A propósito de la condena de ocho años al ex subdirector del DAS José Miguel Narváez, el juzgado sexto especializado envió copias para indagar la presunta responsabilidad del expresidente.
Este martes se conoció que el juzgado sexto especializadocondenó a ocho años de prisión al ex subdirector del DAS, José Miguel Narváez, por su responsabilidad en las interceptaciones ilegales que se hicieron desde esa entidad a defensores de derechos humanos, abogados y políticos, opositores, entre 2004 y 2005, durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Los hechos tenidos en cuenta por el juez de la causa son que varios servidores de esa entidad se concertaron para hacer seguimientos ilegales a esas personalidades.
Así, con la unión para cometer el delito de concierto para delinquir por parte de estos servidores públicos, el funcionario judicial consideró que estos “perpetraron conductas punibles atentatorias de los derechos a la intimidad, como la interceptación ilícita de comunicaciones telefónicas, movibles y electrónicas de las víctimas, para lo que utilizaron los equipos de la entidad y efectuaron seguimientos arbitrarios e injustos a los aludidos personajes”.
Y, en el caso puntual del ex subdirector del DAS José Miguel Narváez, a pesar de que durante la época de los hechos se insistió que él era ajeno a esa entidad estatal -porque apenas se suscribió en 2005 su contrato como asesor de esa entidad-, se acreditó “fehacientemente que desde el año 2003 hizo presencia en la entidad a efectos de organizar, asesorar y dirigir el grupo de inteligencia G3, por ser una persona que ocupaba una respetable posición en la entidad”.
Según los argumentos de la Fiscalía para acusar a Narváez Martínez, él “ocupaba un papel protagónico en dicho grupo (G3) pues lo direccionaba y asesoraba, para lo que hacía presencia frecuentemente en las oficinas en las que funcionaba la entidad”.
También, para el ente acusador, fue evidente que el implicado “no era ajeno al G3, contrariamente, fue su gestor, organizador, quien lo direccionaba, escogía los blancos y, en general, dirigía toda la labor que desarrollaba el grupo que además tenía ostensible reconocimiento en la entidad”.
También, para el ente acusador, fue evidente que el implicado “no era ajeno al G3, contrariamente, fue su gestor, organizador, quien lo direccionaba, escogía los blancos y, en general, dirigía toda la labor que desarrollaba el grupo que además tenía ostensible reconocimiento en la entidad”.
Por estas razones, tras un largo juicio, el juez de este caso determinó que el acusado se asoció con funcionarios en el DAS para cometer delitos contra miembros de organizaciones y defensores de derechos humanos o periodistas y políticos no afines al gobierno nacional de turno.
También, que existía documentación suficiente para determinar que se realizaron seguimientos de personas e interceptación de comunicaciones sin orden judicial para lograr sus fines delictivos, poniendo en riesgo la seguridad pública, cuando el ilícito no exige un resultado específico.
Por estas razones, además de los ocho años de prisión, Narváez fue condenado a pagar 100 salarios mínimos legales vigentes y, por la gravedad de los hechos, no pudo acceder al beneficio de detención domiciliaria.
Pero además del fallo condenatorio contra Narváez, que de por sí es escandaloso al ser un funcionario del Estado, una decisión del juez llamó la atención. Y es que trasladó esta providencia a las autoridades que llevan el caso de la investigación que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por su presunta responsabilidad en las interceptaciones ilegales ejecutadas por el extinto Departamento Administrativo de Seguridad.
Esto, argumentando que “la ilegalidad de la actividad de inteligencia del DAS iba dirigida al gobierno nacional que para entonces estaba presidido por el doctor Álvaro Uribe”.
Por las ‘chuzadas’ a la Corte Suprema de Justicia, esa misma corporación el 30 de abril del 2015 trasladó copias para que se investigara al expresidente. El ahora senador ya está siendo investigado por estos hechos en la Comisión de Acusación de la Cámara.
Sin embargo, con la orden del juez que se encargó del caso de Narváez se pide que en esta pesquisa que se adelanta en contra de Uribe sean tenidos en cuenta los hechos por los que fue condenado el ex subdirector del DAS.
Podría leer: Chuzadas: ¿Y ahora qué viene para Uribe?
La declaración del senador Iván Cepeda
En el fallo condenatorio contra José Miguel Narváez aparece la declaración del senador del Polo Democrático, Iván Cepeda en el que señala que el ex subdirector era miembro de las AUC y que dio las órdenes para matar a su padre, Manuel Cepeda Vargas, y al periodista Jaime Garzón.
La providencia reza: “Iván Cepeda, que para la época se desempeñaba como representante a la Cámara, manifestó que el 29 de septiembre del 2009, en la prisión Metropolitana de Nueva York, Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, exjefe de las AUC, le afirmó que el señor Narváez era miembro orgánico de las AUC, cumpliendo varias funciones, al ser consejero de Carlos Castaño, funciones de intermediaciones entre figuras políticas y económicas que cumplían como líderes y directivas de esos grupos.
Añadió: “También era instructor ideológico de los grupos en los campamentos en los que tenían sedes, dictaba el curso en el que se legitimó matar comunistas en Colombia. Le dijo también que Narváez aconsejó a Carlos Castaño de matar a su padre Manuel Cepeda Vargas, asesinar al humorista Jaime Garzón y secuestrar a Piedad Córdoba, hechos que puso en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación”.
Añadió: “También era instructor ideológico de los grupos en los campamentos en los que tenían sedes, dictaba el curso en el que se legitimó matar comunistas en Colombia. Le dijo también que Narváez aconsejó a Carlos Castaño de matar a su padre Manuel Cepeda Vargas, asesinar al humorista Jaime Garzón y secuestrar a Piedad Córdoba, hechos que puso en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación”.
Publicar un comentario