Resulta extraño o más bien insensato siquiera pensar que en Colombia haya existido alguna vez democracia; menos aun garantías democráticas.
¿Acaso una democracia se sostiene con mentiras, con torturas, con desaparición forzada, con masacres, con asesinatos selectivos, persecución política, muerte política, delito de opinión o el genocidio de un partido político?
¿Qué tan demócrata es un Estado que no previene, no sanciona, no investiga la permanente amenaza y estigmatización a las madres de cientos de los humildes jóvenes asesinados que luego fueron hechos pasar como bajas en combate, en el mal denominado caso de los “falsos positivos”?
¿Acaso se puede hablar de garantías democráticas para la oposición, cuando todos los días la oposición es amenazada por los paramilitares, que según los informes gubernamentales se decía que todos habían sido desmovilizados? Y sin embargo, estos paramilitares desmovilizados, siguen asesinando, desplazando e incluso promoviendo paros armados en sendas regiones del país.
¿Quién realmente gobierna al país, las tres ramas del poder o los militares?
Y si son los militares los que en la historia de Colombia han torpedeado toda iniciativa de paz, de reconciliación, de construcción de justicia social, ¿podría decirse catalogarse a Colombia como una democracia? ¿O nuestra democracia, ha involucionado o existe una especie de democracia restringida con súper-poderes para los militares?
¿O por el contrario, la democracia más estable del continente es simplemente una marioneta de los negocios de los militares y su defensa con tanques de la democracia? ¿Y si hay paz, estarán de acuerdo los militares con el fin de su lucrativo negocio de la guerra?
¿Quién estuvo detrás de los asesinatos de Jaime Garzón, Jesús Bejarano, Edudardo Umaña Mendoza, Carlos Pizarro, Jaramillo Ossa, Pardo Leal, Luis Carlos Galán ? ¿No estuvieron detrás los militares? ¿La Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, no ha condenado al Estado colombiano por ser connivente por acción y omisión con el paramilitarismo?
El Presidente Santos ha tenido una postura tímida con respecto a los militares y su permanente cuestionamiento del proceso de paz, como puede demostrarse en las permanentes intervenciones del Ministro Pinzón, la punta de lanza del militarismo, quien además de cuestionar los acuerdos alcanzados entre los plenipotenciarios del gobierno y la insurgencia de las FARC, ha dejado entrever tácitamente, el desacuerdo existente entre los militares y el ejecutivo nacional, incluso haciendo alegoría a los años maravillosos de la relación ejército – gobierno, en la época de Uribe.
Las chuzadas a los plenipotenciarios del gobierno confirmaron ese desacuerdo existente, siendo este desacuerdo, inequívocamente una desafortunada señal para la contraparte en la Mesa de paz de La Habana y no solo por la inexistencia de desacuerdo, sino por las implicaciones políticas derivadas de la carencia de unidad y de mando.
También puede entenderse como un boicot la mesa de La Habana, que efectivamente pone en riesgo los acuerdos y la permanencia de la misma. No obstante, las intervenciones o chuzadas son especialmente graves por las fisuras al interior de las fuerzas militares, con autonomía incluso de espiar y filtrar información confidencial del alto gobierno.
El Ejército y la Policía Nacional, tienen la potestad para intervenir las comunicaciones, si y solo sí hay autorización judicial, procedimiento violado por los oficiales de inteligencia del ejército en este caso de chuzadas a los plenipotenciarios en La Habana.
Esta forma de intervenciones y chuzadas, ratifica la existencia de una política de inteligencia controlada por las fuerzas militares, por lo que no se trata de manzanas podridas o de ovejas negras como lo definiera el entonces presidente Alvaro Uribe Vélez. En otras latitudes, el problema se solucionaría declinando aspiraciones y modificándose las estructuras de mando de los ejércitos, por menos se ha recurrido a estas acciones.
En Colombia, no solo no basta con que el Ministro Juan Carlos Pinzón, le explique al país lo acontecido. Tampoco basta con su renuncia, irrevocable e inmediata.
La nefasta política de inteligencia militar, de los tiempos de la guerra fría cuando se decía que para ganar la guerra, se debía quitar el agua al pez, política que condujo a desapariciones, masacres, asesinatos, en síntesis a la agudización del conflicto social y armado, debe cesar definitivamente. Una nueva política de inteligencia sin intervenciones ilegales, aplicando los procedimientos y protocolos convenidos y sin la injerencia de la CIA, son la necesaria condición para la reconciliación nacional.
Pero para que exista democracia, una verdadera y sólida democracia, con participación de todos y todas, urge renovar la estructura de mandos en las fuerzas militares, por oficiales sin manchas en sus hojas de vida. Por oficiales respetuosos de los derechos humanos, formación que comprometa éticamente al oficial y al soldado; que deje de ser el saludo a la bandera como hasta ahora ha sido.
Los colombianos no podemos adaptarnos a esta sociedad, porque como diría Krishnamurti, “No es signo de buena salud el estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma”.
(*) Hernando Hernández Tapasco es Representante a la Cámara por la circunscripción especial indígena, integrante del Movimiento de Unidad Indígena y Popular por Colombia.
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