lugar como país productor de desplazados forzosos –Informe del
Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC) y del Consejo Noruego para
Refugiados (NRC)-, los cuales registran 7´200.000 personas desplazadas. Le
siguen países como Siria (6´3 millones de desplazados), Sudán (3,3 millones) e
Irak (3,0 milllones).
A pesar del Acuerdo de
Paz, por la terquedad de los funcionarios gubernamentales, se desaprovechó una
ocasión única que hubiera podido ponerle freno a ésta política. El gobierno
Santos no quiso aceptar la propuesta de las FARC-EP de discutir –ni siquiera
discutir- el impacto de la Doctrina Militar colombiana en los delitos que se
cometen a diario en Colombia: Ejecuciones extrajudiciales, masacres,
desapariciones forzadas, torturas y desplazamiento forzado.
El cuerpo de la Doctrina
Militar colombiana continúa incólume y día a día sigue produciendo sus nefastas
cifras. Será necesario, para solucionar definitivamente ésta problemática,
construir una Nueva Colombia, en Paz con Justicia Social, que dote a la Fuerza
Pública de otra doctrina, una doctrina patriótica, bolivariana, que no mire al
colombiano como su “enemigo interno”.
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