Primera macrocondena en su contra le atribuye otras atrocidades y 8.518 víctimas directas.
Sin más explicación que ser señalados de auxiliar a la guerrilla en una vereda de Zambrano (Bolívar) 10 hombres del bloque Norte de las Autodefensas abusaron sexualmente de una madre, sus dos niñas y su hijo menor.
Han pasado 13 años desde entonces y las secuelas físicas y emocionales siguen vigentes. Enfermedades de transmisión sexual, un embarazo producto de los abusos y graves afectaciones psicológicas son algunas de las consecuencias de lo que esta familia tuvo que vivir.
Como esta familia, 8.518 víctimas fueron reconocidas en la primera macrosentencia contra el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, condenado junto con 11 cabezas más de las Autodefensas el pasado 20 de noviembre.
El fallo, que tiene más de 2.200 páginas y es el más importante que se ha producido hasta ahora en Justicia y Paz, es una memoria de los horrores que los bloques Córdoba, Catatumbo, Norte y Héroes de los Montes de María cometieron en ocho departamentos: 94 masacres, 975 víctimas de desapariciones forzadas, 7.048 personas que abandonaron sus viviendas, 140 homicidios y 150 niños reclutados son algunos de apenas 9 años, que terminaron siendo carne de cañón para la guerra. (Lea también: Magistrados chocan por fallo contra Mancuso).
Uno de los capítulos más oscuros de las Auc tiene que ver con la violencia basada en género, que en esta sentencia reconoce en 175 hechos y 205 víctimas.
Esa forma de dominación afectó en gran medida a mujeres indígenas. Una de ellas fue una arhuaca que fue secuestrada por paramilitares el 17 de abril de 1997. En Ariguaní (Magdalena), donde alias ‘Baltazar’ tuvo su centro de operaciones, fue retenida por dos meses y obligada a sostener relaciones sexuales con ese paramilitar. Tras quedar en embarazo, fue sometida a un aborto que le dejó graves lesiones.
El texto también reseña la historia de las mujeres de la vereda de Piedras Pintadas, en Zapayán (Magdalena), que el 17 de agosto del 2002 fueron esterilizadas en cumplimiento de la orden de ‘doña Sonia’, mano derecha de ‘Jorge 40’, quien decidió “controlar la reproducción” de una población que consideraba afín a las Farc. ('Fui adoctrinado por el Ejército y la Policía': Mancuso).
La violencia también se extendió a otras comunidades más vulnerables, como los LGBTI y trabajadoras sexuales, víctimas de violaciones y asesinatos selectivos. El fallo cuenta, precisamente, que el 44 por ciento de las víctimas murieron en medio de las terroríficas jornadas de limpieza social que Mancuso ordenó en las regiones donde actuaron sus hordas.
Los homicidios selectivos también afectaron a agricultores y docentes, muchos de ellos de la Universidad de Córdoba. Por esto, murió un profesor de química que trabajaba en esa institución y que fue secuestrado el 21 de septiembre del 2000 con su hijo de cuatro años. Al día siguiente el pequeño fue encontrado con vida por agentes del DAS en el parque de Montería. El cuerpo de su padre, defensor de derechos humanos, apareció dos semanas después en una vía rural, con cinco impactos de bala en la cabeza.
El 6 % de los cuerpos fueron incinerados
De los casi 1.000 cuerpos que los paramilitares de Mancuso desaparecieron, según el fallo, al menos es “improbable que sean recuperados 560”. Mientras un 25 por ciento de las víctimas fueron enterradas en fosas clandestinas, un 6 por ciento fueron incineradas. Ese pudo haber sido el final de Luis Giovanny Lizcano, quien desapareció en Villa del Rosario (Norte de Santander), en la vereda Juan Frío, el 3 de diciembre de 2000, cuando paramilitares se lo llevaron en una camioneta blanca. Diez años después el exjefe paramilitar Jorge Iván Laverde Zapata le dio a la esposa de Lizcano una respuesta: “En Juan Frío teníamos hornos en donde echábamos los cadáveres”. Las playas y ríos de la Costa Caribe también fueron usadas en el plan sistemático de desaparecer víctimas. El 10 de agosto de 1997 Reynaldo Navarro, dueño de una tienda, señalado de vender víveres a las Farc, fue llevado a una finca, torturado con motosierras, asesinado con una pistola, y enterrado a la orilla de un arroyo.
Los falsos positivos del bloque Catatumbo
En noviembre del 2003, el comandante de la Sijin de la seccional de Santa Marta exigió al exjefe paramilitar José Gregorio Mangones Lugo que entregara muerto a uno de sus hombres “para registrar un positivo” ante la Fuerza Pública. Como Mangones no quiso traicionar a ninguno de los hombres que tenía bajo su mando, les ordenó que buscaran a alguien que físicamente se pareciera alias ‘Jan Carlo’, quien hacía parte de sus filas. Fue así como el 14 de noviembre del 2003, en la vereda San Juan de Polos Prieto, de Pueblo Viejo (Magdalena), fue asesinado Ever Luis Ronco Algarín –tras ser retenido–, transportado a la zona de la subestación eléctrica y entregado a la Sijin. Ronco fue uno de los falsos positivos que cometieron los hombres al mando de Mancuso en colaboración con la Fuerza Pública. Al menos el 13 por ciento de las personas que fueron asesinadas de manera selectiva hicieron parte del registro de ejecuciones extrajudiciales, dice el fallo del Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá.
EL TIEMPO
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