La vida campesina está ligada a la lucha por la tierra y preservación de su cultura. Diversos procesos campesinos son testimonio vivo de cómo cultura y territorio son inseparables para la permanencia de una comunidad. Esta relación ineludible establece la tierra –el derecho a su tenencia– como condición que funda el territorio para la preservación de la vida y cultura de las comunidades campesinas.
Bogotá, abril 9 de 2013. Mas de un millón de peronas marcharon
por la Paz con Justicia Social. Foto: Marcha Patriótica Valle
Sin embargo, esta relación vital que se muestra inseparable para la vida del campesinado, para la Constitución Política de 1991 no tuvo ninguna relevancia, y posteriormente tampoco tuvo desarrollo en la Ley General de Cultura de 1997. Los resultados fueron dejar a Colombia con una Política Cultural que principalmente centró su atención en la formulación de programas para la protección de los derechos y preservación de la cultura de los grupos étnicos, mientras las comunidades campesinas eran borradas de la dimensión cultural.
El reconocimiento a la cultura de las comunidades indígenas y afrodescendientes es un hecho en la legislación del país. Este hecho que pareciera estar fundado solo en términos de protección a las tradiciones, saberes y memoria de estas comunidades, tiene un trasfondo de mayor alcance. Porque reconocer la cultura es reconocer que estas comunidades requieren de la protección de un territorio, y por tanto, es reconocer su derecho a la tierra estableciendo una legislación especial para que ello se cumpla.
De este reconocimiento no gozan las comunidades campesinas. La Constitución Política y la Ley General de Cultura no establecieron la cultura campesina como una prioridad para su protección. Y el efecto fue devastador, en tanto que omitir la cultura es omitir el territorio, y en últimas, es negar el derecho a la tierra del campesinado.
La Cultura como parte del conflicto
Varios factores podríamos atribuir al no reconocimiento de la cultura campesina. Sin embargo uno de suma importancia sobresale: la prolongación del conflicto colombiano, el cual está ligado a la no participación de varios de los grupos insurgentes, como las FARC y el ELN, en las discusiones que dieron vida a la Constituyente de 1991.
Desde finales de los ochenta y hasta principios de la década de los noventa, los grupos guerrilleros más representativos del país estuvieron reunidos en lo que denominaron la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB). Como Coordinadora llegaron a actuar en un frente unido en las negociaciones de paz con el Gobierno colombiano, y de igual manera discutieron su posible participación en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991.Sin embargo, como Coordinadora, su participación jamás llegó a materializarse. Algunas de las razones se resumen en lo siguiente: un mes antes de la elección de los constituyentes, representantes del Gobierno de César Gaviria arribaron al campamento del máximo jefe de las FARC, Manuel Marulanda Vélez, para conversar sobre los cupos que serían asignados a la Coordinadora. El ofrecimiento del Gobierno fue de cinco cupos, lo cual se alejaba de los 20 que solicitaba la CGSB.
Esa tarde el Gobierno no cedió ni permitió que se discutiera el tema con los demás grupos insurgentes de la Coordinadora. Buscando una salida, Marulanda propuso a la delegación pasar la noche en el campamento y encontrar una solución al día siguiente. Pero el ofrecimiento fue rechazado argumentando razones de tiempo. Ante la negativa –según cuenta Pablo Catatumbo a Alfredo Molano– Marulanda respondió: “si no tienen una noche para conversar, ¿qué tiempo le van a dedicar a la paz?”. Y esa misma tarde el helicóptero partió sin una respuesta. Un mes después, en momentos que los constituyentes eran elegidos en todo el país, los campamentos de río Duda de las FARC fueron bombardeados[1].
En la constituyente solo participaría, ya desmovilizado, el movimiento guerrillero del M-19, luego de ser elegido formalmente. También participarían con voz pero sin voto dos representantes del EPL, uno del Partido Revolucionario de los Trabajadores y otro por el Movimiento Armado Manuel Quintín Lame.
Entender la prolongación del conflicto social y armado en relación a la no participación en la Asamblea Nacional Constituyente, es de vital importancia para comprender por qué la cultura campesina no goza de un reconocimiento efectivo dentro de la legislación colombiana. Porque los inicios del alzamiento armado en el país en gran medida están relacionados con los problemas del campo colombiano. Grupos como las FARC y el ELN deben sus raíces a la iniquidad y violencia sufrida por los campesinos a manos del Estado.
Esto nos permite establecer algunas diferencias con el M-19 cuyo nacimiento, a pesar de estar ligado a la injusticia del país, tuvo raíces fundamentalmente urbanas, motivadas por la ausencia de garantías para la participación política. Estas distinciones entre grupos insurgentes son claves para entender la falta de una mirada más profunda sobre el campo colombiano en los debates de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, en tanto que los grupos guerrilleros ligados históricamente al campo y sus problemáticas no tuvieron participación alguna en un proceso constitucional que pudo servir para la construcción de la Paz con Justicia Social, y no solo para la desmovilización de algunos grupos insurgentes como el M-19.
Los efectos de ese vacío de representatividad son más que palpables: si la cultura del campesinado no se reconoce de igual forma que se reconoce para las comunidades indígenas y afrodescendientes, se debe a que la constitución del 91 no planteó, más allá de la formalidad, problemas fundamentales ligados al campo que dieron origen al conflicto colombiano. Y lo más lamentable, el no hacerlo conllevó a la prolongación de la guerra por varias décadas, las cuales son reflejo de nuestro presente.
Una Constituyente que cure el pasado
La Paz en Colombia es más que una foto publicada para elevar el rating de los diarios nacionales y mejorar la imagen del Gobierno colombiano. Apoyar los diálogos entre el Gobierno y las FARC para la construcción de la Paz con Justicia Social es tarea de todos los sectores de la sociedad que deben continuar exigiendo participación directa en la mesa de diálogo que tiene lugar en La Habana. Los diálogos de paz necesitan constituirse en un espacio que involucre al pueblo para que éste mandate el fin de la guerra. Porque el derramamiento de sangre debe sustituirse por la sensatez que tendrá que derrotar al odio, el engaño y la injusticia.
Calles y auditorios reclaman hoy por la realización de una nueva Asamblea Nacional Constituyente, una exigencia que el Gobierno se niega a convenir en la mesa de diálogo instalada con las FARC. Pero aunque el Gobierno se empecine en dar continuidad al pasado para prolongar la guerra, amplios sectores de la sociedad realizan y preparan constituyentes locales, departamentales y regionales con temáticas diversas de donde surgen mandatos populares para la construcción de un nuevo país.
Será el pueblo quien mandate esa nueva Colombia que deberá estar reflejada en una Asamblea Nacional Constituyente que, en modo muy distinto a la del 91, tendrá la tarea de acoger a todos los grupos insurgentes y sectores de la sociedad para poner fin a la guerra a través del logro de la Paz con Justicia Social.
[1] Ver la Segunda conversación de Alfredo Molano con la Delegación de Paz de las FARC, publicada por El Espectador el 18 de mayo de 2013. Disponible en: http://www.elespectador.com/noticias/paz/articulo-422756-uribe-nos-despejo-el-valle
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