Por más que se le den vueltas y revueltas al tema, es incomprensible cómo el Gobierno impulsa el proyecto de ley 133, sabiendo, como sabe, que los conflictos agrarios desde hace más de un siglo giran alrededor de los baldíos.
Desde Reyes hasta Samper, la mayoría de las normas se han inclinado en favor de la entrega de esas tierras a campesinos. La Ley 169 del 94 es explícita en ese sentido. Justo después de esa fecha, los paramilitares entraron a saco en los Llanos, por ejemplo, para obligar a los poseedores de predios a vender barato o a irse de la región. Por esa razón, sin duda, los Buitrago y los Cuchillos andaban a sus anchas por Casanare, Meta y Vichada. Sus testaferros pasaron a ser dueños y las notarías y las oficinas de registro ponían sellos y firmas a discreción. Todo ilegal, todo por debajo de la mesa. Muchos terrenos, o más exactamente, sólo 14 casos hallados por la Contraloría suman 101.108 hectáreas que pasaron a manos de grandes grupos económicos para producir etanol, madera y materia prima para concentrados.
El negocio costó $150.378 millones y se entregaron $139.365 millones en subsidios a sólo seis de esas firmas, financiados en gran parte durante el gobierno de Uribe. Así cualquiera es productivo. Ahora, un poco a la sombra, Santos presiona la ley de baldíos que permitiría la creación de las tales Zonas de Interés para el Desarrollo Rural y Económico (Zidre), que son un recurso para transformar los títulos irregulares en títulos limpios por medio de la fórmula expedita de las empresas asociativas. Más claro: una empresa asociativa es la concentración de varios predios dentro de una Zidre para vincular campesinos como socios individuales. Esos “varios predios” pueden ser los que fueron testaferreados o también tierras públicas —baldíos— arrendadas por el Estado a una empresa asociativa.
Por un lado o por el otro, los títulos pueden ser lavados. En la nueva ley, el campesino es transformado legalmente en trabajador rural y como tal se hace espuria la norma de favorecimiento a los campesinos y a sus conquistas históricas, reconocidas por la Sentencia T-488 de 2014 de la Corte Constitucional. Con el mismo guante se transforman los latifundios en las tales empresas asociativas. Los “trabajadores rurales” que caigan atrapados bajo una Zidre no tienen más remedio que asociarse con los patrones favorecidos por el Gobierno, vender al precio que a ellos les convenga o ser expropiados. La expropiación, a la que todos los gobiernos desde la Ley de Tierras de López Pumarejo le han mamado gallo para no molestar a los terratenientes, ahora, se la van a aplicar a los campesinos que no se avengan al interés de los nuevos latifundistas. Toda la sangre que hay detrás de las “situaciones imperfectas” de apropiación de tierras, de las que habla el nuevo proyecto de ley, será borrada de un plumazo legislativo. Los nuevos trabajadores rurales metidos a saco en las empresas asociativas tendrán, sin embargo, un privilegio: ser socios de Sarmiento Angulo, de Cargill, de Carlos Murgas y tutti cuanti.
Da brega entender cómo después de casi un siglo de conflictos agrarios originados en el acaparamiento de la tierra por parte de una ínfima minoría, causa de la violencia y de su persistencia, el Gobierno quiera ahora con la nueva ley continuar dándole los baldíos a esa codiciosa élite. El 77% de la tierra está en manos del 13% de propietarios y el 3,6% de éstos tiene el 30% de ella. ¡En ganadería extensiva hay 50 millones de hectáreas! ¿Qué más quieren? ¿Dónde quedarían las Zonas de Reserva Campesina en la nueva ley? Otorgar las “tierras alejadas de suelos pobres” —es decir, los Llanos— a grandes empresas es irritante y contraproducente: va en contravía de uno de los acuerdos de La Habana. Si así va a ser el posconflicto, sobra el prefijo. Si así entiende el Gobierno la equidad, apague y vámonos.
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