Hernando Vanegas Toloza.
Por estos días algunos voceros gubernamentales tratan de
adecuar su discurso guerrerista de más de 60 años a los nuevos tiempos que aún
no transitamos los colombianos. Aún no se han firmado los Acuerdos de Paz y ya
el presidente Santos y su mandandero De la Calle están hablando de un
post-conflicto con conflicto vivo y coleando.
Olvidan Santos y De la Calle que en política lo que valen
son los hechos y no la palabrería insulsa para llenar titulares de sus medios
de desinformación. No recuerdan quién inició la confrontación y quién la
mantiene viva (el Estado). Muchos menos quiénes han insistido a lo largo de
éstos 60 años en la necesidad de buscarle una salida política civilizada al
Conflicto Interno Colombiano (la Guerrilla), y ha forzado a los diferentes
gobiernos a sentarse en la Mesa (Gaviria, Santos, etc).
Esos hechos políticos siguen siendo en Colombia hechos de
Guerra. Continúa aplicándose inmisericorde el Terrorismo de Estado de la
Doctrina de Seguridad Nacional (DSN) y los brazos armados del Estado –militares
y narco-paramilitares- continúan sembrando el país de cruces de asesinados por cuenta
de ésta. Miremos si no.
Control
Territorial
La
lucha violenta para controlar el territorio por razones económicas, militares y
políticas, junto con altos niveles de pobreza rural y la alta concentración de
la propiedad de la tierra entre relativamente pocos propietarios, ha sido una
de las causas fundamentales de los 50 años de edad, conflicto armado interno de
Colombia. Ha habido un apetito insaciable entre numerosos actores en Colombia
para ganar y mantener el control sobre la tierra considerada crítica para sus
variados intereses. Estos actores incluyen a las fuerzas de seguridad y los
paramilitares (que actúan solos o en connivencia con entre sí), grupos
guerrilleros, algunas élites políticas y empresariales de las regiones,
traficantes de drogas y otras empresas criminales.
Esto ha
tenido un impacto devastador en los millones de colombianos que tradicionalmente
dependen de tierra para su supervivencia, sobre todo indígena, afrodescendiente
y campesina comunidades. Ha provocado el desplazamiento
forzado de casi 6 millones de personas - casi el 13% de la población de
Colombia y uno de los niveles de desplazamiento más altas del mundo - y la adquisición
ilegal de alrededor de 8 millones de hectáreas de tierra, alrededor del 14% del
territorio de Colombia. http://www.oidhaco.org/uploaded/content/article/1975836477.pdf
Desaparición forzada
El Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres-SIRDEC, administrado por Medicina Legal registra a la fecha más de 22.000 personas como desaparecidas forzadamente, de esas tan solo el 4% de los cuerpos han sido recuperados por la Fiscalía General de la Nación. Estas cifras evidencian que la obligación de encontrar a todas las personas desaparecidas sigue siendo un reto pendiente e ineludible del Estado Colombiano.
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