Luis Gabriel Miranda Buelvas, el cuestionado presidente de la Corte Suprema de Justicia, se ha hecho tristemente célebre por la forma tortuosa en que tuvo que renunciar al cargo de magistrado auxiliar de la corporación que hoy preside, tema sobre el que volveré por su gravedad.
Por: Ramiro Bejarano Guzmán, El Espectador
También se hizo visible por las marrullerías que permitieron su elección como togado sin el número de votos requerido. Recientemente ratificó su estirpe indelicada cuando a un supuesto abuso policial no respondió con el arma civilizada del derecho sino con una vía de hecho, para salvar a su hijo del bochornoso episodio del “motel blindado”.
Miranda no ha brillado jamás como catedrático ni tratadista; ni siquiera una sola de sus providencias en la Corte ha merecido aplauso. En cambio su vida ofrece lunares y sorpresas desagradables. La última tiene que ver con el hecho insólito de que él y su cónyuge, Diana Romelia Verbel Padilla, hoy son demandantes de la Sala Penal de la Corte, que los consideró parte de una maniobra de una empresa de seguridad para insolventarse y no pagar prestaciones a su extrabajador. Esta es la historia.
Carlos Enrique Alonso H. demandó en un juzgado laboral a Seguridad y Vigilancia Integral de Colombia Ltda., S.V.I. de Colombia Ltda., para reclamarle el pago de sus derechos como extrabajador. La compañía, una vez demandada, enajenó sus bienes, uno de ellos dándolo en pago a los padres de sus socios, y el otro, un inmueble ubicado en la calle 128 B Nº 29-55, interior 2, apartamento 201 de Bogotá, fue comprado por Miranda y su esposa mediante escritura pública Nº 6664 del 18 de diciembre de 2001 de la Notaría 6ª de Bogotá, por la cómoda suma de $100’000.000.
El exempleado Alonso denunció penalmente por alzamiento de bienes a los representantes de la firma para la que había trabajado, y demostró que efectivamente esas enajenaciones a favor de personas cercanas a sus patronos, y de Miranda y su mujer, se habían realizado con el único propósito de insolventar la entidad e impedir que pudiera perseguir judicialmente esos bienes. Después de un accidentado proceso, la Sala Penal de la Corte Suprema, mediante sentencia del 16 de enero/12, condenó penalmente a los responsables de la maniobra delictuosa y además dispuso que se cancelaran los registros con base en los cuales los esposos Miranda Verbel adquirieron el inmueble de marras. En otras palabras, la Corte concluyó que los adquirentes no eran terceros de buena fe.
Inconformes con la cancelación del registro de su propiedad, Miranda y su esposa, en su propio nombre y en el de una hija menor, promovieron una acción de tutela contra la Sala Penal de la Corte, la cual está pendiente de decisión en el despacho del magistrado Luis Guillermo Guerrero Pérez de la Corte Constitucional. Ya han conseguido que en su favor se decrete una medida cautelar para que no se cumpla la cancelación de los registros mientras se define la tutela, porque precipitadamente la Corte dio crédito a la versión de los demandantes, según la cual nunca fueron citados al proceso penal, no obstante que la propia Sala Penal en la sentencia dejó probado que Miranda y Verbel sí habían sido citados en tres ocasiones.
Independientemente de lo que suceda con la acción de tutela, lo cierto es que cuando Miranda la promovió ya era magistrado de la Corte, y a pesar del claro conflicto de intereses, sus colegas decidieron honrarlo como presidente de la corporación y él se dejó nombrar sin importarle su condición de demandante de una de sus salas.
Solamente ocurre aquí. El presidente del más alto tribunal de la justicia ordinaria tiene demandados a sus compañeros, porque pretende anular la decisión que sancionó un negocio que resultó ser una vulgar patraña para burlar los derechos de un trabajador. Este magistrado litigante está a punto de ocasionar otro choque de trenes, sólo que en esta ocasión el único maquinista es él.
Adenda. Bien que mi exalumna, la joven abogada Camila Abuabara, haya logrado que un juez le autorizara el trasplante de médula ósea en el exterior. Es un acto justo y humanitario, no un prevaricato, como lo cree el ministro de Salud. Éxitos y pronto regreso.
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