Rompió plaza el uribismo en el Congreso con su
proyecto de reforma constitucional que pretende abrir las puertas de las
cárceles a los militares e impedir que sean detenidos en el futuro. En
plata blanca, el Centro Demoníaco reclama impunidad absoluta para
soldados y policías.
Por: Ramiro Bejarano Guzmán, El Espectador.
El proyecto, además de inconstitucional, es malintencionado. En efecto, pretenden dejar sin efecto las condenas impuestas por jueces ordinarios contra militares por hechos acaecidos en servicio activo. Quienes redactaron el proyecto de marras no pueden haber olvidado que las condenas contra militares por delitos cometidos en servicio activo no las imponen los jueces ordinarios sino la justicia penal militar, siempre complaciente y generosa con las tropas. ¿Se equivocaron en el uribismo? Por supuesto que no, el proyecto viene envenenado porque lo que busca es diseñar un instrumento legal que les permita a los militares que han sido condenados durante los últimos 35 años descalificar los fallos, pero sólo los proferidos por jueces ordinarios. Por tan tramposo camino, los oficiales sancionados podrán alegar que un juez ordinario los condenó por un hecho acaecido en servicio activo aun cuando no haya sido así, y conseguir la revisión y la absolución de delitos tan execrables como masacres, asesinatos fuera de combate, ejecuciones extrajudiciales y obviamente los “falsos positivos”.
A los proponentes de esta insidiosa reforma constitucional no les pasó por su cabeza incluir la posibilidad de revisar las miles de sentencias absolutorias proferidas por la justicia penal militar, sólo las de los jueces ordinarios. Claro, no estaban pensando en la justicia sino en legalizar la impunidad.
Muchos estaríamos de acuerdo con que se expidiera una ley que concediera beneficios judiciales a los militares condenados por hechos acaecidos en servicio activo, pero no a cualquier precio. Eso, además de que sería una bofetada a la Rama Judicial, expondría el país al escarnio mundial, pues semejante solución no la contemplaron los dictadores argentinos y ni siquiera el sátrapa de Pinochet.
Un sendero legal para abrirles a los militares las puertas de las prisiones sería expedir una ley que los excarcele, pero a cambio de verdad, justicia, reparación y la promesa de no repetición. Liberarlos sólo porque son ellos sería inmoral y peligroso. Por ejemplo, en el caso doloroso de la brutal retoma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985, el país estaría dispuesto a perdonar lo que allí sucedió siempre y cuando nos cuenten de una vez por todas si el Ejército sabía previamente del asalto, si hubo un complot para asesinar a los maestros Alfonso Reyes Echandía y Manuel Gaona Cruz, quién dio la orden de ejecutar a los civiles inocentes de la cafetería del Palacio, por qué, dónde están sus cadáveres. Lo que no entenderían los colombianos de ahora y de la posteridad es que de la noche a la mañana terminen absueltos quienes hoy están condenados, gracias a los artificios del uribismo.
Es evidente que esta insensata y provocadora propuesta la tenían cocinada en el Centro Demoníaco para hacerla realidad si Óscar Iván hubiese ganado, pero como perdieron, ahora quieren cumplir la promesa a quienes creyeron que este esperpento legislativo podría ser acogido. Otra de la que nos salvamos.
Adenda. “En Colombia no hay perseguidos políticos”, dice Santos. Pregunto: ¿y entonces, los perseguidos por razones políticas por el procurador Ordóñez y la contratadora Morelli qué venimos siendo?
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