La Ley 77 de 1989 permitió el indulto de miembros del M-19, salvo por los homicidios fuera de combate y los actos de ferocidad y barbarie.
Por: Yesid Reyes Alvarado - El Espectador.
En 1992, invocando esas limitaciones, un juez sin rostro llamó a juicio y ordenó la detención de 31 de sus excombatientes por hechos ocurridos durante la toma del Palacio de Justicia, medidas que cobijaban a Antonio Navarro (que a los pocos meses de haber dejado las armas ayudó, junto con Everth Bustamante, a redactar la Constitución que nos rige), y a parlamentarios como Vera Grave o Rosemberg Pabón, quienes hacían parte de un grupo de 21 antiguos guerrilleros que habían llegado al Congreso apenas un año después de desmovilizarse.
La crisis se superó gracias a la intervención del senador Álvaro Uribe quien conformó una comisión (de la que hizo parte él mismo y que discutió el tema con el entonces ministro del Interior, Humberto De la Calle) encargada de redactar la Ley 7 de 1992, que amplió los efectos de la amnistía para que cobijara “todos los hechos” sobre los que se hubiera ejercido acción penal, con el argumento de que la paz es “un derecho ubicado dentro del capítulo de los derechos fundamentales y como un deber de obligatorio cumplimiento”. Mientras en la exposición de motivos se decía que “La consecución de la paz es la principal justificación del proyecto”, en el texto de la ley quedó claro que esa medida se adoptaba “en desarrollo de una política de reconciliación”. Esa iniciativa del senador Uribe no solo permitió salvar el proceso de paz con el M-19, sino que garantizó la participación en política de sus exintegrantes desde el año siguiente a su desmovilización y sin haber cumplido ninguna sanción previa, entre ellos Rosemberg Pabón (director del Departamento Administrativo de Economía Solidaria durante el gobierno de Uribe) y Everth Bustamante, hoy senador por el Centro Democrático.
Uribe logró la ampliación de ese indulto pese a que la Ley de amnistía excluía de ese beneficio delitos como el homicidio fuera de combate o los actos de ferocidad o barbarie; lo hizo aludiendo al supremo derecho constitucional a la paz y como parte de una política de reconciliación que ha sido exitosa. Los otrora integrantes del M-19 han jugado un papel destacado en la vida política nacional y son ejemplo de reconciliación con una sociedad que aceptó no enjuiciarlos por sus delitos; que por cierto no fueron de poca gravedad, como piensa Marta Lucía Ramírez, quien quizás no recuerda el asesinato de José Raquel Mercado, o el secuestro de Álvaro Gómez o las tomas de la embajada de República Dominicana y del Palacio de Justicia con rehenes civiles.
El discurso del senador Uribe sobre la necesidad de una reconciliación nacional al amparo del supremo derecho constitucional a la paz que invocó en 1992, para permitir que los guerrilleros desmovilizados pudieran participar de inmediato en política, sigue vigente; solo que esta vez los desmovilizados se comprometen a acudir a la comisión de la verdad, a reparar a las víctimas, a someterse a un proceso penal por sus delitos y a recibir sanciones por los mismos, aunque sean prioritariamente restaurativas.
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