Por: Semanario VozViernes, 10 Octubre 2014 04:01
Las víctimas exigen parar la guerra y construir una paz con cambios. Ya son tres delegaciones de víctimas que se reúnen con las FARC y el gobierno nacional en Cuba
Una nueva delegación de víctimas del conflicto visitó la sede de los diálogos entre las FARC-EP y el gobierno nacional el pasado 2 de octubre. Entre los visitantes se destacó la presencia de Aída Avella, presidenta de la Unión Patriótica (UP); el gobernador del departamento del Meta, Alan Jara; y el ex general Luis Mendieta.
Como en anteriores audiencias, las víctimas de esta comitiva lograron expresar cada situación particular ante el pleno de las delegaciones de paz, mientras en el país se agitaba toda una serie de descalificaciones contra las víctimas de crímenes de Estado y paramilitares que acudían a la cita.
La insurgencia saludó la llegada de la tercera delegación, indicando la insensatez de quienes nuevamente lanzan amenazas contra los defensores de la paz y los derechos humanos, refiriéndose a los panfletos intimidantes contra los defensores de derechos humanos, senadores Iván Cepeda y Claudia López, como también contra periodistas: “La intransigencia e intolerancia de los mencionados grupos criminales, y de quienes se esconden detrás de ellos, han victimizado a toda la sociedad colombiana desde hace décadas, acusando de guerrilleros y señalando como objetivos militares a todos aquellos que defienden los derechos humanos, a las víctimas, la imprescindible restitución de tierras o la paz”.
Víctimas de crímenes de Estado.
Con la presencia de la presidenta upeísta se destacó un tipo de violencia oficial y sistemática contra la oposición política. Para la insurgencia el caso del genocidio de la UP hace recordar otros que han sucedido desde mediados del siglo pasado como el perpetrado contra el Partido Comunista Colombiano, el movimiento gaitanista, La Unión Nacional de Oposición (UNO), el Frente Democrático, el movimiento A Luchar y el Frente Popular. Este tipo de violencia, a juicio de la insurgencia, también debe ser excluida de la práctica política de las elites del país.
“En estos casos, tal victimización colectiva no solamente ha sido porque ejercieran oposición política, sino también, y especialmente, porque durante años, en ejercicio de una doctrina de seguridad apátrida, el establecimiento colombiano ha señalado como enemigo a todos aquellos que se atrevieron a reivindicar o a luchar por unos mínimos derechos, para ellos o para sus semejantes, porque los poderosos siempre se negaron a reconocer a quien no formara parte de la casta dirigente privilegiada”, señalan voceros de las FARC-EP.
Un país sin guerra.
“Desde nuestra heterogeneidad propendemos por un país sin guerra”, manifestaron las víctimas en el comunicado de la tercera delegación de visita en la mayor de las Antillas. Camilo Umaña, hijo del reconocido defensor de derechos humanos Eduardo Umaña, dijo que las víctimas llegaban a ese encuentro con el propósito de exigir una paz con verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición: “En un país donde se garantiza la vida digna de todos sus habitantes en condiciones de justicia social que promuevan la educación integral con énfasis pedagógico para la paz, así como la salud y el saneamiento básico para toda la población”.
La paz no es solamente silenciar los fusiles, reiteró Aída Avella, quién además señaló que lo imprescindible es otorgar garantías a todos los ciudadanos y a los movimientos guerrilleros que pasen a hacer política sin armas. Recordó que la última campaña de la UP a la presidencia y al Congreso de la República estuvo marcada por la ausencia de garantías políticas, pues la UP se vio enfrentada a una competencia desigual en el escenario electoral que usufructúan los partidos tradicionales.
No hay garantías
A la pregunta “¿hay condiciones para hacer política en Colombia?”, Aída Avella contestó: “Todos necesitamos espacio en el país. Y hoy no hay ese espacio, y no hay las condiciones porque siguen amenazando a la UP. Antes de venir para La Habana, recibí una llamada desde Montería para avisarme que toda la dirección del movimiento está amenazada. Y no podemos seguir viendo que cien defensores de derechos humanos están amenazados y estudiantes universitarios también. Yo no veo condiciones, pero estoy segura que se darán porque la paz debe saber garantizar la vida de los que combatieron y son capaces de entrar a la vida civil, pero también de todos los ciudadanos”.
Desde el parlamento un senador del Partido de la U descalificó a Aída Avella como víctima y la señaló como amiga de las FARC. Tan desconsiderada afirmación le valió un reproche generalizado.
“Rechazamos de manera contundente las afirmaciones hechas por el senador del Partido de la U Óscar Mauricio Lizcano en contra de la presidenta Aída Avella. Declaraciones consideradas provocadoras, revictimizantes y mezquinas, que hacen parte de la vieja estrategia a la que acudían los asesinos para justificar la muerte de más de cinco mil de nuestros militantes por toda Colombia. Esos señalamientos no concuerdan con el ambiente de paz y reconciliación que desde las magistraturas senatoriales debe primar y más bien contribuyen alimentar los intereses de quienes son marcados enemigos de los diálogos”, anotó la dirección de la UP en un comunicado.
El equilibrio de la mesa
Por último, el general Luis Mendieta se mostró incomodo por la visita a La Habana, por cuanto la delegación de paz de la insurgencia reitera que el oficial de la Policía Nacional es un combatiente capturado en combate, como lo estipula el derecho de la guerra. Sin embargo, el gobierno nacional tiene otra postura y la ha defendido con la presencia de Mendieta en Cuba. En ese sentido se espera que, en aras del equilibrio y la reconciliación, en la próxima visita de las víctimas esté incluido un combatiente de las FARC-EP capturado en combate y encarcelado en Colombia.
“Vamos a poner sobre sus conciencias sólo un caso, sólo uno que representa la doble condición de prisionero de guerra y al mismo tiempo de víctima. Se trata de la prisionera de guerra, Fanny Castañeda Poveda, combatiente de las FARC-EP, de 43 años de edad, perteneciente a la Compañía Raúl Eduardo Mahecha. Recluida en la cárcel El Buen Pastor de Bucaramanga, capturada en la ciudad de Bogotá el 29 de abril de 2014. En el momento de su aprehensión se sometía a un tratamiento médico especializado por cuanto le habían detectado células cancerígenas en la matriz, después de habérsele extraído un mioma de cinco libras de peso”.
“El médico que la trataba antes de su captura consideró urgente practicarle exámenes delicados. Desde que está privada de la libertad no ha recibido tratamiento médico. Exámenes imprescindibles ya ordenados no se han realizado. Fanny aceptó su condición de rebelde”, señaló Iván Márquez, vocero de esa delegación. El próximo encuentro entre las delegaciones será el próximo 20 de octubre.
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