Por: José Roberto Acosta, El Espectador.
Respecto a lo jurídico, el Consejo de Estado levantó las medidas cautelares que frenaban la venta de Isagén sin haber fallado de fondo la demanda que pide aclarar si se cumplió o no la premisa constitucional de Regla Fiscal, asumiendo riesgosamente que sería fácil revertir la privatización si se concluye en fallo final que sí se violó nuestra Carta Magna.
En cuanto a lo económico, la discusión no gira alrededor de si se está vendiendo a un precio justo, pues aunque los ejercicios de valoración tradicionales apuntan al actual precio como de mercado, no conocemos los intereses más allá de lo económico que vislumbran los potenciales compradores, dependiendo de sus propias y privadas matrices de sinergias. El eje del debate es el uso de los recursos recibidos por la venta, pues aunque el ministro de Hacienda pregona que se trata de cambiar un activo de la Nación por otro, como son las vías de cuarta generación o 4G, eso requiere mayor explicación.
En efecto, lo que inquieta es que los cerca de $5 billones de la venta se entregarán a la Financiera de Desarrollo Nacional, que ya los está ofreciendo para financiar a los concesionarios privados de las 4G mediante deuda subordinada a un plazo de veinte años y un período de gracia hasta de ocho años, es decir, que lo recibido de la venta de Isagén no produciría ni un solo peso para la Nación en los próximos dos cuatrienios.
Entonces, decir que se está cambiando un activo de la Nación por otro más productivo no es claro, pues si Isagén se mantiene en manos de los colombianos, sólo en dividendos se recibirán en los próximos ocho años más de un billón de pesos en efectivo por concepto de dividendos, mientras que si se vende y se pasan esos recursos para financiar a los concesionarios privados de 4G no recibiremos nada en ese mismo período, con el riesgo de que en ocho años lo prestado termine embolatado.
*José Roberto Acosta Ramos.
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