El Tiempo. el coronel Anstrong Polanía Ducuara, el oficial designado por el Ejército como enlace con la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, que adelanta los casos de los 'falsos positivos', habría filtrado información reservada de esos procesos hacia sus superiores y otras instancias de las Fuerzas Militares.
La Fiscalía investiga una comunicación enviada por Polanía el 4 de febrero del 2013 al entonces Director del Centro de Educación Militar, general Luis Fernando Navarro Jiménez, en la que plantea la urgencia de trasladar a un militar de esa a otra unidad, supuestamente para evitar un escándalo que pudiera poner en riesgo la ayuda que esa escuela castrense recibe de los Estados Unidos.
El caso, que fue denunciado ante la Fiscalía por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, se refiere al uniformado Julio César Mahecha Prieto, quien se convirtió en testigo clave de la investigación contra varios militares por la muerte de cinco personas, entre ellas un menor de edad, que el 5 de agosto del año 2008 fueron reportados como supuestos extorsionistas que perdieron la vida en una operación del Batallón Agustín Codazzi desarrollada en el corregimiento de Rozo, en Palmira.
Las familias de las víctimas, identificadas como Jhonatan Bedoya, Julio Cesar Solís, Óscar Iván Camacho, Edgar Andrés Masuero y José Ramiro Ortega, denunciaron que ellos salieron de sus casas por el ofrecimiento de trabajo que les hicieron dos personas y que luego el Ejército reportó el supuesto combate.
El coronel Polanía, cuyas funciones de enlace eran ubicar a los uniformados que están siendo investigados para facilitar sus capturas, le reportó así al general Navarro: "Hasta la fecha, por amistad con algunos fiscales, continúo haciendo el seguimiento jurídico de algunos procesos importantes de algunos señores generales y oficiales subalternos".
Así, dice la carta del oficial, detectó el caso del soldado Mahecha Prieto: "Pudimos evidenciar que está como testigo protegido por parte de la Fiscalía General de Nación y está declarado en contra de miembros de la Fuerza Pública".
Y agrega: "Se evidenció que pertenecía a la Esdih (Escuela de DD.HH.), situación que, como en ocasiones anteriores, debe seguir un tratamiento especial pues pone en peligro la certificación de la Escuela por parte de los Estados Unidos, ya que esto iba a salir por los medios pues se trata de los casos de los mal llamados 'falsos positivos' ".
La Fiscalía le dijo a EL TIEMPO que el coronel fue enlace del Ejército hasta el año pasado y que en sus funciones "en ningún momento estaba tener acceso a los procesos como tal, pues eso es resorte de los Fiscales de Derechos Humanos".
El abogado Alirio Uribe Muñoz aseguró que "el contenido de la carta sugiere la comisión de varios delitos y la posible participación de funcionarios de la Fiscalía General que estarían violando la reserva sumarial en casos de graves violaciones a los derechos humanos y al DIH".
Muñoz, que presentará denuncia en el despacho del Fiscal General por los delitos de tráfico de influencias y utilización oficial de información privilegiada, agrega que los datos de los procesos estarían siendo utilizados para "incidir de manera favorable en los apoyos que el Gobierno de los Estados Unidos otorga a Colombia a manera de ayuda militar y certificación en derechos humanos".
Consultado por EL TIEMPO, el general Luis Fernando Navarro Jiménez, quien hoy es comandante de la Fuerza de Tarea Omega, aseguró que el soldado Julio César Mahecha Prieto y otro uniformado mencionado por el coronel "efectivamente fueron trasladados".
Sin embargo, aseguró que poco después se reversó dicho traslado.
"Inicialmente no se siguió el conducto regular. Después, de una reconvención verbal que le hice al coronel Polanía, se reversó ese traslado. Era función de la Escuela dejar a los uniformados en la unidad a la que pertenecían", aseguró el general.
Navarro Jiménez también defendió el papel de la Escuela de Derechos Humanos del Ejército y su importancia en la formación de los oficiales en la doctrina de temas relacionados con conflicto y DIH. También agregó que a los uniformados que son testigos de estos casos "no se sacan de su entorno" y son protegidos por esa arma.
REDACCIÓN JUSTICIA
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